Halcones y palomas

(Columna de Felipe Vega Terra)

Los vaivenes con respecto a la paritaria nacional docente revelan una división estratégica en el gabinete.

Parecería inexplicable, por otro motivo que no fuera la locura, que un ministro de Educación que en medio de una negociación paritaria anuncia públicamente una propuesta de acuerdo unánime con los sindicatos, decidiera retractarse y retirar esa propuesta llevando a su Gobierno a las puertas de un conflicto político nacional. Sin embargo, es la situación en la que se encuentra hoy la paritaria nacional docente que comanda el ministro de Educación del Gobierno de Mauricio Macri, Esteban Bullrich.

Bullrich es casi un miembro fundador del PRO y se convirtió en un hombre de confianza del Macri, en gran parte, por la tarea que asumió en 2009 cuando se hizo cargo de la cartera educativa porteña en el medio de una crisis en el sector educativo de gran importancia. Precisamente desde allí Bullrich consiguió estabilizar una de las áreas más conflictivas en la Ciudad, mostrando sus dotes de negociador tanto frente a conflictos estudiantiles como en su relación con los sindicatos docentes, lo que le permitió acordar sistemáticamente pautas salariales que garantizaran el inicio de clases así como avanzar en una agenda de reformas del sector.

En función de ese CV, sería prudente descartar las explicaciones psiquiátricas y abordar, en cambio, una explicación que nos permite observar los problemas de coordinación tanto en el gabinete de Macri como en la coordinación multinivel de su fuerza política.

Ante todo, es necesario aclarar qué es específicamente lo que se está negociando en esta paritaria: la paritaria nacional docente se instituye a partir de la Ley de Financiamiento Educativo y, desde el punto de vista salarial, discute exclusivamente el piso nacional para el salario inicial de un cargo testigo (maestro de grado de jornada simple que recién se inicia en la actividad docente). Sin embargo, la complejidad es alta ya que este acuerdo lo realiza un Ministerio de Educación nacional que no posee la gestión de los sistemas educativos (provincializados totalmente a partir de las reformas de la década del ‘90) y es el piso sobre el cual deben negociar y discutir luego el conjunto de los escalafones salariales cada una de las 24 provincias. Por tanto, es un salario testigo que es cobrado solamente por, aproximadamente, 140.000 docentes en el país y que a las arcas nacionales le representa un gasto razonable: solamente aporta masa salarial a las provincias del llamado Fondo Compensador Docente y una suma fija para todos los docentes denominado Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID). La propuesta realizada por el ministro consistió en un aumento en dos tramos: el primero a partir de febrero, que llevaba el salario docente de $6.060 a $7.300 (un aumento del 28,7%) y el segundo a partir de julio, a $8.500 (que representaba otro aumento del 11,5%) lo que nos da un global del 40,2%, una cifra que contentaba a todos los sindicatos y permitía un acuerdo unánime. Así las cosas, nos queda intentar dilucidar el porqué de la imprudente marcha atrás del ministro.

Es imposible suponer que Bullrich no había discutido con Macri o con su jefe de Gabinete la pauta salarial que iban a ofrecer, así como tampoco es posible que no hubiesen tenido en cuenta el impacto fiscal de la misma. De hecho la presentación pública del ministro obviaba absoluta y deliberadamente el porcentual total del aumento, y la propuesta incluía disfrazar el mismo integrándolo con un aumento nominal del salario de aproximadamente 26% y completando el resto con una suma fija que podía ser un aumento del FONID o la inclusión de un nuevo ítem. Este esquema da cuenta de que la preocupación en torno al efecto político del aumento había sido debidamente considerada y estudiada para no impactar de lleno en la política oficial de moderar los aumentos salariales del sector privado.

Lo que es central analizar es que, en realidad, el impacto fiscal verdaderamente importante para el Gobierno Nacional no reside en la paritaria nacional sino en la paritaria de la provincia de Buenos Aires. Allí el nivel de déficit fiscal y un problema estructural de financiamiento de las arcas públicas ha hecho imposible que el Gobierno provincial pueda afrontar los aumentos salariales del sector docente por sí sólo desde que, en 2007, los porcentuales de aumento comenzaron a estar acompañados de una creciente inflación. Este problema se hizo público y notorio cuando a partir del 2012 la gestión del entonces gobernador Daniel Scioli sufrió un recorte sistemático de las transferencias discrecionales del Gobierno de Cristina Fernández y debió afrontar conflictos sistemáticos con el sector docente. En el 2013, el Gobierno de Scioli sólo recibió como ayuda nacional la autorización de emitir una letra de endeudamiento internacional para afrontar el pago de los salarios docentes y en el año el Gobierno Nacional decidió girar los fondos necesarios sólo después de un paro docente de diecisiete días.

Lo que verdaderamente complicó al ministro Bullrich fue la consternación de la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, frente a la propuesta nacional: con un paritaria muy compleja por el nivel de atraso de los salarios docentes bonaerense, con interlocutores sindicales fuertes y combativos y con una masa de trabajadores cuantiosa (aproximadamente 350.000 docentes) un pauta de aumento de ese nivel hacía muy difícil encarar un acuerdo que se ubicara por debajo del 33-35%, lo que es simplemente impagable por las arcas provinciales y hubiera requerido un aporte superlativo del Gobierno Nacional.

Es en este punto en el que el gabinete del Presidente se encuentra tensionado hoy: frente a los que pregonan por la aplicación de una política más moderada que contemple cierto gradualismo y que evite un recorte frontal del déficit fiscal en base al financiamiento externo nos encontramos con un sector que propone un recorte liso y llano del déficit fiscal, una disminución brusca de los niveles de emisión y una moderación de los aumentos salariales con el fin de regular los niveles de inflación drásticamente con la expectativa de recuperar la senda de crecimiento en 2017. Así las cosas, la propuesta del ministro Bullrich se convertía en una clara definición en favor de los moderados del gabinete y en un golpe importante para los que pregonan una política más dura: la aparición de Vidal entre los perjudicados de ese acuerdo inclinó la balanza definitivamente hacia los halcones del gabinete.

Vidal es la joya de la corona del triunfo que Macri obtuvo en 2015 por ser el golpe de gracia contra el peronismo en general, y contra su facción kirchnerista en particular. La suerte de la gestión de la gobernadora y de la imagen que logre construir será central para afrontar la elección de medio término de 2017 en la provincia de Buenos Aires y esa batalla determinará, en buena medida, cómo podrá gobernar Macri en sus últimos dos años de mandato y qué posibilidades tendrá de anotarse una reelección que consolide la anomalía del 2015 y vuelva a instalar en el elenco estable de la política nacional una opción no peronista competitiva.

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