¿Una reforma para una nueva percepción?

(Columna de Carlos Varetto)

La reforma política propuesta no parece buscar cambios en áreas neurálgicas del sistema político, sino alimentar un cambio de percepción: la idea de que el sistema electoral es más moderno.

Un nuevo gobierno asume y se propone una reforma política. Esta es una imagen habitual antes que extraña de la política argentina. El gobierno de Alfonsín creó el Consejo para la Consolidación de la Democracia; el de Menem la Subsecretaría de Reforma Política del Ministerio del Interior; De la Rúa incluyó la idea de reforma en su agenda desde su asunción; Duhalde, en su breve mandato, realizó y suspendió varias reformas. Finalmente, el kirchnerismo implementó otras tantas.  No sorprende entonces que  el gobierno de Cambiemos incluya la reforma política en su agenda.

Desde el regreso a la democracia, tanto desde la política como desde la academia, se problematizó sobre la “representatividad” e institucionalización de los partidos políticos, el uso de la “lista sábana” -en tanto despersonaliza la representación-, la aplicación del voto indirecto y la junta de electores (colegio electoral), la fórmula para distribuir bancas, las formas y regulación de financiamiento partidario, la reglamentación de las alianzas partidarias, la desproporcionalidad territorial, la territorialización o desnacionalización de la política partidaria, la equidad de género y hasta el formato del sistema presidencialista.

Las propuestas fueron muchas y se fueron realizando sucesivas reformas que tomaron nota de alguno de estos aspectos. Algunas implicaron cambios más profundos que otras. En 1991 se sancionó la ley de cupo femenino; la reforma constitucional del 94 eliminó el colegio electoral para elegir presidente, incorporó un nuevo senador por provincia e instauró el voto directo para todos los cargos electivos nacionales; el Kirchnerismo sancionó la reforma política de 2009 que incluyó mayores costos para el sostenimiento de partidos, las PASO y la Ley de financiamiento de los partidos políticos y las campañas electorales y también sancionó la ley de voto joven.

El gobierno de Macri, tiene en la mira un objetivo irrenunciable: la Boleta Única (BU), en lo posible electrónica. Todo indica además que cuenta con cierto consenso alrededor de ese punto. No parece así respecto a otras iniciativas como el freno a la re-elección indefinida o la creación de un organismo electoral por fuera del poder ejecutivo- la modificación de la actual Dirección Nacional Electoral. Un acuerdo posible parece existir entre consensuar un esquema de calendarios electorales provinciales y nacionales más ordenados.

La BU tiene como ventaja que disminuye la participación partidaria en la organización de las elecciones tendiendo a igualar las posibilidades de distribución de las boletas. No obstante, no elimina la necesidad de fiscalización partidaria, incrementa la posibilidad de volatilidad intra-partidaria y finalmente no es inmune a los problemas vinculados a la fragmentación del sistema partidario. Revisemos cada uno de estos aspectos.

La BU no elimina la fiscalización ya que si bien las boletas las distribuye el estado, cada partido precisa de un fiscal que entre otras cuestiones, revise actos de apertura y cierre de escrutinio y la potencial ocurrencia de irregularidades tanto en los sitios de votación como en el centro de procesamiento de datos. La BU incrementaría la volatilidad intra-partidaria, ya que facilita la separación de categorías, lo que habitualmente se llama “corte de boletas” mermando la capacidad de los sellos partidarios para orientar al votante. Por último, la BU no es inmune a los problemas de coordinación partidaria, en especial de los que se manifiestan en la multiplicación de partidos: una boleta única papel o electrónica encontrarían un desafío en instrumentarse de modo óptimo o parsimonioso  si por ejemplo deben presentar 15 listas de candidatos.

En lo relativo al calendario, que sería antes un acuerdo político que un ítem de la reforma política, los efectos tenderían a ser escasos. En primer lugar, si tal como se menciona a través de los medios, establece una fecha de elecciones provinciales diferenciada de las nacionales no hará más que ratificar el escenario de desdoblamiento mayormente imperante, como lo han mostrado Clerici y Cruz en la edición 136 del Estadista.

Por otra parte, genera intereses contrarios a disminuir la territorialización partidaria sino que la preserva. Más bien, lo que permite es que el sistema partidario argentino funcione –como de algún modo ya lo hace- en dos ejes: uno provincial y otro estrictamente nacional. Esto tendería a favorecer a las fuerzas que están debilitadas en algunos de estos planos y desfavorecer las fuerzas que poseen algún éxito en la coordinación vertical, es decir entre los niveles provincial y nacional. En el primer caso encontramos al propio PRO  –exitoso a nivel nacional, pero al momento poco arraigado en los territorios provinciales- y la UCR- con anclaje en la mayor parte del territorio y con éxitos en gobernaciones e intendencias pero sin proyección nacional. El Frente Renovador podría considerarse un caso similar al PRO. En el segundo grupo, se destaca el peronismo que posee tanto anclaje territorial como liderazgos nacionales relevantes. Es posible al incluir al Frente de Izquierda de los trabajadores en esta categoría.

Finalmente, el elector posiblemente no note la disminución de la cantidad de elecciones que se utiliza como argumento, pues si bien es probable que disminuyan la cantidad de domingos con elecciones en el calendario –problema que pretende resolver la reforma explícitamente- cada elector asistiría a la misma cantidad de comicios que en la última elección. Es decir, un habitante de la CABA deberá votar entre 4 y 6 veces (PASO y General locales y nacionales, y cuando se juegan cargos ejecutivos en las posibles segundas vueltas). La única diferencia es que sus pares de otros distritos también estarían votando ese día. Por otro lado, en las diferentes provincias se puede sumar uno o más días de desdoblamiento por elecciones municipales.

Hasta ahora, todo indica que no se incluirán ninguno de los grandes temas pendientes. No parece que se vaya a revisar la sobre y/o sub representación territorial de los distritos menos poblados. No se incluyó en la discusión de la paridad de género. Tampoco iniciativas que apoyen el fortalecimiento de los partidos políticos, ya sea su institucionalización o su nacionalización. Más bien, sus cláusulas tienen a facilitar el actual estado de cosas.

En este marco, la reforma política propuesta no parece buscar cambios en áreas neurálgicas del sistema político, sino alimentar un cambio de percepción: la idea de que el sistema electoral es más moderno.

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