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Las claves de la reforma

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04 febrero de 2016

(Columna de Marcelo Leiras)

La idea general del Gobierno es buena, pero aún resta conocer los detalles del diseño y la implementación.

El Gobierno, según los diarios, piensa reemplazar las boletas como instrumentos de votación, uniformar los calendarios electorales provinciales y separar la administración de las elecciones de la estructura central del Poder Ejecutivo Nacional. Son buenas ideas generales. Para evaluar sus efectos potenciales hay que conocer los detalles del diseño y de la implementación. Independientemente de ellos, la propuesta omite problemas importantes.

Para decidir reemplazar el sistema de boletas y sobres basta reconocer que no asegura que todas las opciones estén todo el tiempo disponibles en todas las mesas. Algunos creen que tiene otros defectos. El que menciono es el más importante y el que más se parece a un problema de verdad en lugar de a una chicana de escrutinio. Es fácil estar de acuerdo con este reemplazo, pero es difícil elegir una alternativa.

Se las podría reemplazar con boletas únicas en papel o con algún sistema electrónico de votación. Con boletas únicas todos los votantes tienen toda la información pero los partidos siguen necesitando fiscales para vigilar los escrutinios y las actas pueden tener errores. Con los sistemas electrónicos, la acción del votante se registra automáticamente en una base de datos. Se reduce los errores y se acelera los recuentos. Pero hay un problema, creo, muy importante. El paso entre la acción del votante y el registro en la base lo hace un programa. El programa lo diseña gente. Muy pocos tienen los conocimientos necesarios para evaluar lo que hace esa gente. Este criterio llevó, por ejemplo, a la Corte Constitucional alemana a suspender la adopción de un sistema electrónico de votación. Es un argumento fuerte para adoptar algún sistema de boleta única en papel.

Asegurar que toda la información esté disponible, sea en una boleta única o en una pantalla, no resuelve el problema de cómo se presenta esa información. Se puede usar una misma boleta para todos los tipos de cargos o varias, ordenar los tipos de cargos y los partidos de distinto modo, permitir fotos de personas o no, algunos nombres más grandes o todos iguales. Las variantes son muchísimas. Sabemos que todas ellas tienen un efecto potencial sobre los resultados pero no tenemos certeza sobre la magnitud de todos esos efectos. Aún cuando la tuviéramos, decidir si es bueno o malo incentivar lo que hoy llamamos “corte de boleta,” determinar si la opción de votar en blanco debería ser sencilla, privilegiar los cargos provinciales o los nacionales en caso en que se vote el mismo día darán lugar a discusiones mucho más complicadas que el reemplazo de las boletas con sobres. Todas estas discusiones no deben perder de vista un criterio: la información que se ofrece en el cuarto oscuro debe ser clara para todos.

Hay un límite a la inteligibilidad de la información electoral que es político, y no tecnológico. Deriva de la frecuencia con la que los partidos argentinos hacen alianzas cruzadas, presentan listas colectoras, acoples, lemas y otras variantes raras que esconden una variedad inabarcable de listas ignotas atrás de candidaturas de gente conocida. De este modo, confunden a los votantes y hacen muy difícil ganarle a quienes se benefician de estos arrastres truchos. Podemos votar con instrumentos más prolijos, reducir el error en los escrutinios, conocer con rapidez los resultados y movilizar menos fiscales pero si no entendemos qué estamos votando vamos a seguir votando mal, decidiendo con información confusa y expresándola con sistemas poco confiables aunque parezcan modernos. Si la reforma no se ocupa de regular la formación de alianzas los avances que se produzcan serán de forma y, a la larga, decepcionantes.

El calendario electoral 2015 fue muy disperso y muy extenso. No está claro si estos son problemas. Soy de la quinta que vio el Mundial '78, y no creo que sea un problema votar seguido. Tampoco creo que la competencia electoral extendida distraiga a los funcionarios y los partidos: (por suerte) pensarían todo el tiempo en elecciones aunque todos los cargos se definieran en un solo día. Una de las propuestas que circula es votar cargos nacionales y provinciales el mismo día en todas las provincias. Si así ocurriera es más probable que haya congruencia en los resultados: le va bien a los aliados del Gobierno Nacional cuando éste es popular y bien a los de la oposición cuando no. Si las elecciones se hacen en fechas separadas es más sencillo que los votantes juzguen a cada tipo de gobierno por separado. Esto favorece a los oficialismos provinciales con alta popularidad pero enfrentados a un Gobierno Nacional fuerte. Los argumentos para hacer coincidir las elecciones nacionales con las provinciales no son concluyentes.

Una cuestión distinta es si todas las provincias tienen que elegir sus cargos el mismo día. Es lo que ocurre en Brasil y en México. Hace menos probable que los resultados de una provincia incidan sobre las de otra: uno no sabe qué votaron los vecinos. También puede facilitar la coordinación interprovincial y generar alguna economía de escala en la organización de las campañas. Estos atributos pueden contribuir a moderar las tendencias centrífugas del sistema de partidos argentino. Un calendario uniforme tiene estas ventajas pero sería difícil de adoptar porque conspira contra el uso oportunista de las fechas de elección, una herramienta a la que muchos gobernadores no querrán renunciar. La ventaja de un calendario único es indirecta: no la uniformidad per se sino la previsibilidad derivada de la adopción de una fecha que los gobiernos provinciales no pueden cambiar. Esto es lo importante, que los calendarios sean previsibles para los candidatos y para los votantes.

El proceso de una eventual reforma importa tanto como sus resultados. Se ha propuesto consultar a autoridades provinciales, legisladores y especialistas. Será especialmente relevante la intervención de los funcionarios ejecutivos y judiciales con experiencia en la implementación de reformas previas. Y sería oportuno que los aportes de cada uno de estos públicos no se traten por separado y que miembros de estas comunidades compartan los debates. El stock de conocimiento especializado y de experiencia burocrática sobre el tema es abundante y de alta calidad. No hay ningún motivo para que el debate político y en los medios no esté a la altura de las mejores contribuciones en cada uno de estos ámbitos.

Las consultas que ha iniciado el Ejecutivo son auspiciosas. El proyecto oficial se enriquecerá incorporando visiones de muchos sectores. Pero esta es una tarea preparatoria. El ámbito de elaboración política de la reforma debe ser y, si la reforma va a producir algo realmente relevante seguramente será, el Congreso de la Nación.

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