(Columna de Alejandro Tullio)
Los ciudadanos deben ser informados de la situación real de nuestro panorama electoral, de los proyectos y debates y de las reformas que finalmente se adopten.
Oportuna. Esa es la palabra que, como primera impresión, debo decir respecto de la convocatoria del Gobierno para una reforma política y electoral. Debe comenzar pronto porque no se debe hacer a las apuradas.
La materia electoral es compleja y delicada. Impacta sobre la totalidad de los ciudadanos, los que tienen opinión formada sobre estas cuestiones pero asociando hechos, noticias e impresiones que se formaron en diversas elecciones, administradas por distintos órganos y bajo distintas normas. Hay que tener presente que en nuestro país coexisten veinticinco sistemas jurídicos y autoridades electorales diferenciados sin contar los sistemas de Carta Orgánica Municipal, pero un solo cuerpo electoral compuesto por todos los electores.
El vecino de Viedma, por ejemplo, votó en 2015 en las elecciones municipales organizadas por la Junta Electoral Municipal; en las elecciones de gobernador y legisladores provinciales bajo la autoridad del Tribunal Electoral Provincial y en las elecciones nacionales controladas por la Justicia Federal. Tres normas distintas, tres autoridades distintas y tres candidaturas distintas, pero el mismo ciudadano. Eso se repitió en gran parte del país.
Por esta circunstancia, el común denominador de la cuestión electoral no es el Estado, como en otras materias, sino el ciudadano, y es a sus impresiones y expectativas a las que hay que dar respuesta.
Ello nos enfrenta con límites a la capacidad federal (del Gobierno, del Congreso o la Justicia) de dar respuestas, especialmente después de un año en que la mayoría de los conflictos, reales o no, fueron invocados en elecciones provinciales en los que las autoridades federales no tienen participación.
Por ello, comenzar con los ministros de Gobierno de las provincias y la Ciudad es un buen inicio, ya que si a nivel de coordinación interjurisdiccional no se alcanza un acuerdo de mínimos no habrá reforma exitosa desde una mirada ciudadana. Si las provincias no promueven sus respectivas reformas acordando con las autoridades federales respuestas integrales ?sin renunciar a su capacidad de autogobierno electoral? que contemplen elecciones nacionales y provinciales, la oportunidad se dirige al fracaso. No al fracaso del Gobierno actual sino al de los argentinos.
Habrá resistencias y entusiasmos. Unas y otros pueden ser igual de irresponsables si no se tiene conciencia de que esta instancia requiere grandeza y generosidad. Y una alta dosis de conocimientos y experiencia de quienes participen en la deliberación y decisión de cada aspecto de estos importantes cambios que son necesarios.
Respecto de sus contenidos deberían abarcar desde la revisión de las últimas reformas implementadas hasta las respuestas a los reclamos que se dieron en las elecciones nacionales y provinciales realizadas en el 2015.
Revisión de lo actuado porque si bien considero que las más importantes han sido razonablemente exitosas, ello no impide su examen riguroso ya que a esta altura sabemos que, alguno de sus objetivos ?como la racionalización del sistema de partidos? no podrán ser alcanzados por los mecanismos legislados.
Las respuestas a los problemas deben ser precedidos de una etapa de diagnóstico y diferenciación de los mismos y para ello se debe contar con elementos objetivos de medición. Los informes de Análisis Operativo y Encuestas realizadas en las elecciones nacionales de 2011, 2013 y 2015 a instancias de la Dirección Nacional Electoral, los Cuadernos Electorales del Observatorio Electoral Argentino de CIPPEC, las encuestas de desempeño de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires sobre la Boleta Unica Electrónica y las de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina sobre el Recuento Provisional de Resultados en 2015 son insumos que, sin reflejar la totalidad, dan cuenta de datos objetivos respecto de aspectos clave de los procesos electorales.
Sistema de partidos, sistemas electorales, primarias, financiamiento, organización, control y jurisdicción electorales, coordinación y cooperación interjurisdiccional, capacitación e información cívica y forma de emisión del voto son factores que integran una ecuación y cuyo orden altera el producto. Ignorar, sobre o subestimar un aspecto, o alterar la secuencia de su tratamiento influye en la viabilidad de los otros y en el resultado final.
Con habilidad, el Gobierno no ha entrado a discutir la letra chica ?la que vale? de las propuestas. Es un camino que debe ser validado en cada etapa. Sin embargo, no se puede soslayar la voluntad presidencial que el Presidente ha manifestado respecto de la intención de trasladar a la órbita federal la forma de emisión del voto utilizada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en Salta y en zonas de Chaco, Córdoba, Neuquén y San Luis.
Si bien requiere de reformas previas de ciertos aspectos, es una apuesta importante y un proyecto viable, siempre que se tenga en mira la experiencia comparada ?jalonada de fracasos y éxitos?. Esto es, normatividad adecuada, administración y control estatal, y progresividad en su implementación.
Los ciudadanos deben ser informados de la situación real de nuestro panorama electoral, de los proyectos y debates y de las reformas que finalmente se adopten: no debemos olvidar especialmente en este tema que los gobiernos son el fruto de las elecciones, y los procedimientos el tronco y las ramas que transmiten la sabia vital de la democracia, pero en sus raíces está la voluntad popular que legitima sus mandatos.
