¿Cambio de ciclo en la región?

(Columna de Tomás Múgica)

Los triunfos del MUD y Cambiemos, más que un fin de ciclo, constituyen novedades dentro de un panorama regional más complejo.

Las elecciones legislativas celebradas en Venezuela el 6 de diciembre marcan el fin del chavismo tal como lo conocimos. Por primera vez desde 2000, la fuerza política formada por Hugo Chávez, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), estará en minoría en la Asamblea Nacional y, más en general, el oficialismo enfrentará límites institucionales considerables a su poder.

El triunfo de la Mesa de Unidad Democrática (MUD), una heterogénea coalición que agrupa a los partidos de oposición al chavismo –Primero Justicia–, del ex candidato presidencial Henrique Capriles; Voluntad Popular, del líder encarcelado Leopoldo López; los tradicionales COPEI y Acción Democrática, y formaciones más recientes como Un Nuevo Tiempo (UNT) y la Alianza Bravo Pueblo (ABP)– ha sido contundente. El oficialismo, que contaba con una sólida mayoría en la Asamblea Nacional, a partir de enero quedará claramente en minoría: la MUD tendrá 112 diputados contra 55 del PSUV. Esa cifra le otorga a la oposición el manejo de un conjunto muy significativo de palancas institucionales: además de designar las autoridades de la Asamblea, tendrá facultades para designar o remover autoridades del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y del Consejo Nacional Electoral (CNE), aprobar votos de censura del vicepresidente y los ministros y convocar a referendos aprobatorios de los proyectos de ley y los tratados internacionales. Pero sobre todo el triunfo opositor abre las puertas a la convocatoria de un referéndum revocatorio de la presidencia de Nicolás Maduro, que podrá realizarse a partir de la segunda mitad del 2016, una vez transcurrido más de la mitad del mandato presidencial.

Las razones de la derrota parecen claras. Tras dieciséis de años del chavismo en el poder, el Gobierno de Maduro ha pagado el precio de un creciente desgaste, producto especialmente del descalabro económico. La caída de los precios internacionales del petróleo, que representa aproximadamente 98% de las exportaciones, sumada a un pobre manejo macroeconómico, han afectado severamente a la economía venezolana. Según cálculos de la CEPAL, este año el PIB caerá 6,7%. En cuanto a la inflación, el Gobierno no publica cifras oficiales, pero las estimaciones del FMI rondan el 160%. Con respecto al desempleo, el Gobierno afirma que es de sólo el 6,7%, lo cual contrasta con la cifra proporcionada por el Frente Autónomo del Salario, del Empleo y el Sindicato, que lo sitúa en 14%. A este cuadro económico se suma la escasez de productos básicos y una creciente inseguridad urbana. Los resultados electorales son una respuesta a esta realidad, más que una afirmación de las virtudes de la coalición opositora.

SUDAMERICA: ¿FIN DE CICLO?

Ciertamente, la derrota del Gobierno chavista marca un cambio de ciclo político en Venezuela. En concreto, el Gobierno se ve obligado a compartir el poder y la elección de un presidente opositor para suceder a Maduro parece una posibilidad muy real. Diversos analistas suman el triunfo de Mauricio Macri en Argentina y un eventual juicio político a Dilma en Brasil para señalar, también, el comienzo de un nuevo ciclo político en la región, tras quince años de predominio de gobiernos populistas, según algunas versiones o de centroizquierda, según otras versiones.

El problema con el concepto de fin de ciclo es que presupone una homogeneidad inexistente en las orientaciones políticas y económicas de los gobiernos de la región. Para analizar la diversidad de esas orientaciones resulta útil comprender cómo se posicionan los gobiernos sudamericanos en tres aspectos: a) preferencia por políticas ortodoxas o heterodoxas en materia macroeconómica; b) mayor o menor cercanía con el modelo de democracia liberal –es decir, de Gobierno limitado, con mecanismos fuertes de control horizontal– a nivel político, y c) políticas sociales. Esos posicionamientos se combinan en diversos “modelos”. Sobre la base de estas consideraciones, necesariamente esquemáticas, señalamos cinco puntos para la reflexión, acotados a Sudamérica.

En primer lugar, durante la década y media de supuesto dominio de los gobiernos progresistas, varios países de la región han elegido gobiernos con una clara identidad de centroderecha, como el de Sebastián Piñera (2010-2014) en Chile, las administraciones de Alvaro Uribe (2002-2010) y Juan M. Santos (2010-presente) en Colombia e inclusive el de Alan García (2006-2011) en Perú.

Segundo, esas administraciones de centroderecha muestran importantes diferencias entre sí. Mientras que todas han compartido una preferencia por la ortodoxia en materia económica, no todas han tenido la misma visión política. El Gobierno de Uribe en Colombia constituye una excepción significativa: su Presidencia mostró importantes tendencias iliberales, como su intento, finalmente frustrado, de forzar un tercer término consecutivo (tras una primera reforma de la Constitución, en 2005, que le había concedido una primera posibilidad de reelección).

Tercero, bajo el rótulo de gobiernos progresistas o de centroizquierda, se suele incluir a proyectos políticos que guardan considerables diferencias entre sí. En el plano político, podemos encontrar gobiernos socialdemócratas, como los de la Concertación en Chile, el Frente Amplio en Uruguay y el PT en Brasil, que adhieren al ideario del liberalismo político y gobiernos que han tendido a concentrar poder en la Presidencia y debilitar los controles horizontales, como Rafael Correa, en Ecuador, Evo Morales en Bolivia y, en menor medida, el kirchnerismo en Argentina.

Cuarto, en el terreno económico, mientras que los gobiernos que llamamos socialdemócratas muestran pautas de manejo macroeconómico cercanas a la ortodoxia, lo mismo sucede con los gobiernos “bolivarianos” de Bolivia y Ecuador que, por ejemplo, se esfuerzan por controlar la inflación y el gasto público. En contraste, Venezuela y Argentina de manera creciente a partir de 2011, han optado por recetas heterodoxas, con un creciente número de controles estatales sobre la economía, fuerte incremento del gasto público y un régimen de alta inflación.

Quinto, existe una tendencia general en la región, que abarca a gobiernos de diversas orientaciones, a políticas sociales más inclusivas. En ese sentido, representantes de la centroderecha regional, como Macri, Piñera o los líderes de la MUD muestran coincidencias en cuanto a no cuestionar las políticas sociales implementadas por el FpV, la Concertación chilena y el chavismo, sino que las incorporan como parte de su programa.

En suma, los triunfos de la oposición venezolana y Cambiemos, más que un fin de ciclo, constituyen novedades significativas dentro de un panorama regional más complejo y matizado de lo que se suele suponer.

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