La Corte Suprema que viene

(Columna de Lucas Arrimada)

Las designaciones que deben hacerse en el Tribunal deberán ser fruto del consenso en el marco de un gobierno dividido.

El triunfo de Mauricio Macri generó un escenario novedoso para todo el sistema político y judicial. Hay alternancia y gobierno dividido. Alternancia después de doce años de gobierno de una fuerza política. Gobierno dividido de un futuro presidencialismo sin mayorías legislativas, débil para algunos, equilibrado para otros, y con una clara obligación institucional de negociar y consensuar con las fuerzas opositoras, formadas por adversarios del massismo, kirchnerismo y justicialismo en reconstrucción, para garantizar gobernabilidad. Por otro lado, en la esfera del extraño mundo judicial, el balotaje resolvió las incertidumbres sobre el futuro institucional de la Corte Suprema, su reforma y/o designación de las vacantes pendientes. En lo respectivo al sistema federal, siempre rezagado, hay una buena noticia. La ciudad de Buenos Aires podrá migrar lo pertinente a la policía y la Justicia Nacional al ámbito de la ciudad de Buenos Aires como establece el artículo 129 de la Constitución Nacional y el presidencialismo nacional perderá poder sobre el Poder Judicial Nacional. Tanto las fuerzas de seguridad como el Poder Judicial se resistirán o pondrán sus condiciones pero esta es la coyuntura más propicia para finalmente cumplir el mandato constitucional con la alineación política entre el Gobierno de la ciudad y el Gobierno Nacional.

LA CORTE SUPREMA Y EL GOBIERNO DIVIDIDO

La Corte es un espacio político central para el futuro Gobierno. Habrá muchos aspectos de un presidencialismo con gobierno dividido en una coyuntura económica adversa que la hacen una colaboradora fundamental de las políticas públicas del gobierno de Macri y una eventual moderadora de la institucionalidad republicana.

Como lo demuestran todos los gobiernos constitucionales de los últimos treinta y dos años, la Corte que forme el nuevo Gobierno entrará en una nueva primavera, larga o corta no sabremos, con la nueva administración. Corte y Ejecutivo serán socios con intereses recíprocos. Rául Alfonsín y Carlos Menem formaron sus cortes. Fernando De la Rúa jugó a una continuidad diplomática y la Corte siempre lo acompañó, incluso en el sostenimiento de las medidas más impopulares como el recorte a los empleados públicos (Fallo Guida:2000) y el corralito bancario (Fallo Kiper:2001). Néstor Kirchner formó la Corte de Ricardo Lorenzetti –en definitiva, la Corte de la década ganada y la Corte de los Kirchner– y esa sociedad funcionó hasta el conflicto del campo como un pacto casi perfecto,con sus errores puntuales pero con beneficios que todavía hoy son capitalizados tanto por el Gobierno como por la Corte. La Corte entrará en una proceso de hibernación republicana y bajará el perfil con el fin del kirchnerismo, en definitiva, su padre (re)fundador y ex socio en la gobernabilidad poscrisis.

En esta nueva coyuntura, la Corte puede recibir aire fresco y revitalizado. Habrá algunas sentencias, como las hubo en el último tramo de campaña electoral, que la harán protagonista tanto en un perfil progresista como en un perfil colaborador del futuro Gobierno. Sin embargo, la nueva situación institucional y económica no presentan escenarios tan prometedores para la Corte como en el pasado.

El futuro de la Corte de Macri también pasa por Córdoba. Juan Carlos Maqueda puede ser el nuevo gran armador de la relación institucional Ejecutivo-Corte como lo fue en los tiempos de Néstor Kirchner. El gobierno de Cristina Kirchner lo forzó a replegarse todavía más en las sombras de la oposición, expresar sus estrategias a través de otros y hablar únicamente a través de sus sentencias. Su invisibilidad en la política judicial y la seriedad de su trabajo constitucional durante estos años lo hacen, quizás, el más hábil juez de la Corte de la actual coyuntura institucional.

Con la nueva situación la disputa por las designaciones en la Corte se abre en el frente Cambiemos. La situación de gobierno dividido con mayorías opositoras en Diputados y en el Senado sugiere que se intentarán construir pactos de gobernabilidad y consensos forzados. Eso fomenta que los candidatos sean parte de un consenso más diplomático, lejos de la polarización discursiva y la fricción electoralista de ayer.

Todo hace pensar que los futuros candidatos a la Corte deberían tener, al menos, dos características. Primero, deberían ser parte de un consenso entre varias fuerzas políticas entre oficialismo y oposición. Esto cierra puertas a varios soldados irracionales que tuvo tanto el kirchnerismo como el macrismo en el juego de fricciones autodestructivas. Segundo, la Corte es el lugar de la moderación de los discursos legales y el perfume de la solemnidad. Las/os candidatos deben aparentar estar más allá de la grieta. Más en una situación institucional divisiva como la que se proyecta. Y mucho más sí el frente Cambiemos quieren expandir sus posibilidades de gobierno y comienza a pensar en el 2019.

Los perfiles militantes y confrontativos en cargos judiciales son tan raros como evidentemente desaconsejables. Más allá de los acuerdos y enfrentamientos, los zig-zags entre Lorenzetti y el Gobierno, lo que resulta difícil de sostener es la hostilidad institucional en el marco de un gobierno de legitimidad dual.

El perfil extremo del Ejecutivo Nacional fue muy parecido al propio del Presidente de la Corte. Todo indica que el fin de ciclo recomienda bajar también su intensidad y también, quizás, se procure buscar una alternancia, reduciéndose los personalismos. Las formas tan importantes como el fondo. Acción y comunicación son una sola cosa en la política moderna. El perfil de conciliación entre oficialismo y oposición podría ser una rejuvenecida versión de la dupla Ricardo Gil Lavedra y León Arslanian, políticos pero también judiciales, buenos formadores de equipos, pero sin estudios jurídicos litigando en el fuero judicial, especialmente en la propia Corte. Sin duda, un perfil federal y una mujer serían igualmente necesarios, bien venidos y constitucionalmente recomendablo.

Elegir figuras representativas de la etapa anterior, tanto del kirchnerismo o del antikirchnerismo visceral, puede ser un error que obture los acuerdos. Consensuar figuras con bajo perfil y nula participación política o mediática sería tácticamente útil para conseguir los consensos en un Senado expectante.

Todo esto no impide que se proponga una ampliación de los miembros del Máximo Tribunal y así aumentar los cargos del acuerdo político buscando un nuevo pacto refundador para la Corte. Ese escenario sería más costoso y mucho más engorroso para los acuerdos y audiencias en el Senado. Se avecinan tiempos en los que lo económico parece condicionar lo institucional. Puede ser costoso, en tiempo y exposición, pero no por eso improbable.

Más allá de todo, la Corte deberá negociar ya no con un oficialismo hegemónico sino con diversas fuerzas políticas transversales, con el Ejecutivo y en el Legislativo, un futuro institucional entre viejos amigos y nuevos adversarios, entre cambios y continuidades.

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