Cuatro años para reconfigurar la geografía electoral

(Columna de Carlos Gervasoni)

Asumimos que el PJ gana básicamente allí donde hay pobreza y/o “tradición peronista”. Hay algo de eso, pero cada vez menos. Tomemos los datos del balotaje: Daniel Scioli arrasó en Formosa y Santiago del Estero, pero no en Jujuy, y le fue muy bien en las provincias patagónicas, que están entre las más desarrolladas y menos identificadas con el PJ.

Otros dos factores explican mejor la geografía electoral de esta elección presidencial (y la de las de 2007 y 2011): la dependencia fiscal (algo correlacionada con la pobreza) y el alineamiento nacional de los gobernadores (que en alguna medida es función de la dependencia fiscal). El kirchnerismo viene logrando grandes triunfos en las provincias donde a) gobiernos y ciudadanos viven en buena medida de las transferencias federales y, b) donde el gobernador está aliado con el Gobierno Nacional (por ejemplo, Formosa, Santiago del Estero y Tierra del Fuego). Allí donde hay poca dependencia fiscal (Buenos Aires o Mendoza), gobernadores críticos (San Luis), o ambas cosas (Córdoba y CABA), el FpV tiene dificultades (interesante la excepción riojana en esta elección).

La provincia de Buenos Aires ha sido clave en la geografía electoral del PJ desde 1983. Los mapas electorales por departamento muestran que su pujante interior agroindustrial y su conurbano norte –poco dependientes del presupuesto nacional– votaron parecido a la CABA, Córdoba, Entre Ríos, Mendoza y Santa Fe (esto es, por Cambiemos). El oeste y el sur del GBA –con mucha más población dependiente– han sostenido (históricamente y en esta elección) al PJ. Desempató el match CFK, apostando a que lo ganaba aún con su peor equipo.

Ahora bien, sin Buenos Aires ni el Gobierno Nacional el PJ “oficial” pierde el 80% (digamos) de la formidable base material (aparato, patronazgo, clientelismo) y simbólica (vitrina, atril, medios) que controlaba desde 2002. Los jefes provinciales que quedaron en pie tendrán, además, mayor dificultad para acceder a favores fiscales del Tesoro nacional (en parte por el cambio de signo y en parte por la estrechez fiscal). ¿Podemos asumir que este PJ rico en legisladores pero pobre en recursos sorteará entero el trance, cuando poco queda de la identidad partidaria que alguna vez le dio raíces sociales profundas?

Agrego una innovación reciente de nuestra política subnacional: la constitución de gobiernos provinciales con ambigua o nula referencia nacional. Hoy pensamos en los oficialismos de Misiones, Río Negro o Santiago del Estero como parte del FpV, pero en realidad son heterogéneas alianzas locales que reflejan la creciente desnacionalización de nuestra política. Esta estratégica flexibilidad, combinada con la vulnerabilidad que supone la dependencia fiscal, anuncian un frente provincial quizás no tan hostil a un Gobierno no justicialista como podría esperarse.

Los oficialismos de los distritos pequeños, sin embargo, conservan dos ventajas importantes: a) muy generosos recursos fiscales “rentísticos” (vía coparticipación y, a veces, regalías por recursos naturales) asociados al dominio gubernamental de la economía y la política local, y b) una acentuada sobrerepresentación en ambas cámaras del Congreso. La geografía electoral de Cambiemos, que le permitió alcanzar la Presidencia sobre la base de los distritos más poblados, tiene su contracara en el Senado, donde es una fuerza muy minoritaria. Los pequeños distritos sobrerepresentados, en general rentísticos, poco democráticos y justicialistas, estarán menos coordinados que en el pasado y a la intemperie, pero aun así serán persistentes elementos del sistema político que ninguna estrategia nacional podrá ignorar.

¿Podrá Cambiemos reconfigurar esta geografía electoral? Hay antecedentes, como el del PT brasileño, que tenía un sesgo sureño y urbano como partido opositor y logró una base norteña y rural desde Planalto. Podría esperarse que, como la UCR en 1985, el nuevo oficialismo pueda extender su alcance territorial a partir de la visibilidad, los recursos y los eventuales éxitos de un Gobierno Nacional (por ejemplo, si el Plan Belgrano se gradúa de táctica electoral a estrategia política). Podría extenderse la estructura partidaria del PRO o la UCR a lugares donde es muy débil. En un caso extremo el cambio partidario podría venir de la mano de una intervención federal, si algún Saadi o Juárez del Siglo XXI provee los motivos que la Constitución prevé.

Hay también posibilidades por el lado de las reglas del juego electoral. Algunas reformas podrán hacerse por decreto o resolución, pero las más importantes requieren leyes, difíciles para un oficialismo legislativamente débil pero no imposibles dadas las condiciones más generales de paridad política. Crear una agencia electoral independiente con una directiva multipartidaria y una burocracia muy profesional debería estar entre las reformas normativa y políticamente más prioritarias. Otros objetivos centrales deberían ser disminuir la complejidad de la oferta electoral (la cantidad, volubilidad e informalidad de partidos y alianzas) y reemplazar a la indefendible boleta sábana por una boleta única, en uso ya en varias provincias.

Debería explorarse también la vía judicial, por ejemplo para terminar con la grosera e inconstitucional sobrerepresentación de las provincias pequeñas (y la CABA) en la Cámara de Diputados. Increíblemente, esta abierta violación del principio “un/a ciudadano/a un voto” y del artículo 45 de la Constitución Nacional está basada en un decreto-ley de la Dictadura. Una presentación judicial por parte de algún votante bonaerense (los más perjudicados) debería llevar a lo obvio: que un juez falle que una norma menor de origen y contenido antidemocráticos no puede derogar un artículo de la Constitución.

La reconfiguración aquí sugerida apunta a la consolidación de una nueva fuerza nacional territorial y legislativamente equilibrada, que pueda competir en paridad con el PJ y, por tanto, que contribuya a crear un sistema de partidos más equilibrado e institucionalizado (y, en el mejor de los mundos, más programático). La Argentina tuvo y perdió, con el derrumbe de la UCR, un sistema de esas características. La experiencia internacional indica que no es fácil reconstruir un sistema de partidos cuando entra en crisis. Pero es claro que los próximos cuatro años son una rara oportunidad para lograrlo. La dirigencia del PRO ha construido en poco tiempo una notable organización política, la más sólida y planificada desde 1983. Sería bueno para todos que las (enormes) urgencias del Gobierno no interrumpan ni quiten energía a esa promisoria trayectoria de institucionalización partidaria.

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