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El futuro de la Corte, entre Scioli y Macri

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31 agosto de 2015

(Columna de Lucas Arrimada)

El futuro de la Corte como actor institucional depende cada vez más ?al margen de que las formas republicanas y conflictos ficticios lo oculten? de la correlación de fuerzas democráticas.

“Las presidencias van y vienen.

La Corte Suprema es para siempre”

-William Howard Taft

La relación entre la Corte Suprema y el Ejecutivo en éstos 12 años tuvo varias etapas diferenciadas. Se inició con un pacto de reconstrucción de legitimidades, sufrió de momentos de conflicto político abierto, llegando a la paz negociada, Código Civil mediante.

Tuvo momentos de sociedad operativa y otros de enfrentamientos exagerados. Lejos de las versiones idealizadas, la Corte no enfrentó al Ejecutivo salvo que sus propios intereses estuviesen en juego. Los casos de la Reforma Judicial frustrada del 2013 o el más reciente conflicto de la Ley de Subrogancias son ejemplos notables.

En contraste a la imagen recurrente, la Corte acompañó al Gobierno en todos los procesos políticos y económicos claves de los diferentes momentos de la década kirchnerista (pesificación, silencio en el conflicto del campo, acuerdo con Chevron, Ley de Medios, caso Clarín, etcétera). Esto no le impidió, antes y después, dar señales ambiguas y contradictorias.

El Ejecutivo y la Corte negociaron diplomáticamente decisiones claves y silencios estratégicos fuera y dentro de los expedientes más importantes de los diferentes momentos de la política nacional de la última década.

Sin embargo, el futuro puede traer escenarios institucionales alternativos. Pensemos dos de los posibles futuros contextos.

El contexto de estabilidad de la Corte. Por un lado, en cualquiera de los dos contextos electorales con posibilidad de concretarse, la Corte tendría más tranquilidad institucional, menos intensidad frente a tentativos conflictos políticos remotos. La debilidad de sus adversarios políticos la fortalecerá. El repliegue relativo de sus rivales en el Gobierno -antes socios- es una de las razones para reforzar y mantener -sin mucho esfuerzo- un fuerte perfil público de la Corte y de su Presidente.

La fortaleza institucional y la habilidad política de su líder encontrarían una sintonía y un contexto óptimo en el modo de construir discurso político con Macri y/o Scioli. Podría hasta tomarse licencias poéticas y criticar desde el “progresismo legal” al futuro Gobierno con decisiones retóricas y populismo judicial con amplia repercusión mediática.

El contexto de rediseño de la Corte. Por otro lado, la ventaja comparativa del nuevo contexto político podría ser temporal. Eso dependerá de los actores, sus acuerdos, sus confianzas y sus proyectos a largo plazo. La Corte está, en este preciso momento, en una irregular coyuntura en la que está operando con cuatro jueces supremos y miembros con problemas de salud crónica.

La posibilidad de múltiples nombramientos consecutivos es real y tangible. Si el número de miembros a nombrar es tres, el cambio de la mayoría de la Corte puede abrir procesos de cambios de mayor profundidad.

En ese escenario es muy probable que la propia Corte, desde su Presidencia, intente impulsar desde su interior a un candidato afín que asegure el status quo de la Corte y su perfil. Sin embargo, con tres nuevas designaciones ese poder personalista innegable de la Presidencia de la Corte sobre la Corte sería amenazado, reducido y/o reformulado.

Este escenario cambiaría drásticamente si se plantea una reforma más ambiciosa de la Corte con una ampliación del número de sus miembros u otro escenario de cambio constitucional.

Las opciones electorales parecen beneficiar a la Corte. Ésta se puede fortalecer con un nuevo capítulo progresista y retórico en el futuro escenario más conservador y menos intenso de la política pos-electoral. Con sus enemigos entrando en un segundo plano de la política presidencial puede aumentar su fortaleza institucional. A pesar de esto, la Corte también puede inminentemente sufrir el efecto de la transición de gobiernos democráticos.

Esas transformaciones pueden expulsar algunos actores judiciales directamente al terreno político. Bien lo sabía William Howard Taft (1857-1930) quien fue Presidente de los EE.UU. y después Presidente de su Corte Suprema, que el orden de los factores no altera la posibilidad de repetir una reversión de su propia historia.

En cualquier escenario, el futuro de la Corte como actor institucional dependen siempre, más allá que las formas republicanas y los conflictos sobreactuados lo oculten, de la correlación de fuerzas de la política democrática.

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