El régimen electoral ante una nueva prueba

El sistema puesto en vigencia en 2009 sigue mostrando falencias estructurales que lo alejan de los objetivos que pretendía alcanzar.

La reforma iniciada a partir del año 2009 mediante el régimen de “Democratización de la representación política, la transparencia y la equidad electoral” consagrada por la Ley 26.571 y sus diversas normas reglamentarias vuelve a transitar por una nueva prueba que está lejos de poder superar.

Las nuevas evidencias vuelven a arrojar serias dudas. La reforma, pactada en el año 2009 entre las dos principales fuerzas políticas argentinas fue adoptada bajo condiciones de la fuerte presión política, generada por la derrota electoral del oficialismo en las elecciones intermedias del 2009. La pérdida de las mayorías parlamentarias en el año 2009, obligaba al FpV acuerdos con la oposición, particularmente con la UCR, partido que desde hace años comparte con el peronismo una posición defensiva ante la presión de las tendencias de apertura desde hace tiempo crecientes en el sistema político argentino. Para conservar el sistema vigente era necesario que algo cambiara. Algo tan importante como para, en el fondo, nada cambiara.

La más importante de las reformas, el sistema de primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO), implicó una novedad absoluta, casi sin antecedentes comparados y de rasgos en algunos puntos casi extravagantes.

El objetivo central de las nuevas regulaciones electorales fue el de un fortalecimiento del vínculo representativo de los partidos tradicionales. Por sobre todo, se apuntó a generar una mayor democratización al interior de los partidos políticos y su apertura a la sociedad, por la vía de establecer mecanismos de competencia abierta al interior de cada organización política y bloquear la posibilidad de que los candidatos derrotados en las primarias puedan postularse al frente de nuevas organizaciones. Se apuntó a combinar apertura y competencia con disciplinamiento interno de las ofertas electorales. Se introdujeron mayores requisitos y condiciones para la constitución de partidos, la definición de candidaturas y establecimiento de pisos electorales que afianzaran la representatividad de los partidos. Como incentivo principal se institucionalizo a su vez un régimen de financiamiento público de campañas cada vez, más reducidas, focalizadas y centradas en el desarrollo de estrategias tradicionales de comunicación política. Se buscaba así reaccionar ante lo que se veía como un sistema de partidos consistente y estructurado, capaz de protagonizar “una competencia ordenada y previsible en el contexto de un partidario al que se estimaba como atomizado, con partidos débiles y escasamente representativos, dominado por personalidades antes que por organizaciones estables.

Una estimación rápida de las nuevas evidencias que arroja la nueva aplicación del régimen de las PASO desmiente las previsiones iniciales y ofrece conclusiones casi exactamente opuestas a las deseadas.

La regulación de las PASO sigue calzando “a medida” con los intereses de los sectores dominantes en la partidocracia tradicional –basicamente los gobiernos y los aparatos partidarios establecidos–. Las PASO han obligado a las fuerzas políticas a movilizar decenas de miles de fiscales, abrir locales de votación y disponer de cantidades millonarias de materiales para los comicios. Las diversas candidaturas se vieron obligadas a poner en marcha costosas movilizaciones nacionales, a pocos meses de una campaña nacional en la que se votaran todas las categorías de candidatos, sin posibilidades de financiamiento. Todo ello ha vuelto a otorgar a los gobiernos –locales, provinciales y nacionales– ventajas definitivas y terminantes, al tiempo que ha castigado a los partidos y candidatos a una erogación de recursos materiales y humanos de la que les será imposible recuperarse.

Al mismo tiempo se ha reforzado la tendencia de personalización de la competencia electoral, en la medida en que obliga a centrar las campañas en la figura de los candidatos. Se ha profundizado además una presión excesiva sobre los candidatos, dejando en segundo plano todos los aspectos centrales de la oferta política –pertenencia partidaria, acuerdos y definiciones programáticas, apoyos partidarios, etcétera. Se han consolidado, en definitiva, esquemas de “campaña permanente” que postergan cualquier otra tendencia al mejoramiento de la calidad de la competencia política. Es evidente que las seis fórmulas presidenciales en competencia fueron consagradas, por efecto exclusivo y excluyente de la voluntad de quienes las ocuparon. Sin excepciones, todas las fórmulas presidenciales se autointegraron mediante un acto de voluntad de los titulares de cada una de ellas y sin recurso alguno a cualquiera de los posibles métodos de consulta y selección que ofrece el constitucionalismo comparado.

Lo más grave es sin duda que, a partir de las elecciones del pasado 9 de agosto, la dinámica política quedara paralizada a dos meses de las verdaderas elecciones, sin más consecuencias prácticas que el efecto de embudo pretendido sobre las candidaturas de los partidos en competencia. Han quedado ya excluidas docenas de figuras políticas emergentes, a impulsos de una lógica que abroquela a los candidatos establecidos por los aparatos de poder.

Se impone revisar con cuidado estos nuevos efectos. Para perdurar, la reforma electoral deberá tener cuanto antes en vista la necesidad de conciliar la demanda clara de renovación de los mecanismos de representación y de la estructura y funcionamiento de los partidos, con la necesidad de resguardar la gobernabilidad del sistema, protegiéndolo de ambiciones y propósitos momentáneos de sus actores actuales. Las instituciones electorales son demasiado importantes como para dejarlos en poder de los intereses particulares.

Una reforma genuinamente orientada a fortalecer los valores de una república constitucional no puede perder de vista las necesidades estructurales del sistema político y las piezas que lo componen. Las funciones del sistema no pueden quedar reducidas en función exclusiva de la lucha por el poder. El poder es una dimensión esencial de la vida política, pero en manera alguna agota la realidad total de la vida política, entendida en sentido amplio como una actividad orientada hacia fines muy diversos, que en su conjunto trascienden la perspectiva exclusiva y excluyente de la lucha por el poder. En la medida en que la política está todavía lejos de imponerse a sí misma sacrificios presentes en función de beneficios futuros, la reforma debe incorporar actores y procesos que trasciendan el ámbitos de los intereses momentáneos y episódicos y que conecten con la perspectiva más amplia del interés general de la sociedad.

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