Las condiciones para un populismo radicalizado

(Artículo publicado en la edición Nº32)

Con la amenaza de un capitalismo de Estado se busca hacer tolerable al capitalismo selectivo.

El fantasma del populismo radicalizado recorre la opinión pública no kirchnerista. Tiene, como todo fantasma, algunos contornos precisos: nacionalización del comercio
exterior, ampliación de la intervención estatal en empresas privadas, reestatización de
empresas privatizadas. Pero, también como todo fantasma, mantiene en la oscuridad los rasgos decisivos para culminar su encarnadura: las condiciones de oportunidad, viabilidad y sustentabilidad necesarias para transformarlo en realidad.

La eficacia del fantasma descansa en una reputación que la trayectoria de las relaciones con el empresariado durante el kirchnerismo ha vuelto verosímil. En estos años kirchneristas el Gobierno siempre buscó maximizar los efectos expansivos de corto plazo de su esquema macroeconómico, y siempre lo hizo tratando de expandir la intervención estatal en la economía. Mantuvo el congelamiento de tarifas públicas sustituyendo la financiación privada por subsidios públicos y/o estimulando el reemplazo de inversores extranjeros por empresas argentinas políticamente cercanas, o directamente estatizando las compañías.

Pretendió combatir la inflación a través de controles informales de precios y falsificación de los índices públicos. Intentó preservar el ritmo de aumento del gasto público incrementando la presión tributaria sobre el sector más dinámico de la economía con la fallida Resolución 125. Finalmente logró hacerlo, y de ese modo disimular el creciente déficit fiscal, nacionalizando el sistema previsional privado. Y últimamente ha apuntado a combatir el deterioro de la balanza comercial
administrando centralizadamente el comercio exterior e interviniendo sobre la política
de inversiones de las empresas.

Esta trayectoria le ha permitido a la gestión kirchnerista esbozar el diseño de su tipo de organización económica preferida: un capitalismo selectivo, en el que son los gobernantes quienes deciden las oportunidades de ganancias y el otorgamiento de rentas a las empresas. Pero el fantasma del populismo radicalizado no es el de la consolidación del capitalismo selectivo sino el de su superación por un capitalismo de Estado.

En esta forma de organización económica temida por los no kirchneristas, el Gobierno se apropiaría de la renta agropecuaria, intervendría las empresas indóciles y nacionalizaría a las más rentables. Consumaría, así, una sustitución de la gestión
económica privada por la pública. Hecho que no tuvo lugar en ninguna experiencia política argentina previa.

El problema de este fantasma es lo que oculta: la ausencia de condiciones para concretar lo que amenaza. En primer lugar, condiciones de oportunidad. El kirchnerismo sólo avanzó hacia la expansión de la intervención estatal en la economía cuando la realización del objetivo político de su esquema macroeconómico –mantener la expansión de corto plazo– chocó contra la resistencia de sectores empresariales divididos y políticamente debilitados.

Este fue el caso con las empresas privatizadas, desprestigiadas en la opinión pública y poco enfáticamente defendidas por los gobiernos de sus países de origen ante el FMI, y con las AFJP, ampliamente cuestionadas inclusive por sus afiliados. Pero no ocurrió lo mismo con el complejo agroexportador, en cuya defensa se movilizó una porción
significativa de la sociedad, ni con los medios de comunicación independientes, cuyo
trato por el Gobierno no ha recogido adhesiones significativas en la opinión pública.

Las reformas estatistas sólo parecen haber sido posibles, entonces, cuando situaciones de crisis –la emergencia económica posconvertibilidad y el colapso financiero internacional– debilitaron a los actores empresariales y permitieron al Gobierno dividirlos y vehiculizar el repudio de la opinión pública hacia ellos. En segundo lugar, condiciones de viabilidad. El kirchnerismo sólo avanzó en la estatización de empresas que gozaban de posiciones monopólicas o cuasi monopólicas y cuya gestión operativa podía ser confiada al expertise específico de los sindicatos.

De ahí que se hayan estatizado Aguas y Aerolíneas Argentinas, pero no las generadoras o distribuidoras de electricidad o de gas –sectores en los cuales el Gobierno prefirió promover la sustitución de accionistas extranjeros por nacionales políticamente cercanos–. Estos patrones dan cuenta no sólo de una racionalidad económica –la prestación pública de servicios en condiciones monopólicas– sino también de una deficiencia de capacidades: el Estado argentino no tiene hoy cuadros con el expertise necesario como para reemplazar la gestión privada en la abrumadora mayoría de los sectores de la economía.

Esta deficiencia afecta, además, de manera particularmente aguda, al grupo gobernante, una pequeña facción de una provincia chica con actividad económica escasamente diversificada y dominantemente privada. Para el kirchnerismo, pues, estatizar empresas implicaría compartir poder político con una facción adversaria,
la sindical, cuya autonomía financiera y organizativa preferiría reducir antes
que ampliar. En tercer lugar, condiciones de sustentabilidad.

El kirchnerismo sólo avanzó en decisiones estatistas que estimó útiles para sostener los efectos expansivos de su esquema macroeconómico. No nacionalizar el comercio
exterior, ni concretar una ola de estatizaciones de las empresas privadas más
rentables garantizaría la sustentabilidad de la expansión económica de corto a mediano plazos. La nacionalización del comercio exterior podría ocasionar, si no la oposición activa, al menos la liquidación oportunista de divisas por parte de los exportadores, lo cual complicaría, en lugar de simplificar, el control gubernamental del mercado cambiario y, con ello, de las expectativas inflacionarias y devaluatorias, y por tanto distorsionaría aún más el manejo macroeconómico de corto plazo.

La estatización masiva de empresas rentables desalentaría la inversión privada –nadie querría invertir para luego perder sus ganancias a manos del Estado– y, con
ello, profundizaría el problema de oferta que el propio Gobierno entiende es causa del actual proceso inflacionario. Si las reformas estatistas sólo fueron políticamente posibles en situaciones de crisis, reemplazar el capitalismo selectivo por un capitalismo de Estado sin crisis mediante implicaría correr el riesgo de un fracaso similar al de la Resolución 125: polarizar a la sociedad por haber enfrentado, en un contexto económico percibido como positivo, a sectores empresarios más o menos unificados y altamente valorados por la opinión pública.

¿Implica ello que el fantasma del populismo radicalizado deba ser desdeñado como otro más de los tantos puros frutos de las pesadillas de los no kirchneristas? No
necesariamente, porque este fantasma cumple una función políticamente eficiente para el kirchnerismo: opera como la amenaza creíble que necesita para disciplinar al
empresariado díscolo y para sostener la autoridad del vértice gubernamental en tanto
árbitro entre las facciones que, de no someterse a ese arbitrio, podrían efectivamente
convertir la temida fantasía en realidad.

Si el capitalismo de Estado es percibido como alternativa creíble, el capitalismo selectivo deviene, por comparación, en un hecho tolerable.

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