Acuerdos de gobernabilidad

Es la sociedad la que establece acuerdos de gobernabilidad e impone sus ideas y proyectos, inspirados en una suerte de neo desarrollismo difuso.

La concreción del más que previsible y esperado acuerdo electoral entre el PRO de Mauricio Macri y los sectores del radicalismo encuadrados en la disciplina del Comité Nacional liderado por Ernesto Sanz ha abierto una etapa de negociaciones. En contra de lo inicialmente informado por los gestores del acuerdo, la agenda parecería estar aún en blanco. Poco se sabe en cuanto a la naturaleza del acuerdo y menos aún en torno a los acuerdos programáticos anunciados, sobre todo desde el radicalismo.

Las cláusulas del acuerdo permanecen aún en una nebulosa que el avance vertiginoso del calendario electoral ira, probablemente, aclarando. Interesa, por ello, analizar el súbito reflotamiento de la idea de un “acuerdo general de gobernabilidad” en la que ambas partes se apoyan a la hora de justificar los riesgos y sacrificios propios de una estrategia como la acordada.

Poco se sabe respecto de lo avanzado por el PRO y la UCR en esta materia. Por lo que parece, no existen hasta el momento documentos ni equipos ni metodologías de trabajo. Siquiera ideas básicas. La fórmula de un acuerdo de coincidencias básicas en torno a “cuestiones de Estado” vuelve a sobrevolar así, una vez mas, la política argentina.

La pregunta es, entonces, ¿necesita el país realmente un acuerdo general de gobernabilidad? Una ojeada a la agenda de cuestiones pendientes en la agenda pública nacional encuentra escasos motivos para una respuesta positiva, más allá del previsible interés de los principales candidatos en no quedar descolocados frente a una iniciativa revestida del prestigio social de la idea de consenso. Todos tienen, sin embargo, sobre sus espaldas la durísima experiencia de que los límites entre el entusiasmo por los consensos interpartidarios y la acusación de contubernio son mínimos.

Para evaluar el interés y posibilidades de un acuerdo entre partidos cabría plantear, en primer lugar, si es que existe o no en la Argentina actual un “problema de gobernabilidad”, que pueda ser satisfecho mediante de acuerdos entre candidatos y dirigentes de partidos ya de por sí irremediablemente fragmentados.

La noción de “gobernabilidad” suscita en sí misma debates semánticos difíciles de resolver. Cabría, sin embargo, considerar una acepción amplia, como la que asimila “ingobernabilidad” a desborde de la capacidad de los poderes públicos para administrar demandas descontroladas de la sociedad. Desde esta perspectiva, está claro que existen, efectivamente, problemas importantes de gobernabilidad en materias como la crisis fiscal del Estado, el futuro de los programas sociales, el desempleo, el retorno de la pobreza extrema, la inseguridad ciudadana, la crisis de la educación o la bancarrota del sistema de salud. Son todos ámbitos que ejemplifican la impotencia del aparato estatal para administrar la sobrecarga de demandas crecientes de la ciudadanía.

Resulta obvio, sin embargo, que los factores de divergencia frente a estos temas no están en la sociedad. A la luz de la evidencia disponible podría decirse que nunca antes tantos argentinos han estado tan de acuerdo en tantas cosas.

Frente a este impulso convergente y centrípeto de las necesidades, demandas y expectativas de la sociedad, el único factor divergente y centrifugante es la actitud y el discurso de los dirigentes. Más precisamente de la docena de candidatos que disputan el espacio publico.

¿Qué podrían agregar los candidatos, desde estrategias competitivas cuyo éxito depende de su capacidad para la diferenciación a través de la confrontación discursiva? Hay, sin embargo, un rasgo de esquizofrenia que no escapa a la perspicacia del electorado. Por un lado, hay en los candidatos un cierto “aire de familia”, una semejanza esencial que deriva del hecho de que todos compiten por un mismo espacio, sobre el centro del espectro político. Por otro, no conocen otra manera de diferenciación que la que se articula a través de la confrontación. Es este un rasgo central de la política contemporánea y en todos los países es una de las causas principales del rechazo a la política. Desde su experiencia, la gente adivina que las diferencias entre los políticos son artificiales y oportunistas. Que en el fondo, detrás de sus discursos, existe una obsesión por adaptarse a cualquier precio a las condiciones que les fija la sociedad.

La demanda social ejerce, en efecto, un efecto moderador. Desde los fuegos artificiales de la confrontación electoral, todos pugnan en el fondo por asimilarse a las demandas convergentes del electorado. Es la sociedad la que establece acuerdos de gobernabilidad. La que impone sus ideas y proyectos, inspirados en general en una suerte de neo desarrollismo difuso, reactivo a toda definición ideológica, atento a los matices que se derivan de la personalidad e historia de los candidatos y a todo aquello que implique ausencia de razonabilidad y sentido común.

La política no puede proponer acuerdos de gobernabilidad por una razón muy sencilla: porque el ciclo vital de los gobiernos es mínimo y no tolera sacrificios presentes para beneficios futuros, que es precisamente lo que caracteriza a las cuestiones de Estado. La política no puede prometer sangre, sudor y lágrimas. Está condenada a ese doble discurso que la sociedad tolera de un modo paciente y condescendiente.

En Argentina, el acuerdo de gobernabilidad ya existe. Está en la lógica de la sociedad y lo han forjado las mayorías moderadas más activas y dinámicas de la sociedad. Son las fuerzas políticas –sobre todo los viejos “partidos populares”– las que pugnan por adaptarse a este nuevo escenario de expectativas y demandas sociales. Es por eso que los candidatos sean hoy por hoy la parte más delgada de un hilo muy tenue con el que la sociedad vuelve a enhebrar las condiciones para una consolidación de su relación con la política.

De allí el estimable celo y el rigor con que las diversas fuerzas en competencia procuran hoy por hoy elegir, a través de procedimientos democráticos, los mejores exponentes de sus ideas y proyectos. Es la primera vez que ocurre esto en nuestra aún joven experiencia institucional. En este sentido, toda intervención arbitraria, todo pacto a espaldas de la ciudadanía, todo capricho personalista debe ser denunciado como un riesgo inadmisible para la calidad del proceso democrático.

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