Provincias y presidentes poco democráticos

(Columna de Carlos Gervasoni, profesor del Departamento de Ciencia Política y Estudios Internacionales de la UTDT)

Los regímenes híbridos provinciales difícilmente desaparezcan en el corto plazo (salvo por una poco probable reforma en nuestro federalismo fiscal).

En la Argentina hay provincias muy y muy poco democráticas. Podríamos llamar a las segundas “autoritarias”, pero sería más correcto denominarlas “híbridas”: tienen instituciones (y algunas prácticas) democráticas y, al mismo tiempo, intensos rasgos autoritarios.

La evidencia es clara: en siete provincias el mismo partido ganó consecutivamente las ocho elecciones para gobernador que ocurrieron desde 1983 (Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Neuquén, San Luis y Santa Cruz). A esta lista se agrega Santiago del Estero, donde sí hubo rotación pero sólo luego de una intervención federal. Es común que los oficialismos en estos lugares sean reelegidos con más de dos tercios de los votos, llegando a veces a superar el 80%, e incluso el 90%. Si, según la famosa frase de Adam Przeworski, “la democracia es un sistema en el que los partidos (gobernantes) pierden elecciones”, un tercio de las provincias argentinas no pasan la prueba.

Este sospechoso predominio electoral no ocurre en provincias como Córdoba, Chaco, Entre Ríos o Mendoza, ni en casi ningún país auténticamente democrático, donde sólo excepcionalmente el mismo partido es reelegido más de tres o cuatro veces, y en general con números más cercanos al 45% que al 70%. Así, los gobernadores de Formosa, La Rioja, San Luis o Santiago del Estero logran hazañas electorales que les son esquivas a los oficialismos de Alemania, Estados Unidos o Nueva Zelanda. Y nada indica que aquellas provincias estén mejor gobernadas que estos países.

Una parte importante de la explicación reside en que las provincias híbridas son las grandes beneficiarias del federalismo fiscal argentino, al que contribuyen poco y del que reciben muchísimo. Los muy importantes subsidios que obtienen de la coparticipación y otros regímenes fiscales federales equivalen a rentas petroleras, que no casualmente han sido asociadas al autoritarismo por la literatura politológica sobre “rentier states”. En efecto, los gobiernos de estas provincias cuentan con generosos recursos fiscales al tiempo que recaudan muy pocos impuestos. Estas “rentas del federalismo fiscal” (a las que en algunos casos, como Santa Cruz, se agregan las regalías petroleras) financian estados provinciales de gran tamaño, de cuyo presupuesto dependen gran cantidad de empleados públicos, buena parte de las empresas locales, y casi todos los medios de comunicación.

La Catamarca saadista, la San Luis de los Rodríguez Saá, la Santiago del Estero juarista o zamorista, la Santa Cruz kirchnerista o la Formosa de Insfrán, entre otros regímenes “feudales”, no han sido en última instancia producto de la cultura política ni del atraso económico, sino un fenómeno en buena medida fiscal.

Los gobernadores de estos estados rentísticos subnacionales son favorecidos, además, por la llamada lógica de los “distritos de bajo mantenimiento”, que les permite obtener apoyo nacional a cambio de sus proporcionalmente muchos (dada la sobrerrepresentación de la que gozan en ambas cámaras) diputados y senadores. Provistos de generosas “rentas del federalismo fiscal” y del respaldo presidencial, son virtualmente invencibles en las urnas. La evidencia cualitativa indica que la hegemonía electoral es acompañada por otros rasgos de autoritarismo, por ejemplo medios sistemáticamente prooficialistas, poderes judiciales subordinados al ejecutivo y sanciones a los empleados públicos críticos del oficialismo.

Contra lo que podría esperarse desde una visión algo idealista, los presidentes no han hecho mucho para “democratizar” las provincias, en parte porque ellos mismos son –con notoria frecuencia– ex “señores feudales” provinciales. Increíblemente el 70% de los años de democracia desde 1983 han sido dominados por ex líderes de La Rioja y Santa Cruz (y, brevemente, por uno de San Luis). Hoy mismo el vicepresidente de hecho (dada la inhabilidad moral y política de Boudou) es otro representante de este grupo. Es instructivo Cristina Kirchner haya llevado al ex gobernador santiagueño, Gerardo Zamora, a la presidencia provisional del Senado (puenteando a los 32 senadores del FpV), y que su elección anterior haya sido la Beatriz Rojkés (de Alperovich).

Desde ya, no cabía esperar mucho de Néstor Kirchner, fundador él mismo del un provincial régimen semidemocrático. Sin embargo, entre las primeras decisiones con las que, como presidente, sorprendió a la opinión pública estuvo la intervención de Santiago del Estero, gobernada en ese momento por “Nina”, la esposa del caudillo Carlos Juárez. El gobierno provincial se hallaba acorralado por el asesinato de dos jóvenes (en el llamado “doble crimen de la Dársena”). La intervención, sin embargo, no condujo a la democratización. Las elecciones de 2005 fueron ganadas por una coalición multipartidaria encabezada por Gerardo Zamora, que rápidamente construyó un régimen personalista de concentración de poder que provocaría la envidia de los Juárez. Muy simbólicamente, luego de ser reelegido en 2008 (con el 85% de los votos) e imposibilitado constitucionalmente de hacerlo de nuevo en 2013, fue sucedido por su esposa (que ganó con el 65% de los votos).

Los regímenes híbridos provinciales difícilmente desaparezcan en el corto plazo (salvo por una poco probable reforma en nuestro federalismo fiscal). Que los 5 o 6 principales presidenciables para 2015 vengan de la CABA, Buenos Aires o Mendoza da alguna esperanza de que nuestros futuros presidentes no llevarán, como Menem y los Kirchner, las prácticas políticas de las provincias menos democráticas a la Casa Rosada.

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