Efluvios del ’45, fantasmas del ’55

La visión kirchnerista de este fin de ciclo busca convertir un epílogo en prólogo.

Hace setenta años, el país vivía distintos sacudones entre el impacto nacional del final de la Segunda Guerra Mundial y la creciente movilización de una sociedad que reclamaba elecciones libres. Una parte de la sociedad reclamaba por un retorno a la República y las libertades, otra parte de la sociedad lo hacía por los derechos de los trabajadores y la justicia social. Eran dos maneras de concebir la democracia y aunque confrontaban, en el fondo eran dos variantes de un mismo reclamo: dejar atrás un régimen que había prometido erradicar los males de la corrupción y salir de la década infame y lo que hizo en lugar de eso fue implantar un régimen que aisló al país, le impidió al pueblo votar y lo detuvo en el tiempo. De esa efervescencia surgió el peronismo (ver nota sobre el 24–F/46).

Setenta años después, las consecuencias de otra tragedia con proyecciones e implicancias internacionales, el atentado contra la AMIA perpetrado hace veintiún años, siguen provocando enconadas discordias y divisiones en una sociedad que si en algo debería mostrar extendido consenso es en este tema. La muerte del fiscal Alberto Nisman sin esclarecer es el atentado contra la AMIA que se sigue perpetrando, un crimen que dejó diseminadas minas activadas que siguen detonando tras más de dos décadas de impunidad. Una impunidad que nos sigue avergonzando y ofendiendo, ya que si el ataque contra la AMIA fue una afrenta infligida a todos los argentinos, su no esclarecimiento y la misteriosa muerte del fiscal que estaba al frente de la investigación es una afrenta auto infligida que nos hacemos como país.

Ese debía ser el sentido de la marcha de silencio realizada el pasado 18-F en homenaje a Nisman. Pero a pesar de haber suscitado adhesiones desde distintos y amplios sectores, quedó asociada mayoritariamente a expresiones de oposición al Gobierno. Desde el oficialismo se desautorizó la convocatoria, se descalificó a los fiscales y se impulsó una “contramarcha”. De un lado y otro se apeló a la defensa de la Constitución, la Democracia, la Justicia, los Derechos Humanos y la Paz en la República. A un lado y a otro se exige una investigación seria y honesta sobre la muerte del fiscal Nisman. Pero a un lado y otro hay incapacidad para marchar juntos y en la misma dirección: los puentes entre esas supuestas “dos Argentinas” parecen aún infranqueables o dinamitados.

Desde una de esas Argentinas, la Presidenta aprovechó el mismo día 18 para una nueva inauguración de la central Atucha II–Presidente Néstor Kirchner, en un acto festivo acompañado de la militancia. Podía haber hablado de Nisman. No lo hizo. Prefirió acusar a EE.UU. e Israel de injerencia en los asuntos internos, defender los acuerdos con China y celebrar que nuestro país esté preparado para producir uranio enriquecido. No es que todo eso no fuera importante. Es el sentido de la oportunidad para dar ese mensaje y las palabras elegidas para hacerlo. Podría haber dedicado unos minutos a expresar su comprensión hacia quienes iban a manifestar, más allá de las diferencias políticas y partidarias –¿quién no querría, al fin y al cabo, esclarecer esa muerte que golpea al país y afecta a nuestras instituciones?–. Pero no lo hizo. La Presidenta lo dijo claro: “Este Gobierno no permite que le marquen la cancha”. Se refería a los designios de las grandes potencias, pero parecería que lo importante no es tanto esclarecer la muerte del fiscal sino dilucidar a quién beneficia y a quién perjudica el hecho. Lo importante es definir “quién marca la cancha”.

Buscaron muy prontamente toda clase de explicaciones a la muerte del fiscal; primero el suicidio, después el homicidio con connotaciones mafiosas. Rápidos para reaccionar descargando culpas sobre el propio Nisman, los medios, la oposición, los servicios de inteligencia, las potencias extranjeras; lentos para serenar los ánimos y ponerse al frente de una confluencia superadora de las antinomias que dividen al país en dos bandos. El Gobierno decidió “marcar la cancha” al interpretar esa convocatoria como un acto opositor, desestabilizador, destituyente; “el bautismo de fuego del Partido Judicial y ariete contra los gobiernos populares” (Cristina dixit).

Los intelectuales y referentes afines al kirchnerismo asociaron el 18–F con los peores linajes. Horacio Verbistky escribió: “Algunos de los memorables precedentes (…) son la marcha de la Constitución y la Libertad, del 17 de septiembre de 1945; la procesión del Corpus Christi del 11 de junio de 1955; la recepción del 23 de septiembre de ese mismo año a Eduardo Lonardi, quien dirigió un mensaje trémulo de buenas intenciones a una Plaza de Mayo llena a reventar…”. (Página12, 15/2) Una semana después, el mismo Verbitsky –inteligente y sagaz– corregía levemente el argumento viendo ahora a una “nueva derecha con capacidad electoral y de movilización callejera” en condiciones de disputar el poder democráticamente. Desde la oposición hubo quienes, obviamente, lo entendieron como el inicio de una movilización cívica con desembocadura electoral. Es parte del cuadro, pero acaso no sea el sustancial.

De lo que se trata aquí es de una demanda que recorre subterránea y transversalmente a nuestra sociedad, comparable con la que tuvo lugar en otros tiempos cuando la gente se movilizó reclamando elecciones libres, verdad y justicia para los desaparecidos de la dictadura, fin de la impunidad para los crímenes mafiosos amparados desde los poderes en las sombras. Pero las fichas en la superficie del tablero aparecen repartidas de otro modo, y los principales actores prefieren jugar la partida de la polarización, recreando las grietas entre esas supuestas “dos Argentinas” que confrontaron electoralmente en 1945 y se terminaron de escindir diez años más tarde.

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