¿Quién vigila a los que nos vigilan?

(Columna de Luis Tonelli)

El debate sobre los servicios de inteligencia demuestra que los argentinos son republicanos en las crisis y delegativos en la abundancia.

Los servicios de inteligencia vuelven estar en el centro de un escándalo político y así se reaviva un debate que cíclicamente se da en Argentina. Lo mismo que la preocupación por la corrupción que aparece sólo cuando la economía va mal, el debate sobre los “servicios” aparece sólo en épocas de debilidad gubernativa –y una época particularmente propicia para que se den esos escándalos es durante el fin de los mandatos presidenciales–. Así casi podría decirse que somos republicanos en la crisis y delegativos en la abundancia.

En términos puros, obviamente, democracia y secreto no son compatibles. Pero aun considerando una democracia pura y prístina, si ésta se da en un mundo asolado por Estados en disputa, corporaciones, mafias, o grupos terroristas, también debería tener sus servicios de inteligencia. Tal el dilema del prisionero que teóricamente decreta una ley de hierro de los “servicios” en la democracia.

Pero no nos tenemos que remitir a semejante abstracción teórica en un mundo que es tan brutal como siempre. El interrogante de fondo, sigue siendo el mismo que tradicionalmente se ha hecho la reflexión política acerca de “¿quién vigila a quienes nos vigilan?” (Quis custodiet ipsos custodes?). Lo cual más que llevarnos al dicho “mal de muchos consuelo de tontos” nos debería conducir a considerar las experiencias de control democrático en el mundo relativamente efectivas y eficaces para tener a los servicios de inteligencia a raya.

Recordemos que para poder hacerse cargo de los desafíos contemporáneos –solo si tenemos en cuenta las llamadas “amenazas asimétricas”, en las que un pequeño grupo gracias a la tecnología bélica y los medios de comunicación “in real time”, puede generar un terror masivo– los servicios de inteligencia tienen que estar dotados de un poder a gran escala de recolección de información, de investigación, de recursos físicos, y de severas limitaciones a su “transparencia”, todo lo cual, entra en colisión directa con la cuestión de las libertades individuales que caracterizan a una democracia que se precie de serlo. En el extremo se puede decir hobbesianamente que nuestras libertades dependen de que podamos seguir con vida, sin embargo, en situaciones un tanto más normales hay un claro trade off entre seguridad y libertad.

La idea sencilla es que si le damos poder a nuestros servicios de inteligencia para que tengan la capacidad de enfrentar a nuestras amenazas, también debemos crear un “contrapoder” democrático que vigile a los servicios de inteligencia sin que esto se convierta en una traba para poder desarrollar sus funciones.

Lo cual es sencillo ponerlo en palabras pero tremendamente difícil hacerlos en la práctica, y entre muchas razones, porque la relación entre servicios y organismos de control también va a estar marcada por coyunturas en donde se pide más libertad y otras en donde el miedo lleva a la resignación ante las arbitrariedades –oscilando en Argentina ese péndulo de modo histérico–.

Dejemos a un lado el insulto del kirchnerismo a cualquier inteligencia de homínido para arriba al justificarse de que “no tuvo tiempo de preocuparse por los servicios antes” y por eso impulsa una reforma ahora al final de su mandato, cuando el país enfrenta problemas económicos, sociales y políticos que no le van en saga a los mismos que asolaron está última década. En cambio, hagamos una reflexión rápida sobre las condiciones para tener uno servicios de inteligencia relativamente eficaces a la par de organismos de control que limiten su capacidad de abusar de su poder. Obviamente, el caso argentino, puede servir como contrajemplo de lo que no debe hacerse para resolver de algún modo ese oxímoron de unos “servicios de inteligencia democráticos”.

Una primera cuestión, esencial, y que vamos a plantear lo más asépticamente posible, es que si se pretende cambiar de orientación ideológica de las relaciones internacionales del país, entonces resulta recomendable “adaptar” a los servicios a dicho cambio. El kirchnerismo en lo que se refiere a la “seguridad global” fomentó inicialmente relaciones carnales entre la SIDE y los servicios de inteligencia occidentales. Luego, el gobierno de Cristina Fernández impulsó un viraje ideológico a 180° en los gestos, en sus discursos –solamente hay que relevar sus palabras en los sucesivos G20– y en las relaciones efectivas privilegiando a países como China, Rusia, Irán, Venezuela. Países cuyos servicios de inteligencia habían sido objeto de intensas y –muchas veces fructíferas– medidas de contrainteligencia de nuestros servicios. O sea, que se les invirtió “el enemigo” a funcionarios cuyo principal activo es desarrollar relaciones personales de confianza con sus aliados, que ahora pasaban a ser sus “oponentes” (repito, esto dicho sin problematizar cual ha sido la conveniencia de semejante giro internacional unilateral y los motivos que tuvo la Presidenta –única responsable– para efectuarlo–).

Una segunda cuestión es que la dirección real de los servicios de inteligencia debe recaer en funcionarios “políticos” –convenientemente capacitados–, y no solo a nivel de la dirección visible, si no el de las diferentes áreas que los componen. Ciertamente, este es el viejo debate entre técnicos y políticos que aquí asume características extremas. Pero resulta válido lo que Al Stepan escribió en su momento sobre los militares de los ’60: el nuevo estamento militar era golpista no por estar politizado si no precisamente por tener un carácter técniconeutral y considerarse por encima de los avatares coyunturales de la política. El kirchnerismo no solo confió la dirección real en una persona de carrera si no que le dio todo el poder, a diferencia de los precarios equilibrios que los anteriores gobiernos habían buscado entre los agentes más poderosos de la inteligencia, intentando una suerte de control mutuo.

Esto lleva a una tercera cuestión que el kirchnerismo resolvió de la peor manera: siempre es mejor llevar a cabo una reforma interna de los servicios de inteligencia del Gobierno que darle poder a los servicios de una corporación sobre la cual no se tiene control directo. La “personalización” de la SI obligó a Cristina Fernández al cambiar su orientación ideológica de“empoderar” nada más ni nada menos que a J2, la jefatura de inteligencia militar. Con eso fomentó una “guerra” entre servicios en vez de haber, en todo caso, reformado y depurado oportunamente la Secretaría de Inteligencia.

La cuarta cuestión es quizás la más importante: el contrapoder por excelencia de los servicios de inteligencia es el Congreso, y en el caso argentino la ley vigente desde el 2001 le da extensos poderes de control a la Comisión Bicameral de Inteligencia. Sin embargo, el protagonismo de la Comisión brilló en todos estos años por su ausencia, en gran medida porque las circunstancias contextuales llevan a que la poderosa letra de la ley, sea letra muerta en la realidad. En primer lugar, la comisión es dirigida por un oficialista –y entonces huelgan palabras–. En segundo lugar, no tiene los recursos humanos especializados para realizar la tarea encomendada. En tercer lugar, y para finalizar, una cuestión estructural: sin organizaciones partidarias la coordinación y el control de los funcionarios electos y no electos reside en incentivos duros (dinero, sanciones, etcétera) que no fomentan precisamente la confianza favoreciendo en cambio la duplicidad, la inacción y la anarquía a todo nivel.

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