Ante un juego de suma cero

(Artículo publicado en la edición Nº29)

Mientras las autoridades nacionales y porteñas se pelean, en otros países hay acuerdo sobre como enfrentar la inseguridad

La Teoría de los Juegos describe la situación de suma cero como aquélla en la que la
ganancia o pérdida de un participante se equilibra con exactitud con las pérdidas o
ganancias de los otros participantes. Tal parecería ser el saldo del más grave
enfrentamiento institucional vivido entre el Gobierno Nacional y el de la ciudad de Buenos Aires, a propósito de la seguridad pública.

La decisión del Ministerio de Seguridad de retirar las fuerzas de la Policía Federal de
las tareas de custodia que ejercía tradicionalmente sobre edificios públicos y objetivos estratégicos disparó, en efecto, un proceso de enfrentamientos institucionales que evidenció las debilidades estratégicas de ambos gobiernos.

Una encuesta realizada por la consultora especializada OPSM sobre una muestra
nacional de 1.100 entrevistas reveló la semana pasada hasta qué punto los efectos desbordaron las previsiones de los protagonistas. El desplazamiento a tareas de vigilancia callejera de las fuerzas federales que cumplían servicios adicionalesa en hospitales, colegios, parques, cementerios, edificios públicos y custodia de funcionarios fue juzgado de modo genéricamente positivo por un 53% de la población de todo el país, al tiempo que lo rechazaba el 39,8%. Sin embargo, el retiro de custodia de los hospitales y centros de salud, mereció un 77,3% de rechazos, cifra algo superior
a la de 76% que rechazó el abandono de los colegios o el 72,7% de parques y espacios
públicos. El 66,1% aplaudió el caso de las custodias a funcionarios y el 56,2% el caso
de los edificios públicos en general.

El debate alcanzó niveles de especial virulencia. El porcentaje de quienes juzgan que la Policía Federal debe seguir custodiando los edificios de la ciudad llega hoy a 38,1%, en tanto que el 30,7% prefiere responsabilizar a la Policía Metropolitana y el 18,3% alguna forma de seguridad privada. El saldo de esta nueva vuelta del combate acerca de la seguridad sugiere como resultado un “empate técnico” de amargo y difícil desenlace.

Un análisis de la larga serie de experiencias positivas que han comenzado a cambiar
la geografía de la violencia y el delito en las ciudades de la región sugiere, en efecto, algunas zonas de consenso respecto al desarrollo de políticas públicas en materia de seguridad ciudadana, que bien podrían inspirar un esfuerzo conjunto por superar el empate planteado.

En primer lugar, la importancia de las estrategias de prevención situacional, particularmente la lucha contra la pobreza y las situaciones de vulnerabilidad social. La tarea de prevención del delito sólo puede ser efectiva si parte de un diagnóstico muy claro acerca de la incidencia de la “nueva pobreza” en la generación de factores de la violencia urbana. Prevenir el delito implica, al mismo tiempo avances sustanciales en materia de promoción de empleo y programas de desarrollo social
y lucha contra la pobreza.

Ello incluye la implementación de estrategias de focalización mucho más eficientes, el establecimiento de mecanismos de gestión, aseguramiento de la transparencia y accountability de los programas sociales y su orientación específica hacia objetivos de neutralización del componente específicamente social de la violencia.

En segundo lugar, una política efectiva de focalización de las acciones preventivas sobre áreas urbanas y grupos de riesgo especialmente vulnerables frente al flagelo de la violencia. Mujeres, jóvenes, ancianos, poblaciones inmigrantes, minorías étnicas y nacionales deben constituir un foco de especial atención. En tercer lugar, un esfuerzo mucho más sostenido y profundo en materia de reconstrucción y preservación de capital social, tanto humano como físico. La destrucción de la infraestructura física, el sabotaje a los servicios públicos, el vandalismo contra los espacios públicos comunes perjudican la calidad de vida y el clima inversor en las ciudades. Impactan además sobre la calidad de la educación y los servicios de salud. Sobre esta base, erosiona profundamente el capital social, es decir, la infraestructura de confianza, valores,
normas, instituciones y redes indispensable para cualquier proceso de desarrollo
social.

En cuarto lugar, una descentralización efectiva, con base en el municipio y unidades
administrativas y políticas incluso menores, como las comunas, para el desarrollo de programas de fuerte compromiso comunitario con las tareas de prevención de la violencia y el delito. Los países de América Latina viven hoy una verdadera revolución silenciosa, que hace del municipio un ámbito central de innovación, diseño y puesta en marcha de nuevas soluciones. Las experiencias de ciudades como San Pablo, Bogotá, Medellin, Caracas, Río, México o Buenos Aires comienza hoy a redefinirse la perspectiva desde la que se enfrentaban tradicionalmente los problemas del
orden y la seguridad. En quinto lugar, un embate decidido contra la corrupción y sus vínculos indudables con la crisis de los mecanismos de ayuda social focalizada y de desarrollo de infraestructuras urbanas. El clima de violencia mina la capacidad gubernamental, determinando crisis de representación, incorporación, participación y eficiencia gubernamental.

La percepción de una corrupción generalizada y de la persistencia de mecanismos
clientelares que distorsionan la objetividad de las políticas y programas sociales genera angustia, resentimiento y rebeldía ante el orden establecido. En sexto lugar, avances igualmente decididos en la reingeniería y modernización de la estructura y funcionamiento del sistema legal, las fuerzas de seguridad y la administración de Justicia.

Expresiones recientes de la ministra Nilda Garré dan cuenta de una actitud loable de autocrítica que bien puede ser el punto de partida de una nueva visión, que seguramente redundará en una mejora de la calidad del debate público, la definición
de cauces y andariveles más efectivos y eficientes para el avance gradual en pos de condiciones más favorables para la reconstrucción de la legitimidad y gobernabilidad democrática.

Por último lugar, nada podrá hacerse sin una verdadera y profunda revolución cultural. La tradición argentina comparte con el resto de América Latina una violencia que reconoce profundas bases socio-culturales. Violencia cruel inclemente no sólo sufrida sino incluso idealizada. Es la violencia arraigada en una cultura profunda de intolerancia, ignorancia e individualismo posesivo. Aún cuando se removieran las causas inmediatas del auge actual de la inseguridad en las ciudades, seguiría constituyendo, por lejos, el principal factor de riesgo en las sociedades de este nuevo
siglo.

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