Un Consejo en crisis

(Columna de Alvaro Herrero, presidente del Laboratorio de Políticas Públicas y Doctor en Ciencia Política -Universidad de Oxford-)

¿Cuáles son los temas más urgentes y preocupantes del Consejo de la Magistratura? En primer lugar, su falta de productividad. En el período 2011-2014 estuvo prácticamente paralizado.

El Consejo de la Magistratura se encuentra inmerso en el proceso de renovación de sus integrantes. Con estas elecciones, se cierra un período notoriamente negativo del Consejo, quizá el peor de su historia, marcado, entre otras cuestiones, por la parálisis del organismo, la falta de consensos, concursos cuestionados y demorados, proliferación de vacantes y, en general, el fracaso de la política pública de designación de magistrados.

Paradójicamente, nada de esto ha sido eje en los debates y propuestas de los candidatos de los distintos estamentos. En realidad, la discusión se ha centrado en definir quién es más opositor al Gobierno Nacional y por ende quién será capaz de balancear el peso político del oficialismo en el Consejo. De esa manera, se ha evitado tocar temas sensibles que deberían haber sido el leitmotif de la deliberación pública. Esto ocurrió, en gran medida, porque no hubo tal proceso de diálogo público sino que los distintos estamentos se han dirigido a sí mismos.

En otras palabras, la discusión no ha sido abierta sino endogámica. Esto ha condicionado en cierta medida la lógica del proceso: no se habla de lo que es conveniente o prioritario para el Consejo sino de lo que es conveniente o prioritario para los intereses de cada uno de los estamentos.

LA AGENDA

¿Cuáles son los temas urgentes y más preocupantes del Consejo? En primer lugar, su falta de productividad. En el período 2011-2014 el Consejo estuvo prácticamente paralizado, algo inusitado en su breve historia. Hasta 2010, por ejemplo, se realizaban (y concluían) un promedio de cincuenta concursos al año. Sin embargo, en los últimos cuatro años el promedio bajó a cuatro concursos por año. En todo 2011 y 2012, por ejemplo, se terminaron cinco concursos, mientras que solo en 2010 se habían realizado 39.

La parálisis del Consejo de la Magistratura se evidencia no solo por la ínfima cantidad de concursos al año sino también por una notoria disminución de las reuniones de sus distintas comisiones. Según datos elaborados por el consejero Daniel Ostropolsky, mientras que en el período 1999-2004 se realizaron en promedio 29 reuniones del plenario al año, esa cifra bajó a 20 para el período 2005-2010, y a tan sólo 10 en el período 2011-2014. La misma tendencia se observa en las reuniones de la Comisión de Selección: se reunió solo 5 veces en 2012 y 2 en 2013, versus un promedio de 44 encuentros en 1999-2005.

Otro gravísimo problema son las subrogancias. La cantidad de juzgados vacantes que están a cargo de un magistrado suplente ya alcanza al 25% del total. Sobre 941 cargos en la Justicia nacional y federal, 239 se encuentran vacantes. Es decir que uno de cada cuatro jueces no ha sido designado de acuerdo al procedimiento establecido en la Constitución, algunos de los cuales son secretarios y los restantes son jueces que además tienen a cargo su propio juzgado. Esto afecta notoriamente la calidad del servicio de Justicia y, en algunos casos, la independencia judicial. Al mismo tiempo se registra un crecimiento sostenido de las subrogancias, que en 2011 representaban el 18% de los cargos del Poder Judicial.

Una arista controvertida de las subrogancias es que según la ley éstas deben ser ejercidas por jueces o abogados de la matrícula federal, no por secretarios judiciales. Este criterio fue confirmado en 2012 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Asociación de Magistrados”. Allí, la Corte opinó que la exclusión de los secretarios de las listas de conjueces dispuesta por la ley 26.376 no era discriminatoria. Ya en 2007, en el caso Rosza, el tribunal había cuestionado la validez de las designaciones de subrogantes que no habían sido realizadas con intervención de todos los organismos y poderes previstos en la Constitución para el nombramiento de jueces.

Sin embargo, el Consejo de la Magistratura, según dicen por impulso de los representantes de los magistrados, insistió con que los secretarios puedan subrogar y, contradiciendo la citada ley y los precedentes de la Corte Suprema, logró que ello quedase habilitado en el Reglamento de Subrogaciones de los Tribunales Inferiores de la Nación aprobado por el Consejo en marzo de 2014. No sería extraño que a la brevedad este reglamento sea cuestionado una vez más ante la Justicia.

EL PODER EJECUTIVO

Si a las falencias del Consejo le sumamos las demoras del Poder Ejecutivo en analizar las ternas que recibe y elevar el pliego de uno de los candidatos al Senado, el panorama se agrava cada vez más. Según datos de la Asociación por los Derechos Civiles, en 2013 el 20% de las vacantes se encontraba demorado en la instancia correspondiente al Poder Ejecutivo. Además, cabe señalar que en muchos casos las ternas permanecen varios años sin resolverse, es decir sin que la Presidenta de la Nación elija el pliego de alguno de los candidatos para obtener la ratificación del Senado.

El diagnóstico es evidente: según todos los indicadores el Consejo de la Magistratura está en crisis. ¿Cómo salir de esta parálisis?

El primer paso se está jugando en estos días. De la nueva conformación del Consejo dependerá la reconstrucción de los consensos y de las relaciones entre los distintos estamentos que se espera permitan reactivar a dicho organismo. La integración de los últimos años fue un rotundo fracaso.

El segundo paso será diseñar e implementar una estrategia para revertir el statu quo. Resulta imperativo impulsar un plan de trabajo para que en los próximos cuatro años avancen los concursos y se reduzca al mínimo la cantidad de subrogancias. Para esto hace falta una estrategia tendente no solo a atender las vacantes que normalmente se producen todos los años sino también las residuales. Asumiendo que en promedio se generan entre 30 y 40 vacantes por año, y fijando una meta del 25% de las residuales, el Consejo debería articular acciones y recursos de forma tal que le permitan seleccionar alrededor de 100 jueces durante los próximos cuatro años.

El tercer y último paso, tan complejo como necesario, consiste en generar los consensos políticos e institucionales que permitan reconstruir la legitimidad del Consejo de la Magistratura. A una génesis controvertida en el marco del Pacto de Olivos, con una puesta en marcha tardía en 1999, se le sumaron una reforma integral unilateral en 2006, y las irresueltas tensiones con la Corte Suprema de Justicia de la Nación por las atribuciones de administración. Desafortunadamente, esto no parece viable durante lo que resta del actual Gobierno.

Esta entrada fue publicada en Edición 107. Guarda el enlace permanente.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

cinco × uno =