A treinta años del “Nunca Más”

(Escrita junto a Federico Finchelstein)

El 20 de septiembre de 1984, los integrantes de la Conadep hicieron entrega al presidente Alfonsín del Informe Final sobre los crímenes de la dictadura, que de inmediato fuera bautizado como el ”Nunca Más”.

La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) se creó el 15 de diciembre de 1983 –fue uno de los primeros decretos firmados por Alfonsín al asumir la Presidencia– con el propósito de esclarecer “los hechos relacionados con la desaparición de personas”, secuestros y asesinatos cometidos entre 1976 y 1983 durante la última dictadura militar. En sus considerandos se señalaba la necesidad de contribuir “al esclarecimiento de los dolorosos hechos producidos en el país como consecuencia de la acción represiva de la dictadura”, recibir las denuncias y producir un informe que recogiera los resultados obtenidos.

Se integró con reconocidas personalidades provenientes de distintos ámbitos, muchas de ellas por su compromiso con la defensa de la democracia y los derechos humanos: Ricardo Colombres, René Favaloro, Hilario Fernández Long, Carlos Gattinoni, Gregorio Klimovsky, Marshall Meyer, Jaime de Nevares, Eduardo Rabossi, Magdalena Ruiz Guinazú y el escritor Ernesto Sábato, a quien los miembros eligieron para presidir la Comisión.

El Congreso debía designar seis representantes, tres por Diputados y tres el Senado. El Senado, con mayoría justicialista, no envió los miembros que le correspondían. En Diputados ninguno de los legisladores de los partidos representados aceptó incorporarse, con excepción de la UCR, que designó a los diputados Santiago López, Hugo Piucill y Horacio Huarte. Todos ellos trabajaron ad honorem con un equipo integrado por cinco secretarios (Graciela Fernández Meijide, Raúl Aragón, Alberto Mansur, Daniel Salvador y Leopoldo Silgueira) y cerca de cien personas en su casi totalidad de organismos de derechos humanos, que cobraron sueldos equiparados a los del Poder Judicial.

El decreto N° 187/83, le asignó al organismo las funciones de recibir denuncias y pruebas, remitirlas a los jueces competentes, averiguar el destino o paradero de las personas desaparecidas, determinar la ubicación de niños sustraídos, denunciar la ocultación de elementos probatorios y emitir un informe final, con una explicación detallada de los hechos investigados. Estableció, además, la obligación de todos los funcionarios del Poder Ejecutivo y organismos dependientes o autárquicos –Fuerzas Armadas y de seguridad incluidas– de prestar su colaboración.

La Conadep no fue facultada a emitir juicio sobre hechos o circunstancias que pudieran constituir materia exclusiva del Poder Judicial.

El decreto estipuló un plazo de seis meses para cumplir con la misión, que se extendió luego a nueve meses. Superados unos primeros momentos de indecisión, la comisión recibió el apoyo de los organismos de derechos humanos y pronto fue visualizada como una instancia confiable, dedicada a la angustiosa tarea de echar luz sobre uno de los capítulos más terribles de la historia de nuestro país. Se libraron más de mil oficios a organismos gubernamentales requiriendo distintos tipos de información, se recibió el testimonio de muchísimas personas detenidas que habían sido liberadas y, en base a ello y a informaciones adicionales, se realizaron diligencias en edificios militares y de fuerzas de seguridad que permitieron identificar cientos de centros clandestinos de detención en todo el país.

Una de las tareas más emblemáticas fue la ubicación dentro de la Escuela de Mecánica del Armada (ESMA) de uno de los centros clandestinos de detención más siniestros.

La Comisión adoptó como procedimiento para llevar a la Justicia las denuncias recibidas el no presentar casos aislados sino casos colectivos, elaborados en base a las personas desaparecidas que habían estado en un centro clandestino de detención. También incluyó en cada caso los nombres de presuntos responsables mencionados en los testimonios y pidió su investigación judicial. Al concluir su labor, se contabilizaron 8.960 casos de desaparición de personas y se identificaron 380 centros clandestinos de detención. Las Abuelas de Plaza de Mayo recibieron ayuda para ubicar niños secuestrados o nacidos en cautiverio y para comenzar a utilizar la tecnología de identificación por ADN. Una tarea adicional que cumplió fue elevar a la Justicia las denuncias recibidas: se elevaron casi 1.100 casos que sirvieron para elaborar las acusaciones. El Informe adjuntaba una carpeta conteniendo los nombres de personas presuntamente involucradas en la comisión de delitos graves; eran individuos que habían sido mencionadas en algunas de las declaraciones testimoniales y que la Conadep había puesto en conocimiento de la Justicia al elevar sus denuncias.

El jueves 20 de septiembre de 1984, los miembros de la Conadep presentaron en la Casa de Gobierno su Informe Final. Una multitud silenciosa colmaba la Plaza de Mayo. Ernesto Sábato entregó las abultadas carpetas, leyó un alegato y pidió la pronta publicación del material. Alfonsín agradeció la tarea realizada en nombre del pueblo argentino.

El 28 de noviembre, dieciocho días después, el Informe fue publicado, por la Editorial Universitaria de Buenos Aires. La primera edición de 40.000 ejemplares se agotó en cuarenta y ocho horas. Luego fue traducido al inglés, italiano, alemán, portugués, haciendo conocer el caso argentino en el ámbito internacional, y llegaron a venderse más de medio millón de ejemplares.

El caudal de información que reunió el Informe resultó decisivo para que la Fiscalía pudiera elaborar y formular su acusación en el juicio a las Juntas Militares un año más tarde. También sirvió para las acusaciones en otros juicios iniciados contra el personal de seguridad y militar involucrado. Se logró la reconstrucción del modus operandi del terrorismo de Estado y el relevamiento de su infraestructura.

La significación histórica de la Conadep sería reconocida en nuestro país, América Latina y otras regiones del mundo. Al crear un precedente judicial sobre el esclarecimiento y sanción de atrocidades masivas amparadas por el Estado, sus resultados representaron una inmensa transformación tanto para la Argentina como para el derecho internacional humanitario, abriendo nuevos caminos para el esclarecimiento y juzgamiento de crímenes de lesa humanidad y para los procesos de democratización de posguerra o posautoritarios.

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