(Artículo publicado por el politólogo Martín Alessandro en la edición Nº29)
Un documento reciente firmado por varios opositores no guarda relación con la situación del país
Hace algunos meses, en esta misma publicación, señalaba en una columna la inutilidad del “acuerdo de gobernabilidad y políticas públicas” firmado entonces por distintos dirigentes opositores. El entusiasmo por la firma de estos pactos parece continuar, dado que recientemente varios de los mismos personajes han suscripto un acuerdo para comprometerse a “cuidar la democracia”.
Como en aquel caso, este nuevo acuerdo me suscita algunas reflexiones. Me pregunto primero que noción de “democracia” manejan los firmantes. Guillermo O´Donnell ha señalado que, para ser considerados “poliarquías”, los regímenes representativos contemporáneos deben constar de tres componentes fundamentales: el democrático, el liberal y el republicano.
El primero implica la participación popular en la elección de los gobiernos, el segundo la fijación de ciertos límites al poder estatal y el tercero la valorización de la cosa pública. El documento para “cuidar la democracia”, en verdad, se centra exclusivamente en lo que podríamos considerar el componente liberal de nuestro régimen poliárquico (los frenos al poder estatal); el aspecto democrático, paradójicamente, es omitido.
Esto puede ser una buena señal: sugiere que las cuestiones estrictamente democráticas (como el funcionamiento del régimen electoral) no son discutidas
por las fuerzas políticas opositoras. Teniendo en cuenta que, en las elecciones de 2007, algunos de estos mismos opositores hablaron abiertamente de fraude y compra de votos, significa un gran avance que ahora no consideren problemático el componente democrático de nuestro régimen político.
Una lectura más pesimista, en cambio, se preocuparía por la noción tan minimalista que la oposición posee sobre la democracia, que no la vincula en ningún momento con sus condiciones sociales o con la participación popular en lo público sino simplemente con la “tolerancia”, la libertad de las “consultoras privadas” o la ausencia de “discrecionalidad en el uso de los recursos del Estado”.
No es necesariamente criticable que los firmantes del acuerdo elijan enfocarse
en un aspecto puntual de la democracia, pero es llamativa la ausencia total de
razones concretas que motivaran la gravedad de lo acordado (“cuidar la democracia
es el imperativo de esta hora”, afirman con un dejo urgente). El tono del documento
sugiere que en la Argentina se viviera al límite de un régimen autoritario, con “intolerancia, persecusiones, señalamientos”, sin mencionar ningún episodio en particular. La omisión no es casual.
Si se aclararan cuáles son las supuestas muestras de autoritarismo (básicamente,
el bloqueo gremial durante algunas horas a la planta de un diario), se notaría rápidamente la distancia brutal entre la gravedad que transmite el texto con la situación real del país. El tono del documento parece evocar a la histórica “Carta 77” de los opositores checoslovacos al régimen comunista de partido único; lo ridículo, claro, es que los opositores argentinos escriban cosas semejantes en un país plenamente democrático y pluralista como la Argentina actual.
Los firmantes se comprometen al “cumplimiento irrestricto de las garantías públicas y privadas que están expresadas en nuestra Constitución Nacional”. ¿Pero qué agrega la firma de este texto a lo ya dispuesto por las leyes y la propia Constitución? ¿Acaso quienes no firman el documento no están obligados a ese cumplimiento de las garantías constitucionales?
Hobbes decía que los pactos que no están respaldados por la espada “son sólo palabras”. Por eso el Estado respalda el cumplimiento de sus disposiciones, incluyendo centralmente a las garantías fijadas en la Constitución, con órganos legalmente autorizados para esa tarea. En un país que posee una Corte Suprema de Justicia que la mayoría de los actores políticos consideran independiente y prestigiosa, no parece existir la necesidad imperiosa de “cuidar la democracia” que señalan estos opositores.
En realidad, este acuerdo es una operación de prensa para intentar instalar el único clivaje (demócratas vs. autoritarios) que podría salvar a la oposición de una catastrófica derrota en octubre. Esperemos que no ocurra como en la fábula, y que de tanto gritar “viene el lobo” cuando no pasa nada, no se termine desvirtuando la necesaria atención que todos debemos prestar a la salud de la democracia.
