Boudou, la excepción y la regla

Para el kirchnerismo, no hay espacios neutrales donde dirimir lo lícito de lo ilícito. Todo se trata de un “choque de discrecionalidades”.

¿Cuánto más aguantará el vicepresidente Amado Boudou en su cargo? No hay salidas “buenas” para este dilema en el que el Gobierno se ha metido, al comprometer su capital simbólico en el destino de una figura que fue dejando jirones de prestigio y respetabilidad pública en el camino, en desmedro de la alta investidura que ocupa. Ocurre que sostener al vicepresidente procesado por corrupción no es algo que le traiga beneficio alguno al Gobierno ni sirva para fortalecerlo en su imagen interna y externa. Pero dejar de tenerlo tampoco dejaría bien parado al Gobierno, que perdería una de sus cabezas; ni a la propia Presidenta, que lo ha ungido y defendido a capa y espada.

No es sólo por las denuncias y testimonios e investigaciones que el vicepresidente Boudou quedó seriamente afectado. El mismo se ha encargado de confirmarlo encarnando una manera de hacer política y meterse en los negocios –públicos y privados– que merece además de la investigación judicial y el proceso penal, unas cuantas observaciones éticas y políticas. Para refrendar las presunciones, llegó el procesamiento, dictado por el juez Ariel Lijo, de todos los involucrados en las tratativas entre la empresa calcográfica impresora de billetes y el Estado Nacional. Allí aparece Boudou implicado en negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho pasivo.

El argumento oficialista entiende que la figura penal de “negociaciones incompatibles” navega en una zona gris entre el mundo de las decisiones políticas y el control de legalidad. Se inscribe así en una de las características de esta época, la judicialización de la política: “Hay una definición ideológica previa para discernir cuánto deben avanzar los tribunales y cuánto debe preservar como ámbito propio el poder político elegido por el voto”, escribió Mario Wainfeld (Página 12, “El impacto político”, 6/7). De tal modo, no habría para esta interpretación un espacio de neutralidad en el cual se pueda dirimir lo lícito de lo ilícito, en términos jurídicos, ni lo admisible de lo inadmisible en términos éticopolíticos. Se trataría, en cambio, de un “choque de discrecionalidades” entre dos lógicas apoyadas en distintas fuentes de legitimidad: la de los gobernantes, que cuentan con la legitimidad de origen que les da el mandato popular y la de los magistrados, en su carácter de representantes del poder contramayoritario.

Es curioso: el mismo oficialismo que defendía la actuación de Boudou en el caso Ciccone (la compra de la firma y el trámite de su posterior estatización) señalándolo como una decisión política legítima y “no judiciable”, pasó a poner el grito en el cielo por la “politización” del caso, defendiendo la presunción de inocencia hasta tanto no se expida la Justicia. Antes era un hecho que no debía ser juzgado y todas las denuncias e investigaciones eran consideradas como parte de una conspiración destituyente. Ahora, se trataría de una actuación que debe ser circunscripta al estricto respeto del procedimiento judicial, mientras el vicepresidente debería seguir cumpliendo sus funciones como si nada ocurriera.

El oficialismo se ufana de aquello que tantas críticas le merecía cuando planteaba su iniciativa de “democratización de la Justicia”: la demora en los procedimientos judiciales favorece en este caso al vicepresidente. A esta altura, dicen, es prematuro expedirse sobre la pretendida culpabilidad de Boudou, que goza de la presunción de inocencia. “El juicio oral llegará con suerte, en 2015, durará años”, sostienen. Desde esta lógica se ha homologado la presunción de inocencia, que rige para la Justicia, con la responsabilidad política de quienes ocupan las más altas investiduras constitucionales y deben responder por sus actos, no sólo dando cuenta de su honestidad y respeto por las leyes sino de la probidad de sus conductas e idoneidad moral. Para eso existe el instrumento del “juicio político” que funciona como resguardo de última instancia del control republicano.

Los diputados oficialistas que recomendaron a sus pares de la oposición releer los libros de derecho no hicieron lo propio con la Constitución. El juicio de responsabilidad está previsto para la calificación del desempeño y eventual destitución del Presidente de la Nación, el Vicepresidente, el Jefe de Gabinete de Ministros, los demás ministros del Ejecutivo y los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en los artículos 53, 59 y 60. La Cámara de Diputados puede acusar a cualquiera de los funcionarios mencionados, por las causales de “mal desempeño”, “delito en el ejercicio de la función” o “crímenes comunes”, correspondiendo el juzgamiento al Senado, que en su caso puede “destituir al acusado” y/o declararlo “incapaz de ocupar ningún empleo de honor, de confianza o a sueldo en la Nación”.

En nuestro país el procedimiento nunca fue puesto en marcha respecto de un presidente o un vicepresidente. Hubiera sido esta una oportunidad, si el principio de la disciplina partidaria no se impusiera sobre el de la libertad de conciencia y la responsabilidad de los legisladores frente a un asunto que debería estar por encima de las diferencias entre gobierno y oposición. Como el juicio político termina sujeto a la relación de fuerzas entre mayorías y minorías en el Congreso, y el juicio penal, a la relación de fuerzas entre el poder mayoritario en el Gobierno y el poder contramayoritario de la Justicia, la permanencia del vicepresidente dependerá, en definitiva, del resultado de ese choque de fuerzas. Una estrategia que, como se vino viendo en las últimas semanas, conlleva crecientes costos para el propio oficialismo pero es coherente con su manera de entender el ejercicio del poder.

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