Repensando la agenda de investigación luego de 30 años de democracia

(Columna de María Esperanza Casullo y José Itzigsohn)

En la Argentina existen “capacidades democráticas” pero resultan insuficientes las “capacidades estatales”

A treinta años de la transición democrática en la Argentina nos podemos, o tal vez nos debemos, preguntar qué tipo de democracia tenemos. Prácticamente parece haber acuerdo en que no se trata de la democracia liberal de partidos fuertes y políticas sociales propias de un Estado de Bienestar con que muchos soñaban en 1983. ¿Se trata, entonces, de una democracia débil? La respuesta es compleja, pero no cabe duda de que la democracia argentina ha demostrado capacidad para procesar y superar crisis económicas, políticas y sociales que en otros momentos recientes hubieran terminado en una ruptura del orden democrático.

Sin embargo, la mayoría de los analistas enfatiza que aún falta mucho para lograr una democracia de calidad en el país. Dos críticas son las más escuchadas: la hiperconcentración del poder y el clientelismo. Estos temas se repiten casi a diario y desde los más variados lugares del espectro ideológico.

Pero, ¿se corresponden estas afirmaciones con las prácticas democráticas del actual período? Por una parte, ambos conceptos se refieren a prácticas que son, hasta cierto punto, opuestas. Si un gobierno tiene la capacidad de gobernar de forma centralizada y autoritaria, no se comprende por qué necesitaría recurrir al clientelismo, y viceversa: la práctica del clientelismo está basada en la dispersión de las redes territoriales de “punteros” que responden a líderes locales. Además, en la literatura sobre el tema se lo vincula más a los gobiernos provinciales y locales que al nacional, lo cual hablaría más de una dispersión multinivel del poder que de una centralización.

Consideremos primero la acusación de clientelismo: en este caso la gente votaría por los candidatos que ejercen el gobierno a cambio de servicios y prebendas personalizadas. Se podría esperar en este caso que en la Argentina fuera casi imposible derrotar a un oficialismo: pues bien, los resultados de las elecciones de los últimos años no confirman esta apreciación. Tanto entre los intendentes del conurbano, como entre los gobernadores de las provincias y en los candidatos al Congreso, ha habido elecciones competitivas y derrotas de los oficialismos en todos los ciclos. Sin ir más lejos, hace sólo pocas semanas el oficialismo kirchnerista fue sonoramente derrotado en el que supuestamente es “el” baluarte clientelar del gobierno: la provincia de Buenos Aires. Sergio Massa pudo ganar incluso en supuestas “áreas fuertes” del kirchnerismo en el conurbano bonaerense. ¡Para clientelistas, los populistas parecerían ser bastante ineficientes!

Ciertamente, la competititividad de las elecciones en la Argentina en todos los niveles es alta. Si la comparamos con otros países de la región, veremos que en las últimas elecciones presidenciales en Chile votó menos de la mitad del electorado. En Estados Unidos también vota un porcentaje menor del electorado, y la tasa de reelección de los incumbents de ambas cámaras del Congreso fue del 90%, mientras que para Jones, Saiegh, Spiller y Tommasi, el porcentaje promedio de diputados reelectos en la Argentina entre 1983 y 2001 fue sólo del 20% [1]. En Estados Unidos, además, cada diez años los partidos con mayoría en las legislaturas provinciales dibujan los distritos electorales para garantizar la elección de sus candidatos.

Si la democracia argentina no es clientelista, ¿qué podemos decir de la concentración de poder en la figura presidencial? En el caso de Cristina Fernández las mayores reformas de su mandato (ley de medios, nacionalización de las AFJP y de YPF, ley de matrimonio igualitario) fueron aprobadas por amplias mayorías legislativas. El Gobierno ha sido respetuoso de la Corte Suprema cuando ésta votó en contra de reformas que el Gobierno había aprobado en el Congreso, como la reforma de la justicia. Durante el año en que estuvo en minoría parlamentaria, el Gobierno gestionó sin un presupuesto aprobado. Los gobiernos kirchneristas hicieron un uso limitado de los DNU y del veto legislativo, comparado con los presidentes anteriores.

A treinta años de la transición democrática y a trece de la implosión del sistema político en la crisis del 2001, la democracia argentina muestra altos niveles de competitividad electoral y de capacidad de presentación de demandas por parte de la población. El sistema político funciona, con sus más y sus menos—como todos los sistemas democráticos- y de manera por cierto heterodoxas para lo que indica “la teoría”. Pero funciona. La repetición irreflexiva de que es una democracia clientelista y con la autoridad hiperconcentrada en la figura presidencial parece no tener asidero en las actuales prácticas políticas y obtura la posibilidad de una discusión necesaria sobre los problemas reales de las instituciones políticas del país. Ni el clientelismo ni la hiperconcentración del poder son los problemas principales de la Argentina, y no deberían ser el foco de la mayoría de los análisis políticos.

Esto no significa que la democracia argentina no tenga falencias y problemas. Sin ir más lejos, hemos visto en los días pasados episodios gravísimos de acuartelamientos policiales, saqueos y represión. Pero si analizamos estos hechos veremos que justamente el mayor problema no parece ser una excesiva concentración del poder en manos del Ejecutivo Nacional, sino una falta de capacidad de disciplinamiento por parte de los ejecutivos provinciales y del Nacional a las fuerzas de seguridad ciudadana. El hecho de que la policía pudiese obtener todas sus demandas extorsionando abiertamente con una degradación de la seguridad pública y que no pague por esto hasta ahora costo alguno habla más bien de una debilidad de los poderes ejecutivos tanto Nacional como provincial que de una excesiva fortaleza. Lo mismo cabe decir de las evidencias de la connivencia de altos niveles policiales con redes transnacionales del narcotráfico, evidencias que, por otra parte, fueron una de las causas de los levantamientos de Córdoba y Santa Fe.

A modo tentativo, podemos tal vez decir que las principales falencias de la democracia argentina no se encuentran en el sistema político, sino en el Estado. Casos como los problemas de política macroeconómica, las sublevaciones policiales y la dificultad en avanzar hacia grados mayores de desarrollo muestran que las falencias más claras pertenecen al Estado, en tanto sistema de capacidades de coordinación y organización de la vida social– y Estado entendido no sólo como Estado nacional, sino como la superposición, y competencia, de muchos “estados” situados en varios niveles–. Para decirlo de esta manera: en la Argentina existen “capacidades democráticas” pero resultan insuficientes las “capacidades estatales”.

[1] Jones et al, “Amateur Legislators – Professional Politicians: The Consequences of Party-Centered Electoral Rules in a Federal System” , 2002.

Esta entrada fue publicada en Edición 93. Guarda el enlace permanente.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

4 × 2 =