(Artículo publicado por el politólogo Martín Alessandro en la edición Nº27)
La relación entre sindicatos, política y grupos de poder en la Argentina y Estados Unidos. El aporte de la reforma política y su impacto en la vida política
En una conferencia realizada durante su reciente visita a la Argentina, el politólogo
Adam Przeworski comentaba que, a su juicio, una de las mayores amenazas para los
regímenes democráticos contemporáneos es una influencia desmedida del big business en el proceso político. Como respuesta a ello, decía, es importante contar con organizaciones sindicales fuertes, que compensen la capacidad de lobby de las entidades empresarias.
Si bien los argumentos inmediatos de la propuesta republicana pasan por una reducción del déficit fiscal, el presidente de su bloque en el Senado estadual había sido explícito sobre los objetivos más estructurales del proyecto que le quita poder de negociación a los gremios: “Si ganamos esta batalla, y la plata ya no está bajo el control de los sindicatos, ciertamente será más difícil para el presidente Obama ganar el estado de Wisconsin”.
Sindicatos más débiles implicarían indudablemente un beneficio para los republicanos
en desmedro de los demócratas. Y obligarían a éstos a adoptar programas más business-friendly, de manera de atraer aportantes entre las entidades empresarias.
En otras palabras, se efectivizaría esa amenaza de la que hablaba Przeworski.
Además de este efecto partidario, un mayor debilitamiento de los sindicatos profundizaría la creciente desigualdad en la distribución del ingreso en los Estados Unidos: desde finales de los años '70, el ingreso del 1% más rico de la población creció
más del 250%, mientras que el de la clase media no aumentó más del 20% y el de los
más pobres no más del 10%. Hoy, el 90% de la población (todos, menos el 10% más rico) sólo obtiene el 27% del ingreso nacional total.
Ocurre que el declive de los sindicatos (en relación a su período dorado entre los años '30 y '60 del Siglo XX) no sólo ha afectado a los sectores de menores recursos sino también a la clase media, cuyo ingreso era históricamente apuntalado por los beneficios para los sectores populares obtenidos por los sindicatos. Parte del debilitamiento de los sindicatos obedece a fenómenos como la globalización, la revolución tecnológica y otras transformaciones en la estructura de la economía
y de la sociedad.
Pero otra parte responde también a una estrategia de los sectores más poderosos por imponer una cosmovisión crítica del rol sindical y del intervencionismo estatal. Esta intensa campaña proselitista ha logrado convencer a algunos ciudadanos y, sobre todo, ha logrado confundir a la mayoría: según una encuesta reciente, la mayoría de los estadounidenses subestima enormemente la proporción del ingreso total que
obtienen los sectores más acomodados.
Por eso, intentos más “populistas” de los demócratas y de los sindicatos por impulsar políticas redistributivas chocan contra cierta indiferencia social. Como es evidente, la correlación de fuerzas en el tablero político y la distribución del ingreso social se influyen mutuamente. Si el aporte de los más ricos es esencial para las campañas políticas, es probable que las decisiones gubernamentales y legislativas reflejen esa dependencia; la siguiente ampliación de la desigualdad económica, producto de esas decisiones, sólo contribuirá a seguir reforzando la preeminencia de los más poderosos en el escenario político.
Larry Bartels, politólogo de la Universidad de Princeton, ha mostrado que los senadores estadounidenses, en sus votaciones legislativas, son notoriamente más receptivos a los intereses de sus representados más acaudalados que a los de la clase media y los más pobres. Buena parte de estas reflexiones son aplicables a nuestro país. Los sindicatos, aun requiriendo profundas reformas democráticas y de transparencia internas, son actores imprescindibles de cualquier política
que intente reducir las disparidades sociales.
Los partidos sin vínculos con los sindicatos resultan, como en Estados Unidos, demasiado dependientes del big business para pensar que podrían implementar decisiones contrarias a dichos sectores, que sostienen en buena medida sus actividades electorales. De todas maneras, vale destacar que la reforma política del año 2009 en la Argentina, aprobada a pesar de la oposición de varias fuerzas políticas, sin dudas reducirá la dependencia financiera de los partidos, al garantizar espacios televisivos para el desarrollo de las campañas.
En este sentido, y aunque haya sido un aspecto muy poco valorado en la discusión legislativa y mediática del proyecto, la reforma puede implicar un salto de calidad democrática que atenúe significativamente la influencia de las corporaciones en la política. Continuar reduciendo la desigualdad social es el otro elemento indispensable que fortalece la calidad de la democracia, en este juego de influencias recíprocas entre acceso al poder político y distribución de la riqueza.
La vinculación entre ambos fenómenos remite siempre a la vieja pregunta del clásico ¿Who governs? de Robert Dahl: “en un sistema político donde casi todos los adultos pueden votar pero donde el conocimiento, la riqueza, la posición social, el acceso a los funcionarios y otros recursos están desigualmente distribuidos, ¿quién gobierna realmente?”.
