Voto a los 16: ¿ampliación de la ciudadanía o manipulación política?

(Columna del politólogo Gustavo González, docente e investigador de la UBA, la USAL y la UAI, y especialista en sistemas electorales)

“Es la fiebre de la juventud
la que mantiene el mundo
y la temperatura normal”
Georges Bernanos

En 2012, el oficialismo propuso reducir el derecho al sufragio de 18 a 16 años (para esta franja etaria el voto será optativo). Esto abrió un debate en torno a su necesidad, conveniencia y pertinencia futura. En la historia de la participación ciudadana, toda ampliación de ciudadanía y cambios importantes en el sistema representativo han generado voces disonantes y, desde diversos lugares, se explicitaron temores en la ampliación electoral.

Desde la teoría política, la limitación del voto ha sido una constante. Muchos han sido los que pusieron reparos ante la “tiranía de las mayorías”: los no propietarios, los analfabetos, los solteros, las mujeres, etcétera, han sido limitados del voto por diversos motivos. Su apertura no se inscribe a corriente ideológica alguna, ya que existen defensores y detractores tanto en la izquierda como en la derecha, sino que dependió del momento y lugar.

Introducirnos en estos temas es discutir nada menos que nuestra democracia representativa y los límites de ella. Tema que cobró un largo debate en el Siglo XIX y XX, tanto en la teoría (Bentham, James Mill, Stuart Mill, Shumpeter y otros) como en la propia praxis y en la lucha por la ampliación del sufragio. La propia concepción de democracia supone dinamismo, estar en transformación es su condición natural y, esto, sin dudas, genera conflictos.

La búsqueda de la ampliación del voto nos lleva necesariamente a discutir los límites de la democracia, quienes tienen derecho electoral y son sujetos del demos.

APORTES AL DEBATE

Salvo alguna excepción, todos los gobiernos del mundo que buscan modificar el sistema electoral, o ampliar la base electoral, lo hacen sobre la presunción de considerar que tal modificación trae beneficios selectivos a quienes la aprueban. El Gobierno Nacional está convencido que la franja etaria más joven tiene una fuerte afinidad al oficialismo, por ello ha puesto en discusión, mediante un proyecto de ley, la posibilidad de que los ciudadanos a partir de 16 años puedan votar.

En el marco del terreno normativo y de ampliación de derechos, la discusión no debe plantearse en términos coyunturales, y si estos son los planos, debe saberse que en temas electorales lo que hoy beneficia mañana puede perjudicar, porque el humor político es cambiante, y si las reglas se mantienen intactas, los actores sociales (representados y/o representantes) pueden modificar las conductas. No quedan dudas que el Gobierno ve a esta medida como beneficiosa en el corto plazo, y por eso tiene una estrategia de intromisión de sus agrupaciones en el ámbito escolar.

Ya es conocida la política deliberada para captar a este electorado, pero el sólo reconocimiento de nuestra finitud, que todo tiene plazo perecedero y que el ánimo electoral puede modificarse, debe inscribirse a esta discusión en un plano superior. Toda incorporación a la vida política de nuevos ciudadanos/as es una buena noticia, que se relaciona con las luchas por los derechos electorales, y los argumentos deben sostenerse prescindiendo de quien la esgrime, la apoya o quien proponga la iniciativa. Hacerlo sería correr en el sentido de una democracia embrionaria.

Estas medidas trascienden nuestra propia existencia y por ello nos obliga a tener miradas superadoras al presente.

La especulación electoral es un dato de la realidad; así ocurrió con el sufragio obligatorio o el voto de la mujer. No hay dudas de que en ambos casos hubo especulación. En el caso de la ley Sáenz Peña, los conservadores buscaban ampliar la legitimidad electoral, convencidos que la presión de sus estancieros sería suficiente para sostenerse en el poder. En el voto femenino, la ampliación electoral traería beneficios al partido de gobierno que la aprobara.

No obstante, en el largo plazo, todos nos vimos beneficiados con la incorporación electoral de una masa de la ciudadanía, que hasta el momento no podía participar en el terreno electoral. Nadie en la Argentina, desde ninguna postura ideológica, propuso quitar esos derechos y obligaciones por considerarlos un retroceso a nuestro sistema democrático. Desde diversos lugares siempre se ha buscado matizar el sufragio universal. En alguna etapa, el voto de los propietarios, de los casados y de los mayores se justificaba desde un mismo plano. Los no propietarios, los solteros y los menores no tienen responsabilidad ni nada para perder, se creía. También se consideraba que desconocen los mínimos datos de la economía y, por lo tanto, se lo excluía del voto. La exclusión de los analfabetos tenía una connotación cultural elitista, de allí que el voto censitario sería un freno lógico al “avance demagógico”.

Paradójicamente, la exclusión de la mujer se producía por inclusión. El argumento aquí era que el voto del hombre de la casa incluía al de su mujer, entonces no tenía sentido alguno que ella se molestara a la mesa electoral. En España incluso se pensaba que la mujer era más influenciada por la Iglesia y, por ello, hasta algunos partidos de izquierda se oponían a su incorporación.

LAS CRITICAS

Las voces que se alzan en contra del voto de los 16 años aducen que éstos podrían ser producto de la manipulación. En rigor, en nuestro país no existe una diferencia etaria en el comportamiento electoral, esto es, nada indica que el sufragio de un joven de 17 años se diferencie de alguien de 42 o de 55 años. Los estudios electorales muestran que en Argentina, la base socioeconómica del electorado tiene un impacto central en el proceso de toma de decisiones, mientras que no se observan grandes variaciones en franjas de edades. Tampoco se sostiene el argumento que los jóvenes son manipulados de manera más sencilla que los adultos: no existen datos empíricos ni estudios serios que así lo indiquen.

Otros argumentos sostienen que la penetración del partido de gobierno en las escuelas tiene un impacto directo en el resultado electoral próximo. Estas posiciones, una vez más, colocan al joven en un lugar de sujeto manipulable, acrítico o irracional. Las diversas expresiones juveniles en música, pintura, ONG’s, partidos políticos, sindicatos, movimientos sociales, etcétera, indican justamente los contrario. Hay que tener en cuenta que los inscriptos para votar de esa edad no superan los 700.000 votantes, aproximadamente un 3% de los electores, es decir, que el impacto final será nulo. Un tercer argumento en contra es la etapa madurativa de los jóvenes.

La obligatoriedad a los 18 años se aprobó en el año 1912, pero los jóvenes de antaño no tienen las mismas características que los actuales y la información a la que acceden tampoco son comparables. Por otro lado, la subestimación del joven no es novedosa. Hipócrates, en el Siglo V antes de Cristo, decía que “los jóvenes de hoy no parecen tener respeto alguno por el pasado ni esperanza ninguna para lo porvenir”.

El artículo 12 del Código Nacional Electoral, vigente desde 1972, establece ciertas exenciones de los sufragantes. Aunque todo elector tiene el deber de votar, quedan exentos ciertos funcionarios públicos y empleados en cumplimiento de un deber público, los enfermos, quienes estén a más de 500 kilómetros del lugar donde votan y los mayores de setenta años. La obligatoriedad del voto tiene rango constitucional desde la reforma de 1994, cuando ya existía la exención de mayores de 70, pero no la de menores de 18. Por otro lado, el espíritu de la exención de los mayores de 70 es distinto al esgrimido en el caso jóvenes de entre 16 y 18.

Por esto (y por el mismo debate de 1912 sobre la ampliación de la ciudadanía) recomendamos la obligatoriedad del mismo.

Existen países que han adoptado esta medida y no han encontrado nada perjudicial en ella. Austria, Eslovenia y Chipre ya lo implementaron, en algunos Estado alemanes también, así como en cantones suizos y comunas noruegas. Inglaterra y España la están discutiendo. En América Latina, en Nicaragua, Ecuador, Cuba y Brasil los ciudadanos votan desde los 16; en Chile y Uruguay se está debatiendo este tema y en Irán se vota desde los 15. Ninguno de los países citados está evaluando la rectificación de la medida. No resulta menos cierto que la ampliación de la ciudadanía abre debates a nuevos derechos y obligaciones de los jóvenes.

No debemos, en este sentido, cerrar las puertas a estas posibilidades. Nuevos derechos sociales, económicos y culturales requieren ser atendidos en una sociedad pluralista que busca ser más democrática. Las democracias modernas no pueden funcionar bajo niveles de desigualdad tan profundas y eso debe ser revisado de manera urgente. Por tanto, resulta necesario un debate franco de ideas en torno a la ampliación del derecho electoral, no desde la coyuntura, que no es buena consejera en estos casos y resulta inconducente.

Toda ampliación de la ciudadanía reviste un carácter de democratización del sistema e inclusión de los jóvenes, quienes en muchas oportunidades son víctimas del mundo adulto, pero en pocas oportunidades se les pide opinión. Incorporarlos al mundo político es incluirlos, es confiar en ellos como sujetos críticos y participativos. En una democracia que busca consolidar sus bases de sustentación, que necesita rediscutirse de manera permanente, el derecho electoral debe acompañar a un proceso más amplio y complejo, en donde la democracia no se conforme con un mero acto eleccionario, sino que sea una democracia participativa con compromiso social.

REFLEXIONES FINALES

Las actuales democracias en América Latina obligan a constantes replanteos. Luego de la recuperación democrática de los ‘80, la agenda política ha virado de una consolidación democrática, cuyo objetivo era sostenerse en el tiempo, a una mejora en la calidad de sus instituciones y nuevas formas de participación.

Un Estado que contemple a los adolescentes en nuevas formas de participación política, que no se limiten al mero acto electoral, resulta necesario en las nuevas formas de representación. Incorporarlos como sujetos activos del sistema electoral resulta un avance en la vida política de un pueblo, y esto requiere un esfuerzo consciente del mundo adulto. La base de la ampliación política es un prerrequisito de la mejora del sistema democrático, pero este debe ir acompañado con formas reales y más efectivas de participación e incidencia en la vida política.

Resulta saludable que varios países del mundo discutan el modo de implementar el sufragio y la incorporación de nuevos sujetos sociales, pero es necesario que no sea sujeto a especulaciones coyunturales porque eso sería contrario a la calidad democrática.

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