Sur, corrupción y después

(Columna de Nicolás Tereschuk)

La corrupción es un problema en los BRICS, con los cuales la Argentina guarda similitudes. ¿Qué decisiones tomaron?

El Código Penal es un texto claro sobre el cual no hay demasiadas consideraciones políticas que realizar. El periodismo, a su vez, es una actividad de la que todos conocemos tanto potencialidades como limitaciones –sobre todo cuando se dan en un contexto en el que grupos empresarios de medios aparecen enfrentados a un gobierno por una regulación de ese negocio–.

En una semana en la que a una investigación periodística que buscó vincular a empresarios cercanos al kirchnerismo con presuntas operaciones de lavado de dinero, se sumaron informaciones sobre dos empresas que cotizan en la Bolsa de Nueva York y que aseguraron haber pagado sobornos para hacer negocios en el país, vale la pena avanzar en algunos elementos que sirvan para análisis de este tipo de denuncias y su tratamiento político.

Me interesa en ese marco repasar qué ocurre en países que son, en muchos aspectos, primos hermanos de la Argentina, los BRICS, en materia de corrupción y cuál es el “enfoque político” hacia el tema de sus gobiernos. Con una producción que viene de experimentar un rápido crecimiento y en donde el Estado ha extendido su influencia, en un contexto de un mayor peso de los países del Sur en el comercio internacional, algunas de las situaciones a las que se enfrentan estos países son dignas de ser analizadas en forma comparada. En este sentido, si bien la Argentina no es Brasil, ni China, India, Rusia o Sudáfrica, ha crecido en vinculación y elementos en común con estos países e integra varios clubes junto a ellos, entre ellos, el G20.

No se trata aquí de consolarse como un “tonto” ante el mal de “muchos” sino de evaluar las distintas formas en que la corrupción se convierte en estos países en un fenómeno de primer nivel de atención no sólo por parte de las oposiciones, la prensa o las instituciones judiciales. Ocurre así que el debate sobre la transparencia (o la falta de ella) en el manejo de la cosa pública le impone a los gobiernos implementar a su vez determinadas acciones de tipo “político”.

“Las autoridades de los BRICS están luchando por mantener su legitimidad política, ante tasas de crecimiento declinantes, una creciente división a partir de la riqueza y los niveles de corrupción percibidos”, señaló en un reciente informe la fundación alemana Bertelsmann. Además, la organización no gubernamental remarcó que en estos países se requieren “urgentes reformas en la política social” y que esa situación “amenaza con la inestabilidad, a partir de una inequidad extrema y extendida corrupción”.

En un reporte del mes pasado sobre gobernanza sustentable en estas naciones, esta fundación citó las palabras del ex presidente chino Hu Jintao en el Congreso del Partido Comunista del año pasado, cuando remarcó problemas no resueltos por ese régimen como el federalismo fiscal y la falta de transparencia. Ante 2.270 dirigentes, Jintao tomó la cuestión de la corrupción como prioritaria y de manera explícita remarcó: “Castigaremos sin clemencia a cualquier persona involucrada, sea cual fuere su poder o su cargo, siempre que viole la disciplina del partido y las leyes del Estado”.

Si tomamos el caso brasileño, veremos cómo el tema de la corrupción también aparece como una problemática política y social importante. Por un lado, el Tribunal Supremo Federal condenó en octubre pasado a 25 personas por el caso del mensalão. Entre los condenados estuvo nada menos que José Dirceu, el funcionario con más poder durante el mandato de Lula. Este mismo mes, los coletazos de esa investigación continuaron y la Policía Federal brasileña comenzó una investigación para determinar si el propio ex Presidente tuvo vinculación con los hechos denunciados. Poco después, la ex asistente personal del líder del PT, Rosemary Novoa Noronha, fue el centro de otra investigación oficial por un esquema de presunto tráfico de influencias. “Siento que me apuñalaron por la espalda”, aseguró Lula ante esa situación.

“Yo no tolero la corrupción, y mi gobierno tampoco. Si hay sospechas fundadas, la persona debe partir. Pero por supuesto, no hay que confundir esas investigaciones con una caza de brujas propia de regímenes autoritarios”, dijo Dilma Rousseff al diario francés Le Monde a fines del año pasado. Y en cuanto a las acusaciones contra Lula no dudó en calificarlas de “lamentables” y definirlas como “tentativas para empañar el inmenso respeto que el pueblo brasileño tiene” por el ex líder sindical.

Del otro lado del mundo, en Rusia, Vladimir Putin, antes de asumir en 2012 un nuevo mandato, reconoció que su país afronta una “corrupción sistémica” que expulsa las inversiones. El hombre fuerte de Moscú señaló que “el principal problema es la falta de transparencia, la ausencia de control por parte de la sociedad sobre los funcionarios, las aduanas y los servicios fiscales, el sistema judicial y las fuerzas del orden”. “Esto es corrupción sistémica, si llamamos a las cosas por su nombre”.

Mientras tanto, en la India, una manifestación convocada por organizaciones sociales tuvo como eje quejas de los ciudadanos por la corrupción en enero de 2011. El activista Anna Hazare realizó ese año una huelga de hambre que obligó al Gobierno a firmar una serie de acuerdos de medidas de transparencia.

En Sudáfrica, el presidente Jacob Zuma, que asumió en 2009 su actual mandato, luego de ocho años de acusaciones por cargos de corrupción que la Fiscalía General de ese país retiró dos semanas antes de las elecciones, sin que se produjera un juicio. En diciembre del año pasado, Zuma condenó, en el discurso de apertura del Congreso Nacional Africano (CNA), la violencia, la corrupción y los sobornos en el país y en el partido. Durante su alocución, el mandatario abogó por “sanar el partido”. Y apuntó contra los afiliados que recurren a la violencia para resolver sus problemas, así como la “compra” de apoyos.

En febrero pasado, el Gobierno de Zuma anunció que publicará la lista de todos los funcionarios condenados por casos de corrupción. “En los próximos días publicaremos los nombres de todos aquellos que fueron condenados por casos de corrupción y de todos a quienes el Estado congeló o confiscó sus bienes (…) para que la gente pueda saber quiénes son estas manzanas podridas de la sociedad sudafricana”, declaró a la prensa el ministro de Justicia, Jeff Radebe. “Se trata de información pública. Está en los archivos de nuestros tribunales, por lo que no hay ningún problema en nombrar a estas personas”, justificó el funcionario, quien dijo que el actual Gobierno busca “que el público sea consciente de lo que pasó”.

Como se ve, ninguno de estos gobiernos entró en crisis o en descomposición a partir de denuncias de corrupción. Todos ellos han adoptado algún tipo de estrategia “política” para apuntalar su legitimidad y estabilidad ante las acusaciones. No son pocos los casos en que los propios líderes que han sido “tocados” por sospechas encaran procesos de “limpieza” o campañas a favor de la transparencia.

Qué nivel de impacto político tendrán las acusaciones de corrupción que se conocen por estos días en el país aún está por verse. Y cuál será la estrategia política del Gobierno ante esa situación, más allá de lo que ocurra en los estrados judiciales será otra de las incógnitas a ser develadas.

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