Los grandes debates vienen girando alrededor de reformas institucionales que plantea el oficialismo.
A partir de la reforma de 1994, la Constitución Nacional incorporó dos mecanismos de democracia directa, y uno de democratización de la agenda legislativa: el referéndum, la consulta popular no vinculante y la iniciativa popular, respectivamente. Fueron una verdadera innovación en la profundamente antipopulista Carta Magna de 1853, que en su célebre artículo 22 dice que el pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución, y que toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo y peticione a nombre de este, comete delito de sedición.
Ahora, y desde hace casi veinte años, el artículo 40 dice que la Cámara de Diputados puede convocar y someter a consulta popular un proyecto de ley, que se promulga en forma automática si el voto popular es afirmativo ya que el Presidente no puede vetarlo, y también que tanto el Presidente como el Congreso pueden convocar a consultas populares no vinculantes. Sin embargo, estos dos instrumentos que la reforma les concedió a los movimientos populares argentinos todavía duermen bajo el arbolito, envueltos con moño y en papel de regalo. Nunca, desde la vigencia de la nueva Constitución, el Presidente o el Congreso convocaron al pueblo a intervenir sobre una política pública controvertida.
Esta ausencia es un desafío para todos aquellos que, desde la reivindicación o la crítica, atribuyen al kirchnerismo el carácter de populista. Ya que todo populismo que se precie de tal, y que tiene el mecanismo de democracia directa a disposición, lo usa. La pregunta sobre la relación entre kirchnerismo y populismo siempre es interesante. Sin dudas, en una fase inicial de débil respaldo electoral, y como respuesta a coyunturas complicadas, el kirchnerismo apeló a mecanismos y discursos populistas para gobernar.
Pero en el actual momento político argentino, puede ser más interesante el preguntarse por la relación entre kirchnerismo e institucionalidad. Estamos frente a un kirchnerismo de otra edad. Cumpliendo una década de gobierno y en su tercer mandato consecutivo, se trata de una de las experiencias políticas más estables de los últimos cien años. Un proceso político de estas características tiende a querer regularizar y rutinizar sus políticas públicas. Busca, en definitiva, una institucionalización.
La institucionalidad es una materia pendiente de la democracia argentina. Y muchos de los que hablan de instituciones (palabra que, cabe destacar, tiende a desaparecer sigilosamente de algunos vocabularios) con frecuencia no saben bien de qué están hablando. No se trata de la vigencia de normas antediluvianas, ni mucho menos de consensos divinos que mágicamente se imponen sobre la política. Tampoco, hablar de instituciones implica referirse a los contenidos de las mismas. Las instituciones políticas son arreglos, en general con forma de leyes, que surgen de la política misma, y la Argentina carece de instituciones sólidas porque careció, durante mucho tiempo, de una política sólida.
El alfonsinismo y el menemismo desaprovecharon oportunidades de crear instituciones políticas y económicas. Alfonsín tuvo poco tiempo y apoyos, y la era Menem se caracterizó por introducir un andamiaje demasiado dependiente en una fórmula que no duró: caída la convertibilidad y los pilares del modelo menemista, el marco legal de los noventa sucumbió en 2002.
La administración kirchnerista no se caracterizó, en su impulso inicial, por la institucionalización de sus políticas. Buena parte de su gobernabilidad fue implementada a partir de un conjunto heterogéneo de decisiones administrativas. Las incertidumbres de la sucesión plantean una nueva agenda metodológica, con fuertes incentivos para institucionalizar políticas. Si quiere perdurar, el kirchnerismo debe dejar su impronta en leyes, regímenes, burocracias y mecanismos. Tal vez, a eso estamos asistiendo a partir del 2012.
Los grandes debates vienen girando alrededor de reformas institucionales que plantea el kirchnerismo, siendo la ley de medios audiovisuales y la “democratización de la Justicia” las dos más polémicas, y la resistencia, en formato populista, de la oposición partidaria y la sociedad civil antipolítica. Los términos del conflicto parecen haberse invertido.
