El Gobierno procura controlar la agenda

Con la propuesta para reformar el sistema judicial, la Presidenta quiere recuperar la iniciativa.

La presentación pública, en el Museo del Bicentenario y flanqueada por representantes de la casi totalidad de las organizaciones representativas de la magistratura, de los seis proyectos legislativos orientados a la conformación de “una Justicia legitima, ágil y democrática” han vuelto a colocar el problema de la reforma judicial en el centro mismo de la agenda política nacional.

El evento, suspendido la semana anterior en razón del fuerte impacto social y mediático de las inundaciones, tuvo poco de sorpresivo aunque no por ello deja de ejercer el principal efecto político buscado. De aquí en más, y seguramente a lo largo de la campaña electoral, la cuestión de la Justicia gravitará de modo decisivo en el debate público y la discusión políticoelectoral. “Quien controla la agenda –reza un viejo principio del management de campañas electorales –controla todo el proceso y si sitúa en una posición de ventaja a veces indescontable sobre el resto de los adversarios en la contienda” .

Las razones son obvias. Quien impone la agenda impone los contenidos, el ritmo, los tiempos y la iniciativa política. Fuerza, al mismo tiempo, al repliegue adversario hacia posiciones defensivas y a actuar por reacción. Cuando ese adversario es, al mismo tiempo, una coalición inorgánica de fuerzas con muy pocas cosas en común y tradiciones interpretativas diversas y contradictorias, la provocación programática logra, como resultado adicional, el agrietamiento de los aliados y la emergencia de factores que dividen y ponen en riesgo los elementos programáticos comunes.

Un buen ejemplo es el del fuerte ataque programático que el Gobierno Nacional desencadenó sobre el Congreso y la opinión pública en el otoño de 2009. No sólo devolvió la iniciativa y el control de la agenda a un gobierno desgastado y deprimido por la derrota electoral del propio Néstor Kirchner en junio del 2009. Lo que es mucho más importante, dividió a la oposición, puso en evidencia sus diferencias, la situó a la defensiva y neutralizo la ventaja parlamentaria lograda en la renovación de las Cámaras. Fue el control de la agenda y su efecto sobre la oposición lo que sentó las bases para la reacción posterior que, sobre todo a lo largo del 2011 hizo posible la victoria demoledora de octubre del mismo año.

La cuestión de la Justicia tiene en este sentido varias ventajas. Al igual que otros proyectos que han cumplido similar cometido con particular eficiencia – las leyes de medios, matrimonio entre iguales y la propia reforma de los códigos civil y comercial– el paquete de reformas tiene todos los atributos para desempeñar la función para la cual han sido diseñados e implementados.

Por un lado, ponen en el centro del debate los aspectos más irritantes de la visión “republicana” de la Justicia: el patrimonio de los jueces, su inadmisible exención impositiva, el ingreso de los empleados a la administración de Justicia, el ingreso y control de las causas, los claroscuros de la administración de los recursos, los privilegios y status de los jueces y magistrados, la parálisis del sistema de nombramiento y remoción de magistrados y, sobre todo, la pretensión del gobierno de los jueces y los excesos del régimen de las medidas cautelares. Desde hace años, las tendencias sociales vienen reflejando un fuerte cuestionamiento social al estado de la Justicia en los temas reseñados.

A partir de la renovación de la Corte, destaca el prestigio y capacidad de liderazgo ganado, a través de la generación de una nueva doctrina judicial que cabalga entre los nuevos atributos del liberalismo judicial, el neoconstitucionalismo y el activismo social y los atributos tradicionales del control republicano de las leyes y actos de gobierno, mediante una concepción renovada y activa del control de constitucionalidad. Sin embargo, más allá del prestigio de la Corte, la imagen de la Justicia en general registra niveles aun más bajos que otros actores de la vida política tradicionalmente cuestionados por la sociedad, tales como los dirigentes sindicales o los senadores.

El debate por la Justicia pondrá sobre la balanza, por un lado, la imagen de ésta y el reclamo social de reformas. Por otro, pondrá en el platillo opuesto el inocultable afán del Gobierno por controlar un poder incómodo, con pretensiones de protagonismo peligrosas para el modelo político vigente y con lazos importantes con la visión política de la oposición. El balance será difícil. Forzará definiciones políticamente costosas para todos y el resultado está muy lejos de ser evidente.

No es el fondo del debate el que interesa por el momento a un Gobierno ansioso por recuperar la iniciativa y, sobre todo, controlar cuanto antes las expectativas de la amplia franja que ocupa el centro del espectro electoral. Este y no otro es el objetivo político real e inmediato. ¿Cederá la oposición a la tentación de aceptar una provocación de esta entidad?

A la luz de la experiencia de estos años, es bastante posible. Resta por considerar, sin embargo la gravitación objetiva de los temas y problemas que el relanzamiento de la cuestión de la Justicia intenta desplazar de la agenda. La realidad tiene sus propios niveles de densidad. En un punto, las alquimias electorales suelen enfrentar límites naturales. Aunque siempre hay margen para que los dirigentes políticos vuelvan a tropezar, una y otra vez con las mismas piedras.

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