Neocorporativismo neoliberal

(Columna de Alejandro Bonvecchi)

La respuesta del Gobierno a los desafíos económicos muestra inconsistencias que tensionan a su coalición electoral.

Tal cual ha sido definida en los últimos días por la reacción presidencial a la escalada del dólar paralelo, la oferta actual de política económica del Gobierno ha pasado a constituirse como una mezcla de neocorporativismo y neoliberalismo. Observada desde la óptica exclusiva del diseño de política económica, esta oferta sería inconsistente: los elementos neoliberales neutralizarían los efectos de los neocorporativos, y viceversa. Observada desde la economía política, la oferta mostraría las dificultades del Gobierno para modificar la estructura de su coalición de manera tal de ajustarla a sus oportunidades de supervivencia en el poder.

El neocorporativismo de la política oficial reside, como lo ha hecho en los últimos diez años, en la política de ingresos: negociaciones paritarias libres pero monitoreadas por el Estado; aumentos sistemáticos de salarios mínimos y jubilaciones; ampliación de la cobertura del sistema de seguridad social y de los programas sociales. Estos dispositivos, junto a políticas fiscales y monetarias expansivas orientadas a maximizar el consumo, permitieron la recuperación del empleo, la disminución de la pobreza y una significativa expansión de la protección social –aun cuando su alcance haya quedado restringido al segmento del mercado laboral formal–.

Tal como lo señalaran S.Etchemendy y R.Collier en un trabajo reciente, el neocorporativismo segmentado fue clave para la formación y el mantenimiento de la coalición social y electoral del kirchnerismo, y constituyó además una herramienta decisiva para los sucesivos intentos de contener la inflación ensayados desde 2006 así como para navegar la crisis económica internacional de 2008-2009. Sin recurrir al neocorporativismo, el Gobierno no habría logrado, como en gran medida lo hizo hasta 2011, alinear las pautas salariales con un ritmo inflacionario no espiralizado y mantener en varias ramas de actividad el salario real.

Al componente neocorporativo, empero, el kirchnerismo ha añadido en estos meses un componente neoliberal consistente, primero, en un ajuste fiscal vehiculizado a través de las provincias y, más recientemente, en una política cambiaria y comercial recesiva.

El ajuste fiscal consistió en la reducción de la asistencia financiera a los gobiernos provinciales –que forzó a éstos a reducir sus gastos e incrementar sus impuestos locales – y en la caída, cuando no la abierta cesación, de las transferencias intergubernamentales de mayor efecto expansivo: las obras públicas–. La política cambiaria y comercial ha producido, mediante una serie de derivas, una combinación no registrada en la Argentina desde el final de la convertibilidad y, más atrás, desde la estrategia ensayada por el equipo de Martínez de Hoz en 1977: atraso cambiario y apertura selectiva de la economía en un contexto de congelamiento de precios y caída del nivel de actividad. El ajuste fiscal en las provincias fue clave no sólo para reducir las necesidades de financiamiento del sector público nacional sino también para incrementar la fragilidad financiera de los gobiernos provinciales y así aumentar su dependencia respecto del Gobierno Nacional –uso políticamente decisivo para una Presidenta sin posibilidad de reelección ni sucesor confiable a la vista–. El atraso cambiario y la apertura selectiva han permitido reducir la fuga de divisas y conservar los aspectos más populares del desequilibrio de precios relativos vigente desde 2006: las tarifas públicas congeladas y el dólar relativamente barato.

La combinación de neocorporativismo con neoliberalismo resulta económicamente inconsistente.

Para que el neocorporativismo continúe transmitiendo efectos expansivos en el mercado de trabajo es necesario mantener el crecimiento que las medidas neoliberales han contribuido a detener y revertir: si el atraso cambiario desalienta las inversiones productivas y la apertura selectiva incrementa los costos de producción para algunos sectores y la competencia externa para otros, la disposición del empresariado a expandir la oferta de trabajo y pagar mejores salarios cae, y con ella el nivel de actividad económica y las recompensas para distribuir a través de paritarias y jubilaciones.

Para que las medidas neoliberales contribuyan a reestablecer un equilibrio sostenible de precios relativos es necesario utilizar los dispositivos neocorporativistas en la dirección inversa a la precedente: si las paritarias y la política salarial del sector público continúan impulsando el aumento del salario real, las necesidades de financiamiento del sector público seguirán creciendo e impulsando la inflación, y las empresas seguirán necesitando ajustar hacia abajo por empleo e inversión para evadir el quebranto.

La experiencia histórica argentina muestra además que no es posible tener lo mejor de ambos mundos: el neoliberalismo sólo pudo reacomodar los precios relativos cuando no rigieron mecanismos neocorporativistas, como ocurrió durante la primera mitad de la convertibilidad, y el neocorporativismo sólo pudo difundir riqueza mientras las políticas fiscales y monetarias expansivas se mostraron sostenibles, tal como ocurrió en el primer gobierno de Perón, en el gobierno de Kirchner y en la segunda mitad del primer mando de Cristina Fernández.

El neocorporativismo sin expansión condujo a la espiralización de la inflación – por ejemplo en 1974-75 y 1988-89 –y el neoliberalismo sin expansión resultó en crisis fiscales y financieras– como las de 1980-82 y 2001-2002. Cabe preguntarse, entonces, ante esta evidencia, por qué el Gobierno insiste en un esquema económico inconsistente.

La economía política de la supervivencia presidencial ofrece una respuesta posible. Para mantener su control sobre el peronismo y la agenda política, la Presidenta necesita conservar la amplia y heterogénea coalición social y electoral que sustentó su victoria en 2011: hacerlo le permitiría ampliar sus mayorías en el Congreso y, con ellas, presionar a la oposición para iniciar el proceso de reforma constitucional o, al menos, contar con recursos legislativos suficientes para condicionar a cualquier potencial sucesor.

Estas coaliciones fueron alimentadas hasta ahora con incentivos al consumo: aumentos de salarios y jubilaciones para todos; tarifas congeladas para los sectores medios y programas sociales para los pobres. El neocorporativismo permite diseminar los aumentos salariales y los programas sociales y el atraso cambiario le permite al Gobierno comprar barato los dólares de los exportadores para financiar los subsidios y las compras de combustible con que se mantienen las tarifas congeladas. Así, pues, neocorporativismo y neoliberalismo nutren a los distintos componentes de la coalición presidencial.

Pero las inconsistencias económicas tornan inconsistente a la estrategia coalicional. Sin crecimiento por los efectos recesivos e inflacionarios de sus políticas, el Gobierno debe decidir cómo reestructurar su coalición. Si opta por el neocorporativismo expansivo, arriesgará perder a los derrotados en la carrera precios- salarios; si opta por el neoliberalismo, a los que pierdan su empleo.

Sólo un plan de estabilización heterodoxo evitaría este dilema, pero planes así sólo han funcionado con inflación más alta para justificar su lanzamiento, y estadísticas verdaderas y equipos coherentes para dar credibilidad y expectativas favorables a sus medidas.

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