Derechos Humanos ya

(Columna de Nicolás Tereschuk)

Debates por las violaciones a los derechos humanos en los ’70 son una cuestión actual, y no del pasado. Los ejemplos en la región.

Ellos, como nosotros, no aceptan los consejos de ‘ya pasó’, ‘hay que dejarlo atrás’, ‘mirar al futuro’. Estos malvados cantos de sirena ya no confunden a nadie porque justamente tenemos memoria”, enfatizó la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, al ponderar la participación juvenil durante los actos por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

El tema de si la cuestión de los “derechos humanos” es un tema “del pasado” que ancla al país en debates superados vuelve a la arena pública cada tanto. Se plantea desde algunos sectores una dicotomía entre pasado y futuro en abstracto, como si no hubiera puntos de continuidad. Se alude a la necesidad de defender los “derechos humanos actuales”, en contraposición a las pasadas violaciones a los mismos.

Desde esta columna se defenderá la actualidad de los debates por las violaciones a los derechos humanos en la década del ’70. Esa vigencia, a su vez, debe ir necesariamente actualizándose permanentemente. ¿Cuál es el lenguaje en el que estos debates deben tener lugar? ¿Qué lenguaje y qué enfoque novedoso deberán adoptar estos planteos en el futuro para conectar con nuevas generaciones? ¿Cómo vincularlos a su vez con la lucha contra “nuevas formas” de desprecio por la persona humana que el Estado democrático ahora debe encarar? Esas, insisto, son preguntas que deben seguir respondiéndose día a día.

Pero evaluemos por un momento el impacto que tiene el planteo a favor de “Memoria, Verdad y Justicia”, tanto en el país como en toda la región, en esta segunda década del Siglo XXI. Así, se pudo ver cómo la discusión en torno a la actuación del Papa Francisco durante la última dictadura fue un tema prioritario para todos los medios internacionales de prensa. Explicaciones acerca de qué ocurrió en la Argentina en los años ’70 y cuál fue el rol de la Iglesia Católica en ese contexto poblaron las páginas de los diarios globales, en este caso para proveer información a fieles católicos y al público interesado.

Por otra parte, la reciente muerte del ex ministro de Economía José Martínez de Hoz motivó homenajes explícitos en las páginas de avisos fúnebres de los diarios por parte de algunos de los empresarios más poderosos del país. ¿Tema del pasado?

Luego de realizados los actos de reivindicación y recordación el 24 de marzo, el periodista Ernesto Tenembaum pareció pedirle explicaciones a Estela de Carlotto sobre un fragmento de su discurso en la Plaza de Mayo, al considerar que había tocado “un tema muy polémico” que “está ahí de defender la lucha armada”, cuando la dirigente reivindicó la participación política de los desaparecidos. “Sabemos lo que hicieron y cómo lo hicieron. Yo estoy orgullosa de mi hija, que dio la vida, tenía 23 años cuando la mataron. ¿Tenemos que dar explicaciones de este tipo a esta altura? Es absurdo. Si me llamás para esto, chau. Me preguntás algo fuera de contexto, ya eso no lo tenemos que explicar más, está dicho, escrito y probado”, enfatizó Carlotto.

Como vemos, al parecer, para algunos sectores de la prensa, a pesar de todo el material escrito, los testimonios, las discusiones, las posiciones públicas de los organismos de derechos humanos, hay debates aún no saldados. Habrá que seguir dándolos, como los planteó la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.

LA REGION DEBATE

Si miramos más allá de las fronteras, queda claro que la Argentina se ubica como un país de avanzada en materia de persecución y juzgamiento de crímenes de lesa humanidad. Sería difícil de entender si no el debate que aún persiste en Uruguay luego del fallo de la Corte Suprema de ese país que abrió la puerta a archivar causas contra represores.

Hace dos semanas, una delegación de la Comisión Internacional de Juritas (CIJ) fue al vecino país para analizar la situación. “La visita nos hizo ver que hay cosas más graves de lo que imaginábamos al principio”, dijo el jurista brasileño Belisario dos Santos Junior, en declaraciones al diario El País. Para el jurista, la decisión del Máximo Tribunal uruguayo habría sido contraria al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

En tanto, el mes pasado la Comisión Nacional de la Verdad creada en Brasil determinó que sólo en el año del golpe de Estado registrado en 1964 fueron detenidas por razones políticas 50.000 personas. La comisión creada por impulso de la presidenta Dilma Rousseff no puede enjuiciar a nadie por esos hechos, debido a la vigencia de la Ley de Amnistía, pero tiene amplios poderes para requerir testimonios e investigar. El 21 de marzo pasado, la Comisión anunció que por primera vez se analizará el caso de una empresa privada perjudicada por la dictadura militar brasileña. Se trata de la compañía aérea Panair, que debió dejar de volar en 1965 ante el acoso regulatorio y financiero del régimen imperante en aquel entonces.

Cada uno a su modo, los gobiernos que desde algunos sectores de la oposición hacen aparecer como más “de avanzada” que el de Argentina, más a tono con los vientos que soplan en el mundo y más “moderados”, muestran iniciativas de reparación en la cuestión de las violaciones a los derechos humanos durante la década del ’70. El tema también se actualiza y preocupa allí.

También tuvo amplia cobertura a nivel internacional el juicio que enfrenta el exdictador Efraín Ríos Montt, juzgado por la masacre de más de 1.700 indígenas mayas ixiles entre 1982 y 1983 en Guatemala. Por allí desfilan en estas horas testigos y víctimas relatando las torturas y vejaciones a las que los sometió el sangriento régimen político centroamericano. Y todo esto en un contexto en que la información sobre violaciones a los derechos humanos durante la “guerra contra el terrorismo” de los Estados Unidos es moneda común. En febrero pasado, el Open Society Institute publicó un informe que revela que 54 países participaron a partir de 2001 del “sistema de torturas” de la CIA, albergando sus “sitios negros” de prisioneros ilegales. El dato que resaltó en la prensa de Estados Unidos fue el hecho de que ninguno de esos emplazamientos se realizó en América Latina.

También el mes pasado la prensa española publicó videos de integrantes de las Fuerzas Armadas de ese país golpeando y maltratando de diversas maneras a prisioneros en Irak. Además, mientras se escribe esta columna, continúa la huelga de hambre de más de veinte presos en la cárcel que Estados Unidos montó en Guantánamo luego del ataque a las Torres Gemelas en Nueva York. La prensa internacional da cuenta de que los detenidos denuncian ser víctimas de severas medidas disciplinarias, confinamiento por tiempo indefinido y continuos registros a sus pertenencias, entre otras vejaciones.

El ejemplo de la Argentina revela que no importa cuánto tiempo pase. Si se cometieron delitos de lesa humanidad, los responsables mediatos e inmediatos corren el riesgo de ser enjuiciados y encarcelados por el poder democrático. Se trata de una situación que para nada se ancla en el pasado sino que es muy novedosa.

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