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La realidad y los conceptos en América Latina

14 febrero de 2013

(Columna de María Esperanza Casullo)

La región está cambiando aceleradamente, y no se la debe enfrentar con categorías antiguas e ineficaces.

Las ciencias sociales buscan subsumir la multiplicidad de eventos en una serie limitada de categorías de un grado mayor de abstracción. Las categorías conceptuales funcionan como cajas contenedoras, en los que se dejan caer los “casos” en una u otra, según ciertas características que los asemejan entre sí o los diferencian de otros. La función de la teoría política es, o debería ser, definir y crear estas cajas con rigurosidad. Por supuesto, los conceptos implican un esfuerzo de estilización y reducción, y lo que se gana en generalidad se pierde en riqueza y densidad del detalle. La creación de mapas conceptuales conlleva la pérdida del territorio.

Sin embargo, sin creación de conceptos es casi imposible comparar, es decir, avanzar hacia un conocimiento de lo social más generalizable. De esta manera funciona también la ciencia política. Sin embargo, hay algunas cuestiones específicas a la historia de su acervo conceptual. A riesgo de simplificar excesivamente, puede decirse que la ciencia política latinoamericanista se ha caracterizado por un afán de mantener el número de “cajas” reducido, es decir, utilizar una cantidad pequeña de conceptos para explicar un número muy grande de casos.

Estos conceptos se han organizado, además, normativamente. Así, la ciencia política de y sobre la región ha tendido a organizar sus conceptos sobre un eje normativo binario, con una caja “buena” de un lado y una caja “mala” del otro. Los casos, debían ser clasificables de manera neta: o caían dentro de una caja o dentro de la otra. Durante las primeras tres cuartas partes del Siglo XX, la dicotomía conceptual de base era clara: la disciplina compartía, a grandes rasgos, la aceptación del par conceptual autoritarismo/democracia.

Hasta años recientes, al estudiar los procesos políticos en un país latinoamericano, la mente del analista en la gran mayoría de los casos ya tenía una pregunta prefigurada: “¿Es un caso de autoritarismo o un caso de democracia?”. A esta pregunta madre le seguían otras: “Si es un caso de autoritarismo, ¿cómo podría y cuán lejos está de volverse democrático?”; “¿de qué tipo de autoritarismo se trata?” o “¿cuáles son los actores potencialmente aliados de la democracia que existen?”.

No es que este binarismo conceptual fuera errado, ya que la oscilación entre democracia y autoritarismo fue el principal tema político de la región durante la primeras tres cuartas partes del siglo pasado. Nadie podría reprocharle a la ciencia política el comprometerse teórica y políticamente con el avance de la democracia en la región. Sin embargo, la cuestión se ha complicado desde la década del '80 hasta la fecha. Las naciones que atravesaron transiciones a la democracia han logrado, hasta ahora, escapar a las por entonces tan temidas reversiones al autoritarismo, y la región lleva en conjunto treinta años cumpliendo con los criterios mínimos (y en varios países, no tan mínimos) de una democracia aceptable: elecciones libres, libertad de asociación partidaria, alternancia en el poder, sociedad civil activa y libertad de prensa.

Como dice, entre otros, Manuel Alcántara Sáez, las democracias de la región pueden considerarse (en términos generales) incluidas dentro del concepto de “poliarquía”. En este escenario, el par autoritarismo/democracia ha dejado de ser el único, o el más útil, andamiaje conceptual con el cual comprender la realidad política regional. Es decir, es posible afirmar que los países de la región, con la excepción de Cuba y Honduras, son democracias en donde se realizan elecciones libres, en donde no existen amenazas inminentes de golpes de Estado y en donde las fuerzas de oposición pueden llegar al poder en un futuro mediante medios electorales.

Aun en el caso de Venezuela, las reformas constitucionales del chavismo han sido refrendadas en las urnas y las últimas elecciones fueron consideradas limpias por los observadores internacionales. Por supuesto, Venezuela se encuentra entrando en su propia transición al poschavismo, y los escenarios a futuro son múltiples. En Chile, Brasil, Uruguay, Bolivia, Colombia y también en la Argentina vemos procesos en los cuales la democracia no sólo demuestra resiliencia sino inclusive posiblidad de incluir a poblaciones antes excluidas del juego político.

Parece más útil, entonces, preguntarse qué tipo de democracia encontramos en tal o cual país y cómo podemos caracterizarla en términos de modelos institucionales, extensión de derechos y participación, que plantearse si es una democracia o un autoritarismo de viejo cuño. Esto no implica negar los problemas que aún tienen nuestros países, pero para solucionarlos no parece la mejor opción impugnar la totalidad de los regímenes con la bandera del autoritarismo. Además, las sociedades civiles de la región han demostrado un enorme compromiso democrático. Tampoco ayudan en este sentido las categorías de derecha e izquierda para comprender la realidad política de la región.

Hoy hay aún más dificultades que en el pasado para definir qué es izquierda o qué es derecha con rigurosidad. Steven Levitsky y Kenneth Roberts definen izquierda en “The Resurgence of the Latin American Left” como aquellos gobiernos que buscan reducir la desigualdad social. Esta definición que intenta ser vaga a propósito es, sin embargo, problemática ya que, por ejemplo, los gobiernos de la Concertación en Chile no podrían ser considerados de izquierda con esta categoría o el gobierno kirchnerista debería ser considerado el más de izquierda del continente, algo con lo que seguramente la mayoría de los analistas no coincidirían. En los derechos sociales, por dar otro ejemplo, gobiernos considerados de derecha tomaron medidas de la agenda del progresismo histórico, como el caso de Carlos Menem, que combinó una agenda liberal en lo económico con la sanción de la ley de Cupo Femenino y la inscripción de los derechos de los pueblos originarios en la Constitución.

En síntesis, cualquier intento de calificar a todos los gobiernos de la región como de izquierda o de derecha culmina en una multiplicación de tipos híbridos y subtipos que, más que aclarar, complican. Un par que resulta, a mi juicio, es el de tecnocrático/populista. El uso de estas categorías tiene una dificultad: que apuntan a dimensiones relacionadas con el tipo de liderazgo, el tipo de coalición política de apoyo y el tipo de relación entre política y políticas públicas más que a cuestiones que tienen que ver con el contenido de las políticas en sí.

Sin embargo, es más fácil comprender a la Concertación chilena desde su concepción tecnocrática de la gobernabilidad que como un puro gobierno de izquierda, así como queda claro que el gobierno de Alvaro Uribe en Colombia resultó más similiar, por su estilo de construcción de poder, al chavismo que a Sebastián Piñera. Por supuesto, no es la idea el reemplazar un binarismo por otro y la pregunta por el carácter populista o tenocrático de las fuerzas políticas no agota la totalidad de los fenómenos. La realidad latinoamericana está cambiando aceleradamente, y no resulta adecuado enfrentarla con categorías que se crearon en otro lugar y para otro momento histórico. De no ampliar el baúl de conceptos teóricos, se corre el riesgo de quedar hablando un lenguaje cada vez más para pocos.

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