(Columna de Sandra Elena y Germán Stalker, directora del Programa de Justicia e investigador asociado de CIPPEC, respectivamente)
Existe una serie de indicadores de transparencia y acceso a la información que permiten medir cuán accesibles y transparentes son estas empresas.
En los últimos años, la matriz económica y productiva argentina cambió significativamente. Atrás quedó la ola privatizadora de los '90 y, desde 2003, muchos de los bienes y servicios públicos asignados al sector privado retornaron al Estado. Pero más allá de la propiedad, existe una serie de indicadores de transparencia y acceso a la información que permiten medir cuán públicas son estas empresas, es decir, cuán accesibles y transparentes son para todas las personas. Paralelamente, la crisis de confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas generó nuevos movimientos de la sociedad civil que apuntan a acortar la brecha y acercar estas instituciones a la gente.
Estas iniciativas señalan la necesidad de incorporar principios como la transparencia, el acceso a la información pública, el gobierno abierto, la rendición de cuentas y el estímulo a la participación. Como contrapartida, el Estado tiene la obligación de garantizar la publicidad y la accesibilidad de la información producida por los organismos y empresas públicas. Para que eso sea posible, es necesario tener una legislación específica ?una ley nacional de acceso a la información pública? y decisión política de publicitar esta información para aumentar los niveles de rendición de cuentas del Estado. No sólo es clave que los datos estén disponibles, también es fundamental que cumplan con ciertos estándares que regulan qué y cómo se publicitan.
En el caso de las empresas públicas, una política de transparencia activa obliga a las compañías a poner siempre a disposición del público información relevante sobre las actividades que desarrollan. Se debe dar visibilidad al marco normativo que la regula, a la estructura orgánica de la empresa, su directorio, los estados financieros y la información consolidada del personal.
También son clave los sistemas de control: lo que no se mide no se puede controlar, y lo que no se controla no se puede mejorar. Para ello, es importante que las empresas públicas generen sistemas eficientes de auditoría interna y se sometan anualmente a una auditoría externa independiente basada sobre estándares internacionales. Las auditorías, los sistemas de control y la evaluación de riesgos son los cimientos de un buen gobierno corporativo, aspecto ineludible para cualquier empresa pública que administra fondos gubernamentales.
Otra cuestión crucial que debe estar sujeta a políticas de transparencia son las compras públicas. Los procedimientos de compras deben ser públicos desde el inicio hasta el final. Los pliegos, las respuestas a preguntas y las posibles impugnaciones con su resolución deben estar en línea, al igual que la ejecución del contrato. Igualmente, es clave velar por la igualdad de oportunidades para todos los oferentes y asegurar que todos accedan a la misma información para cotizar su trabajo.
De la misma manera, los principios de la ética pública se aplican al ámbito de las empresas públicas. En este sentido, un mecanismo que asegura la transparencia y previene hechos de corrupción es la presentación de una declaración jurada patrimonial de los directores, gerentes y administradores de las empresas estatales. La incorporación de códigos de ética que recojan las buenas prácticas internacionales es también una sana política para contar con comportamientos éticos en el accionar de las empresas.
También es necesario que las empresas es tatales tengan un modelo de reclutamiento y gestión del personal que fomente la aplicación de los principios de responsabilidad por resultados y respete los preceptos generales de la función pública. En este sentido, es importante separar política y gestión para incorporar al personal. Deben instrumentarse y darse a publicidad los concursos públicos para cargos estratégicos, para impedir la discrecionalidad en el nombramiento de los directivos por razones políticas. La estabilidad de los funcionarios, con mecanismos de participación internos en las decisiones, es otro aspecto para tener en cuenta.
Por otro lado, un informe anual dirigido al Poder Legislativo y al público en general permitiría al público acceder a información pública clave sobre el desempeño de estas empresas. Este informe debería centrarse en el desempeño financiero y en el va lor de la empresa pública, e incluir una declara - ción general sobre los procedimientos de control y la estrategia de transparencia de la empresa. Una gestión transparente y de datos abiertos me jora la toma de decisiones y optimizan el fun cionamiento del mercado de la prestación de servicios públicos.
Así, las empresas públicas deben facilitar los elementos que permitan a los ciudadanos identificar fácilmente el grado de cumplimien to de objetivos y el grado de consecución de políticas públicas. La información debe ser pública y reutilizable para que los propios ciudadanos puedan crear nuevo conocimiento con esos datos. Estos objetivos pueden cumplirse a través de la incorporación de estándares de transpa rencia, gobierno y datos abiertos, y de los prin cipios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sobre gobierno corporativo. Su implementación aumentará la confianza y credibilidad en el accionar estatal empresario, generará reglas de juego claras y mejorará tanto la toma de decisiones como la prestación de los servicios.
