Silencios y gritos del 8-N

(Columna de Nicolás Tereschuk)

Más allá de las consignas explícitas, también vale la pena indagar en los elementos “no dichos” de las protestas.

Luego de la protesta del 8 de noviembre pasado llama la atención que en distintos análisis se apele a elementos que dan cuenta más que nada de las consignas “explícitas” de esa manifestación, es decir cómo buena parte de los manifestantes “se ve a sí mismo” y cómo quienes participaron “explican su participación”, en lugar de indagar también sobre otros elementos que pueden ayudar a comprender mejor ese episodio.

Así, en lo que parece como el error más grueso, un conjunto de analistas hablan de estados de ánimo de “la sociedad” o de “la gente”, como si hubieran tomado por válida la consigna entonada durante las protestas que reza: “Si este no es el pueblo, el pueblo dónde está”. Por otra parte, se habla de un “cansancio” con el “estilo presidencial” y de demandas “no escuchadas”, entre las que estarían “el no a la rereelección”, la “seguridad”, el funcionamiento de las instituciones republicanas o la búsqueda de mayor transparencia en la administración pública, para indicar cuáles fueron las motivaciones de la manifestación. Sería imposible afirmar que ninguno de esos elementos pesó para hacer que un sector de los participantes de la protesta decidiera salir a expresar su enojo con el Gobierno.

Pero también vale la pena indagar en elementos “no dichos” o buscar una serie de aspectos del debate público que no estaban presentes en 2011, cuando el actual Gobierno sorteó internas abiertas y elecciones generales con una notable solvencia. Inocultables elementos “novedosos” desde fines de 2011 han sido una serie de medidas de alto impacto con las que el Gobierno enfrenta un período de menor crecimiento económico. De esa batería de medidas, sin dudas, la más fuerte en términos del debate público ha sido la prohibición a la compra de dólares a precio oficial para atesoramiento.

Como “hermanas menores” de esa política, se derivan las restricciones para el acceso a divisas para turistas que viajan al exterior y el adelanto de impuesto a las Ganancias del 15% que se suma a las compras con tarjeta de crédito realizadas fuera del país. Y podrían sumarse las restricciones a las importaciones. Cualquier argentino con capacidad de ahorro –quienes tienen capacidad de ahorro, por definición, se ubican de la mitad de la pirámide social hacia arriba– sabe del impacto “político” de medidas de ese tipo.

El hecho de que, según datos difundidos por el Banco Central en 2011, alrededor del 12% de los mayores de 18 años eran quienes compraban dólares, hace difícil considerar que ese impacto se haya extendido a toda la sociedad. Aunque seguramente sí sea más extendido en regiones del país con una situación social más holgada, como la ciudad de Buenos Aires y los municipios del norte del Gran Buenos Aires donde el voto opositor de 2011 se ubica nada menos que 20 puntos por encima del 46% nacional. ¿No pesó en nada este “malhumor por los dólares” en las manifestaciones registradas en septiembre y noviembre? ¿Por qué muchas veces se opta por omitirlo como un elemento de relevancia? ¿Será por su poca potencia a la hora de constituir una demanda generalizada o generalizable?

Un informe publicado un día después del cacerolazo por la consultora Analytica, de Ricardo Delgado y Rodrigo Alvarez, aporta más datos para el análisis: los economistas señalaron que en un escenario de menor crecimiento, el Gobierno “eligió proteger a los sectores de ingresos medios y bajos en detrimento de los altos”. Según el estudio, “en 2011 los ingresos de todos los segmentos socioeconómicos crecieron con fuerza superando ampliamente a la inflación”, aunque en mayor medida el aumento impactó en los sectores “bajo” y “medio”. En 2012 la situación cambió: “Sólo los segmentos de ingresos medios y bajos mejoran su poder adquisitivo” y “en los niveles socioeconómicos más elevados el poder adquisitivo bajó: -5% en los ABC1 y -2% en los C2”. En cambio, “para los niveles más bajos los ingresos reales siguen subiendo, aunque a un ritmo bastante inferior a los del año pasado. En el caso de C3 aumentan 7,2% y para los segmentos bajos (D1, D2 y D3), 4,8%”. Analytica describe en cifras lo que el Gobierno gusta de llamar “sintonía fina” o, en otros términos, una suerte de “ajuste” alejado del tipo de impacto social –de la mitad de la pirámide social hacia “abajo”– que históricamente han tenido los ajustes ortodoxos en la Argentina, desde que Alvaro Alsogaray convocó a “pasar el invierno” en uno de los tantos parates del modelo de stop-and-go, en la década del ’60.

Estos análisis y datos difícilmente expliquen todo lo que ocurrió el 8 de noviembre, pero ¿son tan poco importantes como para que ni siquiera sean mencionados? ¿Qué otra cosa quiso decir si no la llamativa repetición de las apelaciones a la “libertad” en el cacerolazo del 8N? ¿Por qué machacar tanto sobre ese término y no sobre la otra mitad de la ecuación democrática, que hace referencia a una necesaria “igualdad” para ejercer plenamente derechos? Al mismo tiempo, aún si no bastara para explicar todo este fenómeno y aún si los propios manifestantes no lo expresan ¿no existe un núcleo de sectores “conservadores” y “de derecha” en el cacerolazo?

Trazando un paralelismo: el humor de los votantes netamente conservadores y de derecha no da cuenta por sí sólo del importante caudal electoral de Mitt Romney en Estados Unidos, ni del triunfo del presidente chileno, Sebastián Piñera, en enero de 2010. Pero, volviendo a la Argentina actual, sería necio afirmar que, ese subconjunto de la sociedad identificado con posiciones conservadoras y poco afectas al despliegue del Estado en la economía, no integran en alguna medida el sector social que salió a manifestarse contra el Gobierno.

¿Estas especulaciones sobre qué significó y qué no el 8-N implican que el Gobierno deba desentenderse de lo ocurrido? Seguramente no, si toma en cuenta, por ejemplo, que un conflicto del que fueron partícipes sectores conservadores en lo político y lo económico, como fueron las protestas contra las retenciones móviles en 2008 en un contexto de impacto de la crisis internacional sobre la Argentina, ayudó a “arrastrar” a un mosaico de sectores políticos y sociales diversos que se terminaron expresando por distintas vías, entre ellas la del voto, en contra del oficialismo.

Toda manifestación, en este sentido, es un elemento de cuidado para un gobierno. Si gobernar siempre implica seguir de cerca el pulso social, las protestas de este año no podrían pasar inadvertidas para la Casa Rosada. De todos modos, difícilmente la administración de Cristina Kirchner pueda en el corto plazo “responder a las demandas” planteadas –a todas ellas, tanto las explícitas y las que parecen ir haber ido por detrás–. En todo caso, desde la gestión tendrá el desafío de encontrar las formas más efectivas de aislarlas, neutralizarlas o superarlas.

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