El superclásico de la política

(Columna de Fernando Straface, director ejecutivo de CIPPEC)

Un debate presidencial en la Argentina mejoraría la calidad de nuestra democracia. El 2015 es una oportunidad.

Tres debates presidenciales y uno entre vicepresidentes dejan como saldo un final todavía abierto en la elección norteamericana. Ahora los candidatos concentrarán sus esfuerzos en los llamados “swing states”: Florida, Ohio y Virginia son los más importantes.

El primero de los debates fue el de mayor impacto. Hasta ese día, Barack Obama llevaba una ventaja estable sobre Mitt Rommey de aproximadamente seis puntos. Pero en el primer debate el presidente estuvo difuso y “profesoral”, débil en su defensa frente a los ataques de Rommey y un tanto retraído. El candidato republicando sorprendió por la claridad de su mensaje –que no equivale a veracidad– y una actitud “presidencial” en sus intercambios con Obama. Entonces la campaña de Rommey se vigorizó, acortó la brecha a la mitad y logró liderar, según algunas encuestas, el distrito quizás más simbólico y relevante en la elección: Florida.

Los siguientes dos debates, el primero con preguntas de ciudadanos y el segundo focalizado en política exterior, dejaron un moderado saldo positivo para Obama, que recuperó parte del terreno cedido a su adversario en el primer encuentro. Setenta millones de estadounidenses (22%de la población y 50% de los que efectivamente ejercerán su voto) vieron cada uno de los debates presidenciales. Muchos más lo siguieron por Internet y las redes sociales. Además, la “temporada de debates” alimenta las discusiones entre debates, asociadas con la veracidad de las afirmaciones (factcheck.org) y la coherencia de las posiciones de política en la agenda interna y externa.

Un debate presidencial televisado es la prueba más exigente para un candidato en su relación con el electorado, especialmente en el caso de un presidente en ejercicio que compite por su reelección y lidera las encuestas. Richard Nixon, Gerald Ford y George Bush padre sufrieron las consecuencias de imprecisiones propias y grandes performances de sus adversarios. Los candidatos saben y los asesores de campañas reafirman que debatir cuando uno lidera las encuestas es riesgoso.

La cuestión es qué tipo de institucionalidad y tradición en el país, asociado con los debates, permite a los candidatos y sus asesores manejar ese riesgo. A mayor institucionalidad y tradición, menor la influencia de los candidatos y sus equipos en la decisión de debatir o no y en las condiciones de debate. La tradición de debate electoral en los Estados Unidos se remonta a los intercambios por la senaduría del Estado de Illinois en 1858 entre Abraham Lincoln y Stephen Douglas. Fueron en total siete debates en otras tantas ciudades de ese estado. Luego volvieron a realizarse en 1948 para las primarias republicanas y nuevamente en 1956 para las primarias demócratas. En 1960 ocurrió uno de los más famosos debates, para algunos el debut de la era moderna de la política y la televisión, protagonizado por Richard Nixon y John F. Kennedy. En 1964 Nixon evitó debatir por la experiencia previa y desde 1976 (Ford-Carter) se realizaron interrumpidamente debates en todas las presidenciales. Por su parte, desde 1988 la Comisión de Debates Presidenciales, un ente no partidario de cuyo Consejo Honorario forman parte los expresidentes, regula la organización de los debates, elige las ciudades donde se realizarán, los moderadores y el tipo de acceso que tendrán las cadenas de televisión esa noche. Las decisiones de la Comisión se enuncian un año antes de la elección y se explicitan en un memo de entendimiento con los partidos.

En la región hubo en los últimos años una ola de debates presidenciales. Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Perú y Uruguay (con un récord más errático) cuentan en su historial con debates de distinto formato y marcos de negociación sobre las reglas. En el caso de Colombia, México y Costa Rica los debates están regulados por ley, mientras que en Brasil, Perú, Uruguay y Chile los partidos tienen mayor protagonismo en la negociación de las reglas y la elección de los espacios televisivos en donde llevar a cabo los encuentros. Las dos opciones tienen pros y contras y dependen de la capacidad del sistema político de autorregularse para asegurar la realización de los debates.

La Argentina tiene el peor de todos los récords. Nunca en la historia se celebró un debate que involucre a los principales contendientes por la presidencia. El viejo apotegma local según el cual “el que va ganando no debate” siempre triunfó sobre la débil demanda ciudadana por un debate, la falta de tradición e institucionalidad para este tema en el sistema político y la inexistencia de un liderazgo ejemplificador por parte de los candidatos para someterse a la instancia del debate mas allá de los condicionamientos individuales.

A nivel subnacional el panorama es apenas más alentador. Córdoba, Santa Fe, Tierra del Fuego, Chubut y Mendoza, aún con varios aspectos por mejorar, debutaron en distintas elecciones en la realización de debates entre sus candidatos a gobernador. En algunos municipios bonaerenses, Neuquén, Santa Fe y Mendoza también se realizaron. En la ciudad de Buenos Aires, un distrito que hasta 2011 tenía tradición de debates a jefe de Gobierno, se produjo en la última elección un tipo de negociación de baja jerarquía por el programa de TV que transmitiría el encuentro.

La solución al problema de quién transmite es una escenografía neutral y una única señal y juego de cámaras que todos los canales pueden tomar y combinar según el modelo de transmisión que quieran producir. Los debates presidenciales (y su equivalente para gobernador) son una parte esencial de la reforma política pendiente en todos los niveles de gobierno, junto con el cambio en el sistema de votación (algunas provincias avanzaron en este tema) y la regulación de la publicidad oficial. Los debates son espacios de celebración de la política en su versión más argumental y programática. Es posible que los primeros intentos se alejen de este ideal, pero sólo repitiéndolos mejorará la calidad de las discusiones.

La posibilidad de cambiar este escenario en 2015 dependerá de interesar a la opinión pública en la realización de un debate y de elevar el costo para los candidatos que no lo hagan. Además, será crucial disponer de un espacio de intercambio político sobre el tema facilitado por una coalición de actores que agreguen certidumbre en el camino a recorrer.

La Constitución establece que en 2015 no tendremos un presidente en ejercicio compitiendo. Este escenario mejora las posibilidades de realizar el debate. Imaginemos que, en un día de octubre de 2015, todas las cadenas de TV toman una única señal generada desde la TV Pública y transmiten un debate presidencial entre los principales candidatos. Ese día celebraremos la posibilidad de elegir entre personas que se disponen a debatir la agenda de desarrollo del país y que, al terminar, se dan la mano y se presentan a sus familias. Un debate presidencial en la Argentina mejoraría la calidad de nuestra democracia. Me gustaría escuchar argumentos en contra de esta afirmación y, por supuesto, estoy ansioso por debatirlos.

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2 Respuestas a El superclásico de la política

  1. Eduardo Real dijo:

    “Un debate presidencial en la Argentina mejoraría la calidad de nuestra democracia.”

    No sé en qué. Ni porqué. Pero además, lo que discuten en USA se reduce a nimiedades, y las diferencias entre ambos es tan amplia como las que hay entre la Coca y la Pepsi. Es un sistema con dos partidos, no dos sistemas.

    Por el contrario, Argentina se parece cada vez más al México del PRI. ¿Con quién podría debatir Cristina? ¿Con alguien que está 40 – 98 puntos abajo? Es ridículo.

    Allá dicuten porque están cabeza a cabeza, no con las diferencias abismales de aquí.

    Ésto me suena al “Queremos preguntar”, cambiado por “Queremos debatir”. Ni lo sueñen. Primero, crezcan. Presenten propuestas atractivas y creíbles. Después charlamos.

  2. Jorge dijo:

    Antes de debatir la afirmación me gustaría leer los argumentos a favor.

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