Políticos y políticas de seguridad

(Columna de Nicolás Tereschuk)

El conflicto puso en evidencia la mirada todavía incipiente en la mayor parte de la dirigencia nacional sobre las problemáticas que rodean a las fuerzas de seguridad y su personal.

La protesta salarial de prefectos y gendarmes volvió a poner en primer plano la “novedad” que, a poco de cumplirse 29 años de un período democrático ininterrumpido, implican las políticas públicas de seguridad ciudadana y el manejo de las fuerzas de seguridad para una enorme porción del sistema político local. Las miradas y las responsabilidades sobre la situación salarial de la Prefectura Naval y la Gendarmería Nacional recaen sobre el Gobierno Nacional. No podría ser de otra forma, a nueve años de la asunción de Néstor Kirchner.

Pero cuando se amplía el foco tanto al oficialismo como a la oposición también se ve a una dirigencia política a la que aún le cuesta tener una mirada integral acerca de qué formatos resultan más eficientes para que la política defina objetivos y marcos de acción a las fuerzas de seguridad. Por ejemplo, no han pasado aún dos años desde la jerarquización de Seguridad al rango de Ministerio, luego de la crisis del Parque Indoamericano, que arrojó cuestionamientos sobre la Policía Federal y las políticas de manejo de la fuerza.

El llamado “Acuerdo para la Seguridad Democrática”, que firmaron dirigentes que hoy integran el Frente para la Victoria, algunas de las ramas del peronismo disidente, el radicalismo y el Frente Amplio Progresista data de diciembre de 2009. Y resultó una novedad en cuanto partió de una suerte de autocrítica, sobre todo para algunas fuerzas que han estado al frente del Gobierno Nacional y de gobiernos provinciales: “En nuestro país, la acción del Estado frente al incremento de la violencia y el delito se ha limitado mayormente a respuestas facilistas y autoritarias que consolidaron la ineficacia policial, judicial y penitenciaria.

En los últimos años, algunos procesos de reforma de las instituciones de seguridad tuvieron resultados favorables, pero fueron interrumpidos para volver a políticas de probado fracaso”, señalaron los firmantes, impulsados por el CELS de Horacio Verbitsky y por el ex ministro de Seguridad bonaerense León Arslanian.

Un punto central del acuerdo, que está en la base de las políticas que llevó adelante la ministra Nilda Garré, advierte que “todo gobierno tiene la responsabilidad de ejercer la conducción civil y estratégica de las policías, que supone el pleno control de la institución”. Sobre este punto, la dirigencia política de uno y otro lado de la frontera entre oficialistas y opositores realiza todavía sus primeros palotes. En el conflicto de Gendarmería y Prefectura, el Gobierno sostuvo que tropezó con una “desastrosa” aplicación de un decreto y las zancadillas de las cúpulas de ambas fuerzas. La oposición marcó la responsabilidad política de la gestión de Cristina Kirchner en el episodio.

De fondo, se notó una mirada todavía incipiente en la mayor parte de la dirigencia nacional sobre las problemáticas que rodean a las fuerzas de seguridad y su personal. Por ejemplo, los diputados del Frente Amplio Progresista Margarita Stolbizer y Víctor De Gennaro salieron a pronunciarse a favor de que se permita la sindicalización en las fuerzas de seguridad, pero señalaron que aún no habían presentado un proyecto de ley al respecto.

La situación de los “trabajadores” de ambas fuerzas federales también tomó algo por sorpresa a las distintas vertientes de la CGT. Hugo Moyano se reunió con los “rebeldes” y abogó por la sindicalización, en un llamado que no se le había conocido en todos sus años de sindicalista. Una mirada distinta mostró su colega Juan Carlos Schmid, quien señaló que los manifestantes debían regresar a sus tareas habituales ya que no están enmarcados en los mecanismos legales que rodean a un conflicto sindical.

Esta “desorientación” del sistema político ante las políticas de seguridad ciudadana y el manejo de las fuerzas de seguridad contrasta con los avances que la dirigencia política produjeron en torno a la cuestión militar. Por un lado, el gobierno de Carlos Menem cerró la puerta a rebeliones en las Fuerzas Armadas, con la decisión de reprimir el último alzamiento carapintada, en diciembre de 1990.

Un nuevo hito en ese terreno se registró con la gestión de Garré al frente del Ministerio de Defensa, que dotó a esa cartera de un nuevo tipo de “conducción civil”, en el marco de una política más sistemática y clara para el sector. Es decir: a través de un proceso no exento de marchas, contramarchas y conflictos, se pasó de un modelo en el que los militares definían las políticas para el sector a otro en el que son los civiles quienes planifican, administran y ordenan.

En cuanto a las políticas de seguridad interior y la mirada de la dirigencia política sobre ellas pueden esbozarse algunas hipótesis muy preliminares. ¿No existe un desacople entre la “preocupación ciudadana” por la inseguridad –no hay encuesta que no ubique el tema al tope de los sondeos– y la potencia todavía limitada que esa temática para definir el voto ciudadano? Que se sepa, ningún presidente ha sido electo en función de la preocupación por la cuestión de la inseguridad como tema principal. Si bien es siempre aventurado determinar las razones del voto, también lo sería afirmar que algún gobernador resultó electo sobre todo por su posicionamiento sobre el tema de la lucha contra el delito.

La elección de Carlos Ruckauf, en 1999, un reconocido cultor de la “mano dura”, mostró más que nada el peso de la sumatoria de la base histórica del PJ y algunos sufragios en una “boleta espejo” del “cavallismo”, que una “avalancha de votos” en función del tema de la lucha contra el delito. Podría pensarse a nivel local en los casos de Aldo Rico, en San Miguel, y Luis Patti, en Escobar, aunque sus elecciones también estuvieron rodeados de contextos políticos locales muy particulares, donde la cuestión de la inseguridad no era el único tema en juego.

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