La puja sindical llegó al Congreso

(Columna de Lorena Zapata)

El debate por una nueva Ley de ART precipitó la rebelión de los “dipusindicales” en el bloque del oficialismo en la Cámara Baja. Igualmente, el proyecto se convertirá en ley.

Antes de volverse legislación, el proyecto oficial de reforma de la Ley de ART deberá pasar su escollo más complicado: la Cámara de Diputados. Y si bien es cierto que el FPV cuenta con el número de votos necesarios para volverlo realidad, tan sólo el debate de esta cuestión le generó dos conflictos no deseados. Por un lado, se precipitó lo que tarde o temprano se presumía un hecho: la rebelión al interior del bloque K de los diputados de la CGT opositora –el abogado cegetista, Héctor Recalde, y el hijo del líder camionero, Facundo Moyano- quienes no apoyarán en el recinto la propuesta K. Entre tanto, el oficialismo se vio obligado a eludir una catarata de críticas que lo corren por izquierda acusándolo de legitimar con esta norma el negocio de las aseguradoras de riesgo de trabajo y un sistema que se fundó al calor de las recetas neoliberales del menemismo que tanto cuestionan.

PUJA DIPUSINDICAL

Aunque son minoría, durante el debate en comisión del proyecto de modificación de la ley de Riesgo de Trabajo, todos los ojos estuvieron puestos en los “dipusindicalistas”; sobre todo en los de cuño cegetista que integran el FPV. Es que Omar Plaini, titular del gremio de los canillitas, pegó el faltazo; Héctor Recalde, asesor legal de esa central de trabajadores, presentó en soledad un dictamen de su autoría planteando sus diferencias con el texto oficial y Facundo Moyano, que no más allá de su filiación sanguínea es el referente de la Juventud Sindical y el titular del gremio de peajes, no sólo rechazó la propuesta oficial con duras críticas sino que enfrentó a sus compañeros de bancada: “Desafío a algún diputado de extracción sindical de mi bloque a que me explique en qué beneficia este proyecto a los trabajadores”, dijo Moyano y sentenció: “Este es un proyecto que está en la agenda empresarial y perjudica a los trabajadores”. El kirchnerista Edgardo Depetri, sentado a sus espaldas, tomó el guante y le pidió discutir el tema a solas en un intento por disimular la interna que alcanzó un punto de ebullición.

Moyano-Recalde

La tensión entre estos diputados y su bloque, que tiene como telón de fondo la disputa entre el líder de la CGT opositora Hugo Moyano y la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, se hizo explícita en la Cámara de Diputados en varias ocasiones. Hacia fines del año pasado, la Primera Mandataria le bajó el pulgar a un proyecto de Recalde que impulsaba la participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas. Más tarde, durante las sesiones extraordinarias, los cegetistas se negaron a votar el nuevo estatuto del peón rural, una norma que llevó la firma del Ejecutivo y que fue enérgicamente rechazada por el líder de la UATRE, Gerónimo “Momo” Venegas, hoy cercano al ex aliado de la Rosada. En tanto, cuando el líder de los camioneros realizó su primer paro contra el Gobierno Nacional exigiendo el incremento del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias y la universalización de las asignaciones familiares, el oficialismo sesionó en Diputados con iniciativas impulsadas por estos “dipusindicalistas” que estaban cajoneadas desde principio de año.

El único que ocupó su banca en el recinto fue Recalde, por ser el autor de cuatros de los proyectos sancionados ese día; Plaini y Moyano Jr., por su parte, concurrieron a la movilización obrera.

ALTERNATIVAS

No obstante, Recalde encontraría durante este debate de la Ley de ART su momento para despacharse. Es que, en discordancia con los más de 60 diputados del FPV que avalaron con su firma el dictamen del proyecto oficial, el asesor legal de la CGT decidió presentar su propio dictamen marcando sus diferencias. Su propuesta, si bien mantiene parcialmente el sistema actual, tiene como objetivo fomentar la participación de las asociaciones sindicales y las cámaras empresarias. “Las ART y los empleadores deben asegurar al trabajador el derecho a ejercer sus actividades en un ambiente de trabajo sano y seguro, que preserve su salud física y mental y estimule su desarrollo profesional; mientras que los trabajadores están obligados a observar las medidas legales y reglamentarias de seguridad e higiene y a capacitarse para evitar daños en su salud”, explicó el abogado de la CGT. Además, el proyecto contempla un rol mucho más decisivo del Estado como contralor y establece como objetivo reducir la siniestralidad laboral mediante métodos preventivos, reparar los daños derivados de accidentes de trabajo y promover la recalificación del trabajador damnificado. Su dictamen se sumó al de los “dipusindicalistas” opositores, quienes acusan al Frente para la Victoria de legitimar el negocio de las aseguradoras de riesgo de trabajo tal como funciona hasta ahora e impulsan sus propias iniciativas.

El diputado de la CTA disidente Víctor De Gennaro, con el respaldado por el Frente Cívico de Córdoba y el socialismo, busca directamente la derogación de la ley vigente para erradicar de plano el negocio de las ART y las sustituye por una entidad sin fines de lucro con control de los trabajadores. “Queremos un sistema que funcione como banco público nacional que otorgue garantías para auxiliar a accidentados y enfermos, y considere la justa reparación del daño a los trabajadores. Con control de los trabajadores, y todos los actores sociales, con delegados de prevención elegidos por los trabajadores más allá del sindicato, si está afiliado o no lo está. El fin es prevenir, parar la muerte y garantizar la vida”, explicó De Gennaro.

Otro de los dictámenes que propone derogar la actual Ley de Riesgo de Trabajo fue presentado por la bonaerense Margarita Stolbizer. La líder del FAP establece en su iniciativa que los empleadores deberán identificar riesgos laborales, con el objetivo de reducirlos a su mínima expresión, así como promover jornadas de capacitación en prevención de accidentes para sus empleados. “Lo que los legisladores del FPV deberían preguntarse es por qué intentar corregirla en lugar de debatir otra que se centre en disminuir los accidentes de trabajo”, inquirió la diputada. En tanto, el texto del PEN modifica la ley vigente, no la deroga y le introduce algunas novedades: las indemnizaciones se actualizarán dos veces por año según un índice elaborado por el propio Ministerio de Trabajo, establece un plazo de 15 días para el cobro y elimina la polémica “doble vía”: el empleado damnificado –o sus familiares– deberá optar por cobrar la indemnización a través de la ART o por medio de un litigio legal. Esto, sin embargo, no quita la posibilidad de que dicho trabajador acceda a la Justicia en caso de que considere el monto entregado como insuficiente. El debate está planteado hasta el 24 de octubre, cuando el proyecto mayoritario se convierta en ley.

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