Situar a la información pública en un combate de interpretaciones termina afectando la propia credibilidad.
Que el Gobierno considera que los principales medios de comunicación conspiran en su contra y entiende que los graves problemas que ocurren, las situaciones que duelen y los hechos que lastiman son en realidad construcciones ficticias o excusas utilizadas para sembrar el pesimismo no es novedad para nadie. Pero la Presidenta y sus principales escuderos han venido dedicando últimamente sus intervenciones públicas a recordarlo.
Ante las críticas por el uso y abuso de la Cadena Nacional, Cristina se quejó de la existencia de una “cadena nacional del miedo y el desánimo” que sólo transmite malas noticias y propaga “mala onda”. Esta supuesta campaña negativa obligaría a la Presidenta a difundir los logros y actos de su Gobierno a través de estos discursos y teleconferencias transmitidas por cadena, en las que ?según la interpretación oficial? ella se puede comunicar directamente y sin intermediarios con el pueblo televidente.
El jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina y el gobernador de Entre Ríos, Sergio Uribarri, entre otros, se sumaron repitiendo las mismas palabras: “Hay que terminar con la cadena del miedo y el desánimo”. No fueron originales. Es un típico reflejo autoritario de gobernantes que descreen de la existencia de una prensa independiente y creen que todo ?o casi todo? lo que se transmite son relatos interesados, mensajes manipulados y realidades manipulables.
Pero este Gobierno le pone a la cuestión su propia marca: no le alcanzan los medios públicos oficiales, con el mayor presupuesto que ningún otro gobierno haya tenido, ni los medios privados oficialistas sostenidos por la publicidad oficial para difundir los logros y aciertos de su gestión, propagar “buenas ondas” y criticar a los críticos o burlarse de ellos.
La partida destinada a prensa y difusión ?606 millones de pesos este año? se incrementó 267% desde que Cristina Kirchner asumió en 2007 y ningún otro gobierno democrático tuvo tanta prensa favorable en nuestra historia como éste. Además de difundir noticias positivas e innovar en la promoción de un periodismo “militante” que se confunde con el género del periodismo de folletín, el Gobierno querría que los canales y diarios que difunden noticias negativas desaparecieran. Y al advertir que estas noticias negativas y críticas se terminarán en diciembre “cuando se cumpla con la ley de medios”, vuelve a mostrar que su molestia con los grandes medios no es sólo porque sean grandes sino ?y sobre todo? porque son críticos y no se alinean con el relato oficial o con los intereses del poder político.
Esta obsesiva atención oficial a lo que transmiten la tapa de los grandes diarios o los títulos de las noticias transmitidas por televisión muestra otras cosas: en primer lugar, la baja estima o escasa confianza que tienen en los medios que defienden la gestión y en la capacidad de discernimiento de la gente. O no los leen o dudan de su credibilidad y capacidad para convencer de que todo va mucho mejor de lo que se cuenta.
En segundo lugar, la confusión de la información y el análisis con la publicidad y la propaganda impide discernir que no hay “noticias buenas” y “noticias malas”, sólo noticias veraces y noticias falsas. En materia de debate y análisis debería también poder entenderse que antes que comentarios verdaderos o mentirosos, hay aquellos mejor o peor fundamentados.
En tercer lugar, al confundir al Estado con el gobierno y al gobierno con quienes circunstancialmente lo conducen, se cree que señalar los déficit del Estado, las omisiones del gobierno y las opacidades de los funcionarios es una ofensa personal. No se entiende así que la existencia de una prensa crítica cumple con una función esencial de la democracia: ayuda a corregir y mejorar, a los gobernantes, a los políticos, a los propios medios.
En cuarto lugar, colocar la información pública en el campo de una permanente “batalla por los sentidos” tiene un doble efecto. Permite colocar bajo un manto de dudas las noticias y títulos que más molestan, pero exhibe al mismo tiempo un Talón de Aquiles del Gobierno: la pérdida de credibilidad en la propia información que brinda. El ejemplo más claro fue el primer pronunciamiento de los dirigentes sindicales alineados en la flamante CGT oficialista, dedicado a advertir que las cifras oficiales de inflación no cuentan a la hora de discutir salarios: “Nunca le creí al Indec”, se permitió decir el metalúrgico Antonio Caló.
“La pérdida de prestigio y credibilidad del Indec ?escribió semanas atrás uno de los más lúcidos analistas políticos? es uno de los mayores errores y contradicciones del kirchnerismo. Una fuerza estatista e intervencionista desacreditó a una institución reconocida y funcional. Obstinarse en la torpeza o negarla acrecienta el daño”. No fue Carlos Pagni ni Julio Blanck, sino Mario Wainfeld en Página/12 (22/7).
Cuando hay información veraz en lugar de diatribas y denuestos las versiones o especulaciones se desmienten por sí solas. Las conferencias de prensa no son necesarias pero permiten al gobernante exponer reflexivamente sus mensajes. Pueden resultar así mucho más efectivas que una constante bajada de línea que sólo convence a los convencidos. Pero este Gobierno no cree demasiado en las conferencias de prensa ni en la existencia de “información neutral” ni en las posibles virtudes de un periodismo independiente de sus fuentes de financiamiento privado o público. Por eso se prefiere librar batallas contra los medios, los ajenos obviamente, con una dedicación digna de una mejor causa. Por eso se prefiere culpar al mensajero.
(De la edición impresa)
