Las lecciones que aprendió Kirchner

El ex Presidente supo interpretar adecuadamente la crisis de 2001 y detectar los errores que no podían volver a cometerse desde el Gobierno si se pretendía conservarlo.

Néstor Kirchner siempre supo cómo construir poder y con la crisis de 2001 aprendió lo que había que hacer –o evitar– para mantenerlo. Entendió, mejor que nadie, las lecciones que surgieron de aquel tiempo turbulento que tanto marcó a todos los políticos de esta generación. Asegurar el dominio de la calle, evitar corridas en el sistema financiero, controlar la mayor cantidad posible de recursos públicos, desendeudarse y no ceder el manejo político de la provincia de Buenos Aires conforman el núcleo básico de las enseñanzas que adquirió Kirchner en la crisis.

En gran medida esa visión –más allá de algunos cambios– sigue presente en el gobierno de Cristina Fernández y explica algunos de los conflictos de estos días. “Tuve un gran maestro”, sostuvo la Presidenta en un reciente discurso cuando –criticando a Daniel Scioli– se refería a la necesidad de administrar bien los recursos públicos. Contrapuso los problemas que tiene Buenos Aires, pese a los $400.000 millones que se le giraron a la provincia por distintos conceptos desde 2003, con la administración de Kirchner en Santa Cruz. Claro que los problemas que tiene hoy la provincia sureña indican que tampoco hubo allí cambios estructurales en el financiamiento del sector público.

El tema del dominio de la caja es clave en la concepción del kirchnerismo. La concentración de recursos no es algo nuevo pero se intensificó recientemente. En los últimos15 años, la presión tributaria consolidada pasó de 20,3% del PIB a 33,4%. De esos 13 puntos, 9 fueron a la Nación. En la actualidad el Gobierno Nacional administra el 75% de los recursos públicos pero es el responsable de sólo el 54% de los gastos. Las provincias administran el 21% de los recursos y tienen a su cargo el 37% del gasto. Esta situación hizo que la Nación, en más de una oportunidad, haya tenido que ir en auxilio de las provincias –como en el caso del Programa de Desendeudamiento– con la consecuente subordinación política que ello trae consigo. Claro que muchos gobernadores se sintieron cómodos con ese esquema que les permitía trasladar responsabilidades y evitar, a veces, conflictos con sus votantes.

Teniendo en cuenta esos datos no sorprende que el esquema de distribución de gastos sólo se pueda sostener con una recaudación en crecimiento constante porque ante cualquier caída –como ocurre en la actualidad– aparecen las dificultades en todos los niveles. Además, a la hora de comparar administraciones, la Nación no sale tan bien parada frente a las provincias porque en los últimos años pasó de tener superávit a una situación deficitaria que la obligó a echar mano a todo tipo de recursos. En ese caso las enseñanzas no se siguieron al pie de la letra.

En donde sí se siguieron fue en el caso del desendeudamiento, que ha sido otra política clave porque establece un clara diferenciación con los ’90 y para que los acreedores no intenten condicionar la política económica. La situación puede considerarse holgada dado que en este momento los pasivos denominados en moneda extranjera representan sólo el 25% del PBI. En los últimos días, en varias oportunidades la Presidenta se refirió a la cancelación de los Boden el 3 de agosto, a la que le otorga una enorme carga simbólica. Por otra parte, pese a las medidas progresistas que el kirchnerismo tomó en otras áreas, no hubo iniciativas significativas –impositivas o regulatorias– que interfirieran en la actividad financiera.

Ningún gobierno resiste una corrida bancaria pensaba Kirchner y en estos días se recurre a un cepo cambiario para evitar una presión sobre el mercado cambiario que pueda transmitir una sensación de crisis. Está claro que en esta etapa el Gobierno es menos partidario a permitir que el dólar suba porque la Presidenta entiende que, políticamente, las devaluaciones fuertes son leídas como una derrota del Gobierno frente a los poderes económicos.

OTRAS LECCIONES

La preocupación por tener el control de la calle perdió intensidad en estos años –aunque no despareció por completo– en la medida en que las organizaciones que tenían presencia en el espacio público fueron perdiendo fuerza y acercándose al oficialismo.

De todas maneras, la pelea con Hugo Moyano marca una ruptura con la estrategia seguida en los últimos años porque conserva todavía una importante capacidad de movilización y una predisposición a la acción directa que el Gobierno le toleró, cuando no la alentó, en más de una ocasión.

Pero en donde sigue muy vigente la estrategia derivada del aprendizaje de 2001, e incluso de los años previos, es en la provincia de Buenos Aires. Allí se concentra el 38% de la población del país. En el conurbano, específicamente, está el 25% del electorado nacional, que ha mantenido a lo largo de los años una enorme fidelidad hacia el peronismo.

De la puja entre Menem y Duhalde, que terminó con la derrota de ambos, y de los saqueos en el conurbano en 2001, Kirchner aprendió que el control político de la provincia de Buenos Aires no puede delegarse dado que no hay conducción posible del peronismo si no se la tiene en el mayor distrito del país. La candidatura a senadora de Cristina en 2005, el apoyo condicionado a Felipe Sola primero y a Daniel Scioli después, la centralización de recursos y el diálogo directo con los intendentes del conurbano respondieron a esa lógica.

En 2011 se dieron más pasos en esa dirección con la designación de Gabriel Mariotto y el armado de las listas de legisladores locales y nacionales. Por eso, el kirchnerismo está decidido a poner límites a cualquier proyecto autónomo que pretenda incubarse en territorio bonaerense.

(De la edición impresa)

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