La crisis paraguaya

Desplazamiento institucional del Congreso o golpe de Estado del Legislativo? Las “nuevas” fuentes de ingobernabilidad.

El presidente Fernando Lugo había llegado al gobierno con la Alianza Patriótica para el Cambio (APC) en coalición con el Partido Liberal, quebrando así la larga estancia en el poder del Partido Colorado. Lugo, un religioso del ala más de izquierda de la Iglesia, era un outsider que llegaba luego de la hegemonía colorada y una inestabilidad que ya se había hecho presente con el juicio político a Raúl Cubas Grau –asociado del díscolo y controvertido General Oviedo– y luego del asesinato del vicepresidente Luis María Egaña en 1999. Después vino el intento de impeachment contra el ex presidente Luis Angel González Machi, en 2001.

Lugo era un mandatario minoritario y con escaso apoyo en el Legislativo. Esta situación ya significaba una debilidad notoria ante los procesos de destitución que, por la Constitución, están en manos de los legisladores. Sin apoyos partidarios y en situación de soledad, su debilidad política era ostensible y poco sostenible. La matanza de dieciséis personas –entre campesinos y policías– en un desalojo en la localidad de Curuguaty fue el detonante formal del inicio del proceso “relámpago” o “sumarísimo” que desplazó al presidente. Una de las cuestiones en debate es si se trató de un desplazamiento institucional del Congreso o de un golpe de Estado del Legislativo.

Desde ya, hablar de golpe de Estado producido por los legisladores votados por la población y que utilizaron las herramientas constitucionales y pusieron en funciones al sucesor constitucional parece demasiado. La distancia con los golpes de Estado clásicos en América Latina es, al menos, pronunciada. Desde el punto de vista de los procesos institucionales la crítica más atendible es que no se respetó el debido proceso y el derecho de defensa del presidente destituido. El juicio político sigue el modelo del proceso judicial de acusación, defensa, pruebas y sentencia, no porque la región tenga una tradición juridicista, sino por el diseño del presidencialismo que tiene una doble legitimidad situado en los órganos electivos –Presidencia y Congreso– y una teórica independencia entre los poderes.

Destituir a un presidente que ha sido votado por el pueblo y tiene legitimidad popular autónoma –que no depende del Congreso– no es una cuestión menor. En el sistema parlamentario, en cambio, la situación es distinta pues la legitimidad está alojada sólo en el Parlamento. El voto de censura es un retiro de la confianza a un primer ministro que, sin mayoría, no puede continuar gobernando. Aún así, cabe hacer notar que la caída de un gobierno parlamentario requiere cierto tiempo de reflexión que aparece claro en los procedimientos y las normas. Basta consultar la Ley Federal de Bonn (Alemania), la Constitución Española, la de Francia y la de Italia, entre otras, para ver que el tratamiento de la censura se trata recién entre las cuarenta y ocho horas y los cinco días (dejando a un lado el procedimiento más complejo del voto de censura constructivo) de su proposición.

Que los procesos hayan sido objetables no ubica a lo sucedido en una destitución equiparable a un quiebre democrático. La destitución la realizó el Congreso a través de un procedimiento establecido en el artículo 225 de la Constitución y el reemplazante fue el vicepresidente de la Nación. Incluso, el caso bien podría entrar en lo que los teóricos de las crisis presidenciales denominaron una cuasi parlamentarización del presidencialismo. Esta versión puede resultar demasiado optimista pues poca duda cabe de que cuando se producen desviaciones de los procedimientos institucionales no estamos frente a una modificación de hecho del régimen o de nuevas prácticas paraconstitucionales sino de algo que ha sido moneda común en la región: la utilización de las normas de acuerdo a la conveniencia de los actores políticos e institucionales.

Así y todo, definitivamente no se trató de un quiebre democrático, y no es preciso hablar de golpe de Estado. Respecto al vicepresidente Federico Franco, se repitió también un lugar común en América Latina. Presidentes y vicepresidentes que tras la breve luna de miel de la campaña y los primeros pasos en el gobierno entran en una escalada de tensión. Como otros mandatarios, Lugo no le dio papel específico a Franco en la órbita del Ejecutivo y así el vicepresidente se convirtió en un ajeno a la administración. En este escenario, ha sido frecuente que el vicepresidente sea visto como pieza de reemplazo del mandatario, ya sea tentándolo a que de un golpe o bien que se ponga en frente de una nueva administración en caso de crisis terminal. De manual.

¿Por qué el rechazo de los países de la región a la acontecido en Paraguay? Primero, el Mercosur y, luego, Unasur decidieron suspender a Paraguay su membresía hasta las próximas elecciones. Sectores de la oposición de Uruguay y Brasil, en cambio, han expresado su desacuerdo con la medida. La presidenta argentina, casi de inmediato, denunció que en Paraguay el presidente había sufrido un golpe de Estado.

¿Existe, acaso, temor en los gobernantes? Por un lado, sigue circulando y emergiendo esporádicamente el golpismo clásico que pretende el desalojo del presidente por la fuerza o, al menos, situaciones dudosas como la ocurrida con el presidente Rafael Correa en Ecuador en 2010 o la flagrante destitución inconstitucional de Jamil Mahuad, también en Ecuador en el 2000. Por otro lado, las movilizaciones sociales y la política callejera han provocado varias renuncias presidenciales forzadas, con o sin intervención del Congreso. Ello ha significado un nuevo talón de Aquiles para los presidentes.

En una suerte de accountability vertical los ciudadanos han presionado a legisladores para que procedan a acusar a presidentes o bien han producido un estado tal que la renuncia presidencial fue la única salida posible. Pero no cabe descartar que algunas movilizaciones puedan focalizarse en grupos cuyo objetivo sea algo más que reclamar derechos a los gobiernos.

En otras palabras, a los mandatarios regionales les preocupa tanto las acciones golpistas de sectores que no comulgan con sus intereses como la propia gente en la calle reclamando y demandando a las autoridades. No estaríamos, entonces, en presencia de un golpe clásico ni de una nueva forma de golpismo sino de un presidente débil por carencia de apoyo político y sin fuerzas partidarias que obrasen como barrera de protección frente a una oposición que hizo uso –y quizá abuso– de las herramientas brindadas por la Constitución. El análisis de los acontecimientos no debería ser tan apresurado, sobre todo, cuando los actores de la trama han sido electos por voluntad popular y los instrumentos utilizados figuran en la Ley Fundamental. Esto no significa que el Congreso haya actuado correctamente cuando ha sido tan flagrante la falta de defensa de Lugo. Pero la situación no es nueva y forma parte del lamentable acervo de cultura política de la región. En 1996 un presidente estrafalario, en Ecuador, era destituido por un Congreso que tampoco había observado formas, normas y procedimientos. No hay que olvidar que un problema central de América Latina fue el incumplimiento de la ley, el respeto de la Constitución y la recurrencia perenne a las situaciones de hecho más que a las de derecho.

(De la edición impresa)

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