(Columna del politólogo Andrés Escudero)
Es probable que la CGT siga el mismo destino que la CTA: una disputa ajustada y conflictiva, y una división en dos (o tres) bandos.
Un fantasma que ya no se cierne sobre la Argentina es el fantasma del moyanismo. Se avecinan cambios importantes dentro de la CGT y es probable que después de julio las relaciones entre el Gobierno y los sindicatos asuman un nuevo formato. La figura amenazante del líder camionero está lejos de esfumarse. Pero es evidente que aquella percepción que lo tenía como uno de los dueños de la gobernabilidad en la Argentina se ha relativizado considerablemente. Para frenar un país entero no alcanza con disponer de unos cuantos camiones. Hay que contar además con un buen motivo, un contexto propicio y un gobierno temeroso. A esta altura, no creo que quede ningún actor social sin entender que el actual Gobierno está bastante lejos de dejarse intimidar.
Las piezas se mueven activamente en el tablero sindical. Uno de los dirigentes con ambiciones de influir en la sucesión, Oscar Lescano, envió recientemente un mensaje pacificador. Dijo que el próximo congreso “seguro que va a ser una batalla campal”. Moyano le respondió con un psicodiagnóstico: “Lescano no tiene cerebro”. El secretario general de la CGT sostuvo expresamente que de la central obrera “no me saca nadie”. Mientras tanto, los opositores que vienen mascullando bronca contra el líder camionero sienten que su tiempo es ahora o nunca. No parece tratarse del tipo de actores dispuestos a soportar democráticamente una derrota electoral.
Así las cosas, es probable que la CGT reconozca el mismo destino que la CTA: una disputa ajustada, una conflictividad creciente, impugnaciones cruzadas in aeternum y una central obrera divida en dos (o tres) bandos cuyos líderes prefieren la fractura a la derrota. Los opositores a Moyano publicaron una solicitada en los principales periódicos llamando a la unidad de los trabajadores. Es el mejor indicador de una ruptura inminente. En política, la función de las solicitadas es limpiar culpas antes que acercar posiciones.
Al tratarse de la CGT hay siempre un condimento adicional. En octubre de 2006, durante el traslado de los restos del ex presidente Perón, un dirigente moyanista de segunda línea apodado “Madonna” Quiroz saltó a la fama televisiva por su destreza en el uso del calibre 9mm. Este recuerdo genera temores razonables sobre el destino del Congreso si los independientes y los “Gordos” concurrieran para hacer valer el número de congresales que dicen tener. En este conflicto, el Ministerio de Trabajo podría apelar a una combinación de competencias formales y habilidades políticas para administrar el conflicto en su favor.
Tener las dos centrales sindicales divididas podría resultar ventajoso en un contexto de tensión económica, al tiempo que evitarían tener que lidiar en el futuro con un nuevo Moyano. Esta etapa del crecimiento demanda, entre otras cosas, moderar las expectativas que juegan en la economía, tales como el grado de inversión, el valor del dólar y el nivel de precios y salarios.
Guillermo Moreno es el encargado de mantener a raya a los formadores de precios. Con la expropiación de las acciones de Repsol el Gobierno Nacional está buscando revertir la desinversión del sector energético, clave para mantener el ritmo de crecimiento. Las expectativas sobre el dólar, que amenazan con dejar al Estado sin las divisas necesarias, fueron acometidas celosamente con el objetivo de impedir el acceso a los billetes hasta donde sea posible. Esas divisas, entre otros motivos, son imprescindibles para hacer frente a los vencimientos de la deuda externa. Dado que el peso de la deuda como porcentaje del PIB se ha reducido notablemente (pasó del 4% en 2001 al 1,4% en el último trimestre de 2011), algunos economistas recomiendan en privado reprogramar los pagos, esperando aliviar con eso la necesidad de moneda extranjera.
No obstante, el Gobierno ha hecho del desendeudamiento un pilar del modelo y nada indica que se vaya a modificar. La autonomía política que el desendeudamiento le otorga al Estado argentino en el concierto de las naciones ha sido un activo altamente valorado por las tres gestiones kirchneristas. En la Argentina, donde los actores de la economía operan con un alto grado de especulación cortoplacista, no debería subestimarse la necesidad de contar con resortes políticos para administrar las expectativas económicas.
Sin embargo, la economía nacional seguirá siendo una olla a presión hasta tanto no se profundice una senda de incremento sostenido de la inversión real privada en bienes de capital. La dinámica de los precios trastoca todo el resto de las variables económicas y obliga a los funcionarios a multiplicar los esfuerzos destinados a contenerlas.
DISPUTAS Y ECONOMIA
La intervención en la disputa cegetista podría funcionar como un instrumento más en la batería de acciones destinadas a facilitar el manejo del reclamo salarial. Hay que tener en cuenta que el Gobierno no sólo ha fomentado el retorno de las negociaciones paritarias que recompusieron el salario de los trabajadores registrados, sino que autorizó incluso en 2012 (pregonado como el año del ajuste), aumentos superiores al 20% en todos los sectores, incluido el sector público. Siempre que se vio enfrentado ante una contradicción, el Gobierno Nacional se inclinó por alternativas que tendieran a proteger el nivel de consumo.
A pesar de ello, el fastidio que algunos reclamos sindicales generaron en el Poder Ejecutivo no fueron disimulados y no hay duda de que la cuestión salarial será un tema urticante cada año y Cristina Fernández ya no necesita del poder de movilización de Hugo Moyano. Ni tampoco le teme. Probablemente, el escenario de los próximos años encontrará una CGT dividida (después del pico de conflicto de los próximos meses), impugnaciones y denuncias cruzadas, intervenciones del Poder Ejecutivo destinadas a manejar el mapa del poder sindical y un Moyano disminuido, recostado sobre sus aliados, con esporádicas apariciones públicas para criticar la política laboral del Gobierno Nacional, y agazapado, esperando tiempos mejores.
Lo único que podría alterar este esquema de guerra fría sería un ataque al corazón del sindicalismo tradicional. Ese ataque, dada la estructura sindical argentina, puede provenir desde dos flancos: la reforma de la representación sindical (que desde el fallo ATE cuenta con aval de la Corte) y la estatización de las obras sociales. Si alguna de estas dos cosas ocurriera en el futuro, sería seguida inevitablemente por una escalada en el conflicto. Sin embargo, incluso en ese contexto, intuyo que las chances de victoria seguirían inclinándose en favor del Gobierno. En los noventa, muchos dirigentes sindicales se allanaron a perder influencia política a cambio de mantener sus lugares.
Si la Presidenta decidiese tomar para el Estado los fondos de las obras sociales (o en su versión de mínima, la Administración de Programas Especiales, que se ocupa de atender las patologías de alta complejidad) y volcar esos recursos al sistema público de salud, algunos dirigentes sindicales opondrían una férrea resistencia, pero otros buscarían negociar alguna ventaja ante el hecho consumado.
(De la edición impresa)
