Con la expropiación de YPF, el Gobierno sumó herramientas de política económica y la clave es saber cómo las utilizará.
Dos interpretaciones políticas posibles de la decisión presidencial de expropiar las acciones de Repsol en YPF pueden ponerse en discusión. Una interpretación caracteriza esa decisión como una astucia: con ella el Gobierno consigue incrementar los fondos disponibles para su control discrecional bajo la cobertura de una bandera política nacionalista que seduce a la mayoría de la opinión pública, divide a la oposición y neutraliza, inclusive, las represalias internacionales potencialmente más relevantes.
Otra interpretación describe a esta decisión como una fuga hacia adelante: con ella el Gobierno posterga el reconocimiento de la crisis energética, consigue financiar por un tiempo políticamente relevante los precios subsidiados del combustible y, con ellos, el sostenimiento del crecimiento económico, pero no alcanza a resolver ninguno de los problemas económicos cuya emergencia resultaría postergada por esta decisión.
Estas interpretaciones, por cierto no excluyentes, son a la vez pertinentes e insuficientes. La expropiación sería una maniobra astuta tanto en el frente interno como en el externo porque contribuiría a maximizar el control discrecional gubernamental sobre recursos financieros y económicos sin generar oportunidades para un bloqueo consistente por parte de adversarios o afectados por la decisión oficial. En el frente interno, porque la expropiación apela a la afinidad ideológica y práctica de los principales grupos políticos y económicos argentinos con la intervención estatal en la gestión de la economía. Afinidad ideológica de los partidos y la dirigencia social y económica, que supieron encontrar en las empresas estatales recursos financieros y burocráticos para incrementar su poder organizacional y político y su influencia sobre las políticas públicas. Afinidad práctica de los grupos económicos locales vinculados con la provisión de insumos y servicios a la industria petrolera, que supieron explotar las oportunidades de negocios ?y de colusión? que YPF ofreció con creces en el pasado.
Apelando a esas afinidades, el oficialismo ha conseguido de aquellos actores políticos y económicos que preferirían sustituirlo el acceso a recursos que le permitirán distribuir más bienes privados y, por esa vía, dificultar la coordinación entre esos mismos actores y su convergencia en coaliciones alternativas. Algo equivalente ocurriría en el frente externo: la expropiación permitiría al Gobierno redistribuir entre nuevos actores privados las oportunidades de negocios antes concentradas en Repsol o en las firmas con que ella quisiera negociar.
La apertura de estas oportunidades debilitaría los incentivos y la capacidad de los gobiernos extranjeros para tomar represalias contra el Estado Argentino: si los negocios perdidos por Repsol pueden ser ganados por Total, Exxon, Petrobras o CNOC, la cooperación activa con España contra la Argentina en la Unión Europea, el G-20 y América Latina podría no ser tan consistente como amenaza. Abriendo, entonces, oportunidades de negocios, el Gobierno lograría que gobiernos y empresas extranjeras usualmente preocupadas por la seguridad jurídica de sus inversiones apoyen de hecho la destrucción de esa seguridad para su propio beneficio.
La expropiación sería una fuga hacia adelante en tanto postergaría sin resolver los problemas económicos de los cuales la cuestión energética es vector y síntoma. Expropiando YPF el Gobierno puede reducir las necesidades de financiamiento del sector público en el balance de pagos energéticos y contar con poder de mercado para mantener bajo el precio interno del combustible. Abriendo nuevos negocios a otras petroleras privadas el Gobierno puede hacia el futuro incrementar la producción y, eventualmente, resolver los problemas de abastecimiento interno.
Con esas herramientas, el oficialismo podría aspirar al menos a mantener la economía en crecimiento y tal vez hasta recuperar el nivel de actividad perdido con la actual desaceleración. Ello le permitiría enfrentar las elecciones de 2013 en condiciones de desalentar la formación de coaliciones internas orientadas al poskirchnerismo y, de triunfar en esos comicios, aspirar a una reforma constitucional que autorice la reelección presidencial inmediata o alguna otra forma institucional de continuidad política.
Pero la expropiación no resolvería en el corto plazo el efecto que las importaciones de energía tienen sobre las cuentas públicas y sobre el balance de pagos: las utilidades de YPF no alcanzan para cubrirlas y las eventuales nuevas inversiones requieren un tiempo de fructificación mayor. Así las cosas, las virtudes de la astucia pueden chocarse con los defectos de la fuga hacia adelante. Para estimular el rápido desembolso de las nuevas inversiones y acelerar, en lo posible, su fructificación, el Gobierno debería ofrecer a los nuevos jugadores condiciones atractivas de rentabilidad.
La contrapartida, pues, de solicitar a las empresas una liquidación anticipada de sus eventuales rentas, además de un canon por ingresar al negocio, podría ser el compromiso de un incremento gradual del precio interno del combustible ?por otra parte justificable en el mayor costo de explotación de los yacimientos no convencionales?. El costo de ese incremento ya no podría ser subsidiado por el Estado, que debería retirar de circulación esos recursos para dejar de alimentar la inflación, y debería ser afrontado por el conjunto de la economía ?firmas y hogares? en el contexto de una política monetaria algo más restrictiva, para evitar que el impacto sobre los precios internos opere también como acelerador de la inflación. Salvo que se empleen algunos de los instrumentos previstos en la nueva Carta Orgánica del Banco Central para continuar estimulando el nivel de actividad de manera menos inflacionaria al mismo tiempo que se reorganiza la cuestión energética: encajes diferenciados y efectivos mínimos utilizados discrecionalmente para alentar el crédito a actividades productivas e intensivas en empleo, capaces de fructificar en un plazo no sólo breve sino también articulado con el momento en que sería necesario operar estos cambios en el funcionamiento del sector energético.
Las claves, entonces, para interpretar la decisión de expropiar YPF como astucia o fuga hacia adelante residirían en el timing y la consistencia con que el Gobierno utilice las herramientas de política económica que ha adquirido con esta decisión. Desde un punto de vista teórico y normativo, ello supondría que la decisión es una fuga hacia adelante pues la realización de sus potenciales virtudes dependería de contingencias ?el comportamiento de los inversores, el arte de los funcionarios? no determinadas ni necesariamente previstas por reglas.
Desde un punto de vista político, en ello residiría, precisamente, la astucia: en que la gloria que esta decisión quizás depare pueda ser presentada como obra del poder político y en que su eventual fracaso pueda ser atribuido, con idéntico rigor, a la mala fortuna. En esa resbalosa cuesta se asienta la virtud política de esta decisión y su implacable eficacia para poner las pasiones de sus adversarios al servicio de la razón de supervivencia de la líder.
(De la edición impresa)
