(Columna del politólogo Andrés Escudero)
La inseguridad debe enfrentarse desde varios frentes y no puede caerse en las propuestas simplistas que ya han demostrado su ineficacia.
Todo indica que el delito es objetivamente un flagelo social en crecimiento. Comparada con otros países de la región, la Argentina todavía exhibe niveles de violencia y delito relativamente bajos. Pero el deterioro es alarmante. Entre 1990 y 2010 la cantidad de hechos delictuosos parecería haberse ?por lo menos? quintuplicado. También es un flagelo subjetivo: los argentinos se sienten más inseguros que los colombianos (52 contra 39 de cada 100 respectivamente), siendo que la tasa de homicidios en Colombia, según datos del BID y la ONU es casi 8 veces más alta que en la Argentina (40,1 vs. 5,2 cada 100 mil habitantes).
Va de suyo que frente a una víctima no hay estadística que valga. El asesinato de un ser querido transforma ese caso en el 100% del universo. Esta realidad, sumada al oportunismo político y a la inquisidora cobertura televisiva, suelen llevar a dirigentes de todo el mundo a tomar la senda del populismo penal. Evidentemente, se trata de una alternativa que no funciona. El ejemplo más elocuente es el de la provincia de Buenos. Aires. Allí se endureció el proceso penal, se triplicó la cantidad de encarcelados y se otorgó más poder a la policía. Mientras tanto, el delito no hizo otra cosa que aumentar. Mendoza representa un caso similar: partiendo en 1991 de niveles delictivos iguales a los de Santa Fe y muy inferiores a los de Córdoba, luego de varios años de mano dura y algunos intentos frustrados de reforma policial, se ubicó por encima de ambas provincias con tasas de hechos delictuosos superiores en 49% y 23% respectivamente.
El pavoroso asalto sufrido por la familia de Baby Etchecopar ha colocado el tema de la inseguridad en la agenda pública por enésima vez. Sostengo que el punto de partida para rediscutir la política de seguridad debe ser una actitud de seriedad política, prudencia social y rigurosidad científica. Parece una obviedad, pero en la Argentina está lejos de serlo.
La acción estatal para prevenir el delito debería basarse en tres ejes: 1) Generar contextos favorables para el Desarrollo Humano (DH); 2) reformar integralmente las instituciones del sistema de seguridad, y 3) profundizar el debate público sobre el concepto de inseguridad en el terreno comunicacional.
Toda política pública necesita partir de un buen diagnóstico. Según consta en un estado del arte realizado por investigadores de la Universidad de Talca (Chile), la literatura disponible sobre las causas del delito dispone de al menos 44 variables explicativas. Es decir: para la pregunta sobre por qué la gente delinque hay no menos de 44 respuestas posibles. Esto determina que las políticas de prevención del delito operen en un mar de incertidumbre acerca de las causas del fenómeno que pretenden combatir.
A pesar de ello, existen investigaciones científicas provenientes de la biología, la psicología y la sociología que demuestran que las principales dimensiones del DH influyen de alguna u otra manera en la regulación de la agresividad, la violencia y las conductas delictivas. El DH es una categoría compleja que incluye, p.e., la calidad de la alimentación, la vigencia de ambientes familiares carentes de maltrato, la existencia de buenas oportunidades laborales y la no discriminación. Todas estas variables tienen alguna relación con la violencia. Un enfoque sistémico sugiere que es imprescindible operar fuertemente en la generación de contextos que maximicen el DH.
Ahora bien, al DH no le basta con la macroeconomía. La mejora en las variables del empleo y la pobreza constituye nada más (y nada menos) que el principio de la historia. En los últimos ocho años el Estado ha recuperado buena parte de su capacidad de macrorregulación, devastada por la reforma neoliberal. Si pretende poner en práctica este primer eje, el Estado necesita desarrollar capacidades de microintervención. Para reparar un tejido social desgarrado hacen falta intervenciones de precisión quirúrgica que exceden con creces los grandes trazos macroeconómicos.
El segundo eje es una reforma integral de las instituciones policiales, judiciales y penitenciarias con dos objetivos: cortar los vínculos entre las agencias estatales y el delito complejo, y modernizar las estructuras organizativas. Miembros de la policía, la Justicia Penal y los servicios penitenciarios tomaron parte activa en el terrorismo de Estado ejercido por la última dictadura militar. Desde entonces, algunos integrantes de las fuerzas de seguridad desarrollaron una suerte de know how de la criminalidad organizada. Así se han descubierto agentes comprometidos con el narcotráfico, la trata de personas, el robo de automotores y el lavado de dinero. Por otra parte, es necesario contar con agencias públicas eficientes en la prevención y represión del delito. Una policía moderna debería basarse en una reformulación conceptual de la profesión policial; un enfoque orientado al servicio; procesos de capacitación, selección y formación más rigurosos y exigentes; una educación basada en problemas; el ascenso por concurso de oposición y antecedentes e incentivos a la consolidación de una nueva cultura institucional.
Otro problema de las agencias es el crónico desfinanciamiento al que se ven sometidas. Un dato ilustrativo: si se miden las erogaciones como porcentaje del PIB, el gasto público provincial en seguridad creció 15% (de 0,91 puntos a principios de los noventa llegó a 1,05 promedio en los últimos años) mientras que el gasto nacional pasó de 0,47% a 0,42% en el mismo período. Los intendentes también realizan esfuerzos preventivos vía provisión de combustible, apertura y mantenimiento de comisarías, etcétera. Pero tienen un problema: constantemente se ven empujados a financiar una estructura policial sobre la cual no tienen mando formal. Es imprescindible un mayor compromiso presupuestario con la seguridad por parte de las instancias estatales que disponen de recursos para invertir.
Finalmente, ninguna persona comprometida con un enfoque democrático de la seguridad debería renunciar a la disputa por el sentido de las palabras. La lógica del campo televisivo, que Pierre Bourdieu examinara con maestría en Sobre la TV, empuja a sostener discusiones sencillas y efectistas que terminan por reducir el campo semántico del concepto de inseguridad y ridiculizan a quienes asumen posturas garantistas. Un ex ministro bonaerense declaró una vez: “El 50% de los homicidios no son por hechos de inseguridad, sino por cuestiones de origen privado, como los pasionales o los ajustes de cuenta”. Resultó una cruel paradoja del destino que apenas tres días después muriese quemada Wanda Tadei. Para el ex ministro, Wanda murió por un hecho privado. Allí no existe inseguridad: la violencia de género parece confinada al inescrutable ámbito de lo doméstico.
(De la edición impresa)
