(Columna de opinión de Andrés Delich, ex ministro de Educación y director de la Fundación CEPP)
La estrecha relación entre el Gobierno y los gremios docentes se resquebraja por problemas salariales que se reflejan en un cambio en el discurso oficial.
El Gobierno suele presentar como hecho fundante de su política educativa, aquel viaje que Néstor Kirchner, junto al ministro Daniel Filmus, hicieran a la provincia de Entre Ríos, apenas asumidos, en mayo del 2003, con el fin de llevar fondos para levantar una huelga docente que llevaba más de tres meses y que no permitía el inicio de clases en esa provincia.
Más allá de la anécdota misma, este relato adquiere el valor de un contrato fundante, de un reflejo de lo que sería la viga central de la política educativa del kirchnerismo: una alianza estratégica y prioritaria con los sindicatos docentes. La historia del presidente Kirchner como gobernador de Santa Cruz no presagiaba necesariamente este acuerdo: su relación con el gremio local había sido siempre conflictiva y con permanentes enfrentamientos. De hecho, el salario docente provincial era el que pagaba el bono de presentismo más alto del país y los concursos docentes estaban parados, lo que hacía que una buena parte de la planta docente fuera interina, sin los beneficios de la estabilidad.
La razón de este cambio tal vez se pueda rastrear en una nota publicada por Susana Decibe, ex ministra de Educación del presidente Carlos Menem, en el diario Clarín. En la misma relataba una reunión con su antiguo asesor, el ministro Filmus, en la que le reclamó retomar los ejes de la reforma educativa de los años '90, a lo que él le habría respondido que eso era imposible y que por la debilidad que implicaba el 23% de votos con los que asumió el presidente Kirchner, debieron formular una alianza con los gremios que fortaleciera la situación política del Gobierno. Si no es verdadero está bien hallado, dicen los italianos, por esas razones o por otras que desconocemos.
Lo cierto es que el ministro Filmus estableció una alianza con la CTERA sobre la base de responder a sus demandas. Si como dice el teórico italiano Angelo Pa nebianco la política se nutre de dos tipos de incentivos: los materiales y los simbólicos, hay que convenir que la alianza cumplió con los dos. En los nueve años pasados, el Gobierno cumplió con la recuperación salarial de los maestros, permitió el aumento de la planta docente más allá del crecimiento de la matricula, derogó las leyes educativas de la década del '90 y convino nuevas leyes consensuadas con ellos.
Este modelo de acuerdo con los sindicatos hizo de las políticas de insumos el centro de la política educativa, es decir, además del aumento salarial, la inversión en edificios, libros y computadoras. El discurso oficial se centró en diferenciar la creciente inversión educativa de las décadas anteriores. El 6,4% del PIB en inversión educativa aparece como el máximo logro de la gestión educativa. Sin embargo, a medida que la inversión crecía también lo hacían las preocupaciones dado que durante décadas de crisis fiscales y presupuestos flacos, muchas de las deficiencias del sistema educativo habían sido escondidas atrás del reclamo de mayor Presupuesto.
Los resultados de las evaluaciones internacionales de calidad muestran resultados estancados o en retroceso, la cobertura no crece más allá del nivel inicial, la repitencia siguen en los mismos niveles y concentrados en los mismos sectores sociales, el abandono de la escuela secundaria permanece en los mismos niveles que un lustro atrás. Los límites de este programa estaban claros, incluso para el Gobierno, al final del primer mandato de la presidenta Cristina Fernández. Su referencia a la necesidad de la evaluación docente como una herramienta para mejorar la formación de los mismos o el problema del ausentismo son señales que dio la Presidenta de la necesidad de readecuar el pacto original con el gremio docente, incorporando reformas que, sin duda, están en el centro de los problemas del sistema educativo pero que los gremios no están dispuestos a asumir.
A esta agenda nueva que en forma tímida y deslucida la Presidenta empezaba a esbozar, se le sumo el conflicto salarial. Las necesidades fiscales de las provincias hicieron que este año las ofertas salariales a los gremios docentes estuvieran claramente por abajo, no sólo de la inflación pasada, sino también de la futura. Esta combinación de una nueva agenda de política educativa, más la decisión del Gobierno de convertir la paritaria docente en una demostración de moderación de los reclamos salariales, han puesto en crisis la alianza estratégica del Gobierno con los sindicatos.
La Presidenta se plantea algunas reformas que irritan a los sindicatos en el mismo momento en donde la famosa “sintonía fina” está llegando a los salarios docentes. No parece la mejor oportunidad para hacer lo que se debió negociar en el tiempo de abundancia fiscal. Los paros “salvajes”, como lo denominó el propio ministro de Educación, tienen por objeto no sólo defender el salario docente sino también derribar todo atisbo de programa educativo diferente al que se pactó al principio del gobierno kirchnerista y que se podría resumir así: “Poné la plata y no me pidas nada”.
Lo que ha entrado en crisis es un modelo de política, y la “temperatura” del conflicto explicita una puja por ponerle más recursos a este modelo o plantearse otro modo de gestionar la educación de nuestros hijos.
(De la edición impresa)
