A cien años de la Ley Sáenz Peña (II)

Una democracia imperfecta (Por Marccelo Stubrin)

A principios del Siglo XIX nació la Patria, a los tirones entre la máscara de Fernando VII y la ocupación napoleónica de la península Ibérica. Al promediar el siglo, luego de luchas descarnadas, primero por la independencia y luego por el poder, se organizó la Nación y se fundó una República. Algo incipiente, llena de defectos, pero consolidada por la fuerte identidad de las provincias que cedieron poder a un proyecto nacional.
Educación, inmigración, agricultura, ferrocarriles y puertos, fueron la novedad modernizadora. Pero el sistema político se concentraba en muy pocas manos, las que en la última década del siglo se mancharon de nepotismo, arbitrariedad y corrupción.

Un efecto paradójico de la modernización fue la imposibilidad de los caudillos provinciales de seguir manejando a su antojo un país cada vez más complejo y heterogéneo. Podemos afirmar, a título de ejemplo, que la combinación virtuosa de inmigración europea y escuela pública fue el germen en que se extinguió la República Conservadora. En 1890, nació una nueva interpretación de la Argentina. Se combinaron los excluidos de extramuros, los inmigrantes y la juventud estudiosa para interpelar al régimen desde reivindicaciones esenciales: sufragio universal, federalismo, expansión de las fuerzas productivas y moral administrativa. Estos fueron los emblemas de los integrantes de la Unión Cívica de la Juventud, precursores del radicalismo y fundadores de la democracia.

Mitines multitudinarios, revoluciones armadas, tomas de comisarías y abstención electoral fueron el repertorio de la lucha. Al principio acompañados por muchos caballeros célebres que con dignidad se opusieron al unicato, luego constituyeron un  colectivo que lideró Leandro Alem, con su verba encendida de tribuno popular que consolidó Hipólito Yrigoyen con sus silencios elocuentes, su capacidad de organización y su tesón para atravesar una década oscura, de intemperie, incomprensión y persecuciones.

Pero la situación política se estaba agotando. Lista completa, el que ganaba por un voto obtenía todos los cargos; voto cantado en el atrio de la iglesia, con el comisario, el cura, el estanciero y el juez vigilando el sufragio de los hombres comunes; listados electorales confeccionados con arbitrariedad, documentos expedidos sólo a los  favorables, constituían una mala réplica del espíritu de la Constitución. Con el siglo comenzó el resquebrajamiento del régimen político que férreamente conducía Roca desde el Partido Autonomista Nacional.

La revolución radical de 1905 lo puso en evidencia y los cambios no tardaron en llegar a un país plagado de enfrentamientos y sujeto a reglas extremadamente perversas de organización de la vida política. Pero el ala modernista se impuso, el roquismo fue superado y finalmente Roque Sáenz Peña llegó en 1910 a la Presidencia de la República. Saenz Peña negoció con Yrigoyen para pacificar el país. El caudillo popular exigió reuniones públicas, informó al Comité Nacional de su partido y rechazó ofertas para integrar el Gabinete Nacional. Exigió un sistema de elecciones que fue consagrado en la ley 8.871, sancionada el 10 de febrero de 1912. Padrón electoral sobre la base de los registros del enrolamiento militar, voto universal, secreto y obligatorio, escrutinio centralizado y finalmente un sistema de distribución del poder llamado “lista incompleta”, por el cual la mayoría obtiene dos de cada tres escaños electorales y la minoría se adjudica el restante.

La ley se estrenó pocos meses después. Manuel Menchaca candidato radical derrotó a Lisandro de la Torre en la provincia de Santa Fe. Mientras tanto Yrigoyen, impasible y vigilante, esperó como los grandes, al frente de “la religión cívica de los argentinos” como gustaba llamar a su partido radical. Y mientras en la educada Europa estallaba
la Gran Guerra, en la Argentina incompletas e imperfectas se establecieron las reglas que hoy conmemoramos y que el 12 de octubre de 1916 inauguraban la democracia.

La reforma más importante (Por Rosendo Fraga)

El 10 de febrero de 2012 se cumplirá un siglo de la sanción de la llamada Ley Sáenz Peña (8.871). Según mi opinión, fue la reforma política más importante en doscientos años de vida argentina, la cual divide la política en un antes y un después. Sin modificar la Constitución Nacional ni la composición de la Suprema Corte –que  mantuvo absoluta estabilidad en cuanto a cantidad de integrantes, mecanismo y forma de elección de sus miembros entre 1862 y 1947–, y sin que hubiera sufrido un cambio el Congreso de amplia mayoría conservadora, se produjo un cambio político sustancial cuyas bases hoy continúan vigentes.

El voto universal, secreto y obligatorio establecido por dicha ley es la base del sistema electoral argentino. Esta base no se ha alterado y ningún actor político relevante plantea hoy su modificación. En cambio, con el transcurrir del tiempo el sistema de lista incompleta que daba dos tercios de los representantes a quien obtenía un voto
más y el tercio restante al que quedaba en segundo lugar se modificó. Lo mismo sucedió con la confección del padrón por parte del Ministerio de Guerra un siglo atrás –garantía de que no iba a ser manipulado–, una función que hoy está en manos del Ministerio del Interior.

La sabia Constitución de 1853 no había avanzado en detalles sobre el sistema electoral y ello permitió al Poder Ejecutivo realizar, sin alterarla, una transformación política esencial, en momentos que muy pocos países del mundo tenían un sistema semejante y cuando en la mayoría de los países de Europa no había voto obligatorio y regían distintos medios para calificarlo. Pero esta reforma no irrumpió intempestivamente, sino que fue el proceso de una evolución. La sanción el 29 de diciembre de 1902, durante la segunda presidencia de Roca, de la Ley 4.161, ya había sido la reforma  electoral más profunda realizada hasta entonces, desde la Ley 140, sancionada el 6 de setiembre de 1857.

Esta ley, que establecía el voto por circunscripción en las elecciones de diputados nacionales y de electores de Presidente en 1904 y que tomaba el modelo electoral vigente en el mundo anglosajón, implicó un cambio importante. Pero rigió poco tiempo, ya que una de las primeras iniciativas enviadas por el presidente Manuel Quintana al Congreso al poco tiempo de asumir fue el proyecto de derogación, reestableciendo el sistema la ley de 1857. Es así como las elecciones de 1906, 1908 y 1910 vuelven a  realizarse con el sistema tradicional.

Durante la presidencia de José Figueroa Alcorta, quien accede al cargo por la súbita muerte de Quintana, se da un paso importante en materia de reforma electoral al sancionarse la ley que dio al Ministerio de Guerra la misión de elaborar el padrón electoral. Era un reclamo muy concreto que venía planteando Hipólito Yrigoyen en su condición de líder de la principal fuerza opositora. Sobre este segundo paso hacia la reforma electoral es que Roque Sáenz Peña, presidente electo en 1910, avanza como prioridad de su gobierno en la reforma electoral, la cual concreta con rapidez mediante
tres leyes.

La primera modificaba la ley sobre el empadronamiento militar para votar; la segunda establecía el voto universal secreto y obligatorio y la tercera la representación de las minorías, adjudicando a la más relevante de ellas –en términos electorales– un tercio de los representantes. El Presidente logró así que en la primera elección bajo su mandato, realizada en 1912, rigiera el nuevo sistema electoral que transformó la vida política argentina. Así como el proceso de la reforma electoral llevó una década, su aplicación efectiva y plena vigencia llevó otra.

Aún en las elecciones de 1914 y 1916, en diversas provincias se impuso el oficialismo.
Un siglo después, la Ley Sáenz Peña tanto como hito histórico, como realidad vigente, es un punto de unión tanto en el oficialismo como en la oposición y perfeccionar su aplicación, un objetivo a logra.

(De la edición impresa)

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