Legislativas de Venezuela 2020: en las antípodas de la integridad electoral

Por Jesús Delgado Valery*.

El 6 de diciembre se celebraron las elecciones legislativas de Venezuela. De acuerdo a distintos especialistas, se trata de las elecciones más irregulares que ha celebrado el país, al menos en los últimos veinte años, lo que no es decir poca cosa.

Las garantías de los procesos electorales que se celebraron entre 1999, luego de la llegada de Hugo Chávez al poder, y el 2015, con las elecciones parlamentarias, fueron deteriorándose progresivamente, aunque no de forma lineal.

Ya en las elecciones para elegir a los representantes para la Asamblea Nacional Constituyente de 1999 se empezó a perfilar la pretensión hegemónica del chavismo. En aquella ocasión, a través de un mecanismo conocido como el “Kino electoral” (que consistía en anular el efecto compensatorio del sistema electoral proporcional), el oficialismo, con el 65% de los votos se hizo con el 90% de los escaños (121 de 131).

Prácticas como esta se dieron continuamente con la anuencia del Tribunal Supremo de Justicia. En las legislativas de 2005 la herramienta usada con el mismo propósito que el “Kino electoral” fue conocida como “las morochas” (mellizas). Con el objeto de sobre representarse, y contando con una aceitada y disciplinada maquinaria electoral, el oficialismo presentó sus candidaturas a través de partidos distintos para esquivar el efecto compensatorio del sistema mixto alemán. Instruyó a su electorado a votar uninominalmente a un partido y a la lista partidaria de otro (morocho o mellizo). Si bien en esas elecciones no participó la oposición, si lo hicieron de manera independiente partidos afines al chavismo.

Este tipo de irregularidades, así como otras de igual o mayor gravedad, como la manipulación de los circuitos electorales y de las proyecciones poblacionales, el uso indiscriminado de los recursos del Estado, la intimidación, la inhabilitación y criminalización de líderes y partidos opositores, entre otros, fueron comunes en los procesos electorales, lo que definitivamente inclinaba la cancha. Sin embargo, existía aún una arena electoral donde el régimen, que antes de 2015 podemos calificar de autoritarismo electoral o competitivo, permitía algún grado de disputa de poder.

A partir de las elecciones legislativas de hace cinco años esto cambiaría y se sentaría el paso de un autoritarismo competitivo a uno cerrado. En aquella ocasión, la oposición, aglutinada en la Mesa de la Unidad (MUD), obtuvo dos terceras partes de los diputados y se convirtió en la “tarjeta” más votada de la historia. El oficialismo, a través del TSJ, primero revirtió la proclamación de tres diputados (para arrebatar la mayoría calificada), y ante la protesta del cuerpo legislativo, lo declaró en “desacato” y usurpó sus funciones.

Desde ese momento se celebraron procesos electorales que ya no podían ser reconocidos por la falta de condiciones e incluso la manipulación de los resultados de manera alevosa. Todos ellos fueron abordados en “Así se vota en Venezuela”, la última publicación de Transparencia Electoral que cuenta con los aportes de Leandro Querido, Eduardo Repilloza, José Delgado, Eugenio Martínez y de quien escribe.

Sin embargo, no hay dudas de que la elección del 6 de diciembre de 2020 fue la más irregular de todas. Con las restricciones que impone la extensión de este artículo, intentaremos hacer un repaso por los elementos más relevantes.

En primer lugar, el nombramiento de los rectores del Consejo Nacional Electoral, tarea que corresponde a la Asamblea Nacional electa en 2015, fue realizado por el Tribunal Supremo de Justicia. La usurpación fue tal que incluso impuso los cargos de cada rector, función que le compete al mismo CNE.

El máximo tribunal también intervino las directivas de los principales partidos opositores (Primero Justicia, Voluntad Popular y Acción Democrática) que ya habían anunciado que no participarían, para imponer a nuevas autoridades que se prestaran a legitimar los comicios. Este ataque no se limitó a organizaciones opositoras, ya que el TSJ intervino a organizaciones oficialistas que participaban por fuera del PSUV (Tupamaros y PPT).

No se realizaron suficientes operativos para la actualización del registro electoral y se calcula que al menos 2 millones de nuevos votantes no pudieron empadronarse. A esto hay que sumarle la ausencia de operativos para registrar electores en el exterior. Actualmente, el padrón es de un poco más de 100 mil electores, cuando se calcula que hay más de 5 millones de venezolanos exiliados.

Quizá uno de los elementos más irregulares fue el cambio del sistema electoral una vez convocados los comicios. A través de las “Normas Especiales para regular la elección de la Asamblea Nacional (2021-2026)”, el CNE creó (sin estar facultado para ello) una circunscripción nacional, aumentó la representación nominal a 52% y la proporcional (lista) pasó a 48%, y de manera inconstitucional (se establece un criterio poblacional en el artículo 186 de la CRBV) y totalmente arbitraria aumentó el número de diputados a elegir de 167 a 277.

Otro rotundo retroceso fue negar a las comunidades indígenas del voto universal, directo y secreto, y obligarlas a votar a mano alzada.

En cuanto al sistema de votación automatizado, recordemos que en marzo de este año se informó de un incendio en los depósitos donde estaban resguardadas las máquinas de votación (y otros insumos) provistas por Smartmatic. Aunque la empresa denunció una manipulación en los resultados informados en las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente del 2017 (sobrepasaban al menos por un millón de votos los que habían registrado) y cerró operaciones en el país días después de dicho comunicado, el CNE siguió usando el hardware y software hasta las presidenciales de 2018.

El proceso de sustitución del sistema automatizado fue completamente opaco. No hubo licitaciones abiertas ni se rindieron cuentas. En cuanto a las auditorías, se hicieron mayormente a distancia, sin la participación de técnicos independientes y en un periodo de menos de dos meses, cuando expertos electorales como Eugenio Martínez advirtieron que para auditar un nuevo sistema de votación automatizado son necesarios al menos seis meses. A días de la elección trascendió que las máquinas fueron provistas por la empresa argentina ExClé.

Durante la jornada electoral distintas organizaciones civiles (entre ellas Súmate y Observatorio Electoral Venezolano) registraron irregularidades tales como la presencia de grupos armados en las adyacencias de los centros de votación, así como la instalación de “Puntos Rojos”, estructuras del PSUV para controlar la participación de su militancia por medio del “Carnet de la Patria”, instrumento a través del cual se entregan (o niegan) algunos beneficios sociales.

De igual manera registraron entrega de bolsones de comida (en un país con más de 90% de pobreza), movilización de votantes por parte de las Fuerzas Armadas, y la prohibición a presenciar el escrutinio denunciada en numerosos centros de votación.

Finalmente, luego de la elección pudimos ver los efectos del nuevo sistema electoral. Con una participación de apenas 30%, el PSUV, con el 69,2% de los votos obtuvo el 91,34% de los diputados (253 de 277).

De acuerdo a los criterios para la observación electoral establecidos en el Manual para las Misiones de Observación Electoral de la OEA, unas elecciones democráticas deben ser incluyentes, íntegras, competitivas y decisivas. Quizá las elecciones venezolanas del 6 de diciembre puedan servir para establecer criterios de lo que no son las elecciones democráticas.

(*) Director de Desarrollo Institucional de Transparencia Electoral. Coautor de «Así se vota en Venezuela». Lic. en Estudios Internacionales por la Universidad Central de Venezuela (UCV) y candidato a Magíster en Estudios Electorales por la UNSAM.

 

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