Balance del primer año del Gobierno Fernández

Por Enrique Zuleta Puceiro

De confirmarse las tendencias electorales hacia el año próximo, el país marcha hacia nuevos escenarios de polarización electoral. Dos grandes fuerzas políticas, vuelven a competir sobre el centro del espectro político, esta vez sin caudillos ni candidatos relevantes y con una agenda básicamente igualitaria, sin diferencias profundas y ambas con el secreto propósito de capitalizar la decepción de una clase media cada vez más escéptica y distanciada de cualquier forma de compromiso efectivo con el mejoramiento del sistema.

Mal que pese a quienes añoran una política de convicciones y responsabilidades, los andariveles centrales de la competencia estarán una vez más ocupados por actores secundarios y por productos y mensajes convencionales, centrados más en el objetivo de “construir el enemigo” que en cualquier otro objetivo superador. Si en algo coinciden hoy la mayor parte de los dirigentes con capacidad efectiva de incidir en las reglas de juego es en la necesidad de eliminar todo vestigio de competencia interna, incluido el incómodo expediente de las PASO. Lo importante -dicen- es superar este trance y recuperar cuanto antes el aliento, esperando batallas mayores que vendrán sin duda de la mano de las nuevas demandas y exigencias de una sociedad ya harta de la banalización constante de la democracia.

Las evidencias de este pacto de no -competencia se multiplican, tanto en nuestro país como en la mayor parte de las democracias mejor establecidas. Siete de cada diez democracias funcionan hoy sobre la base de coaliciones mixtas, integradas por fuerzas políticas heterogéneas, sin más coincidencias que la de llegar al gobierno y articular desde arriba una respuesta medianamente capaz de sobrevivir a la coyuntura, flotando “con las luces apagadas”, esperando un mejor momento para volver a navegar. La época de los liderazgos carismáticos ha terminado y la sucede una época muy diferente, de personajes menores, apenas adaptados a la institucionalidad recibida y capaces en todo caso de entender las características del momento de desplegar atributos adecuados a las nuevas exigencias.

El caso de Argentina no es una excepción. Todo lo contrario, parecería más bien una confirmación casi ejemplar de una tendencia extendida a lo largo y a lo ancho de la geografía comparada de las democracias. El Presidente corporiza un liderazgo más bien adaptativo, capaz de mimetizarse en un paisaje cada vez más hostil. Los centros efectivos del poder están en otro lado y evolucionan conforme una lógica propia, descentralizada y cada vez más confrontativa.

No es de extrañar por ello, que, a uno u otro costado del espectro político, los temas divisorios sean mínimos y no superen el nivel de las batallas menores entre dirigentes. En un país en el que más de la mitad de la economía esta sumergida, una cómoda mitad de la actividad económica se desarrolla fuera del sistema y no extraña por ello que casi una mitad de la población urbana confiese estar por debajo del nivel de la pobreza.

El futuro de la presidencia es hoy, por ello, el tema central en la agenda institucional del país. Al cabo de un proceso de exigencias extraordinarias, poco queda del crédito inicial con que oda sociedad recibe a un nuevo gobierno. Casi todas las constantes vitales del gobierno Fernández son propias de un cuerpo desgastado y enfermo, con una capacidad mínima de negociación y apenas en condiciones de capitalizar algún reconocimiento colectivo.

Al cabo de una elección crispada, el nuevo gobierno heredó hace un año una institución devaluada en sus recursos, facultades institucionales y herramientas operativas. A lo largo de la dura experiencia de gestión de la crisis, la institución presidencial ha perdido casi todos sus recursos. Cualquier intento de sorprender hacia el futuro con cambios de marchas orientados a devolver energía al gobierno tropezara con una maraña de decisiones de emergencia, salvaguardas judiciales y, sobre todo, decisiones autorrestrictivas forjadas por el propio gobierno. Quienes acusaron al gobierno de una secreta adicción por el confinamiento no se equivocan. Desde el Presidente hasta el último policía disfrutan el secreto placer de la imposición unilateral, el protocolo y la disciplina autoritaria.

El costo de esta situación privilegiada es, sin embargo, altísimo. Un marco institucional como el que se está consolidando excluye hacia el futuro, casi por principio, la idea familiar al argentino común de un poder presidencial definido al modo de casi todos los presidentes de la Argentina moderna, desde Perón hasta Macri. Los cambios en la institución presidencial son trascendentales y responden, en realidad, a una evolución gradual del sistema político argentino.

En este sentido, más que de un poder políticamente devaluado, cabria hablar de un poder mejor inserto y por ello más adaptado a las condiciones de hecho de la Argentina real. En una sociedad polarizada y compleja, la dimensión personal de la Presidencia tiende a agotarse en sí misma, con dificultades crecientes para innovar y trascenderse a sí misma.

Gobernar es, cada vez más, administrar situaciones de vulnerabilidad. Operar y transar entre actores mayores, capaces de imponer decisiones y vetos que desafían las capacidades establecidas de la presidencia. La constitución real condiciona y determina los márgenes de interpretación y aplicación de la constitución formal. Nada que no ocurra en el resto de las democracias de coalición, en la que el arte de gobernar es, cada vez más una de las artes fundamentales de la supervivencia.

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