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La letra chica de una elección (algo) democrática

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27 noviembre de 2020

Por Ernesto Calvo

El 17 de noviembre del 2020, dos semanas después de la elección presidencial en Estados Unidos, los representantes republicanos en el comité de certificación electoral de Wayne County trataron de bloquear la aprobación y publicación de los resultados definitivos. Wayne County, el municipio más grande de Michigan, incluye también a su ciudad más diversa y populosa, Detroit. El acto administrativo de certificar la elección es un paso trivial pero necesario para que Michigan envíe al Colegio Electoral a la delegación demócrata, luego de que estos ganaran la Elección local por más de 3 puntos y alrededor de 150 mil votos. Sin contar los votos de Wayne County, y sin la certificación de la elección, una cantidad de mecanismos legales y políticos pueden ser utilizados para tratar de forzar a que la Legislatura de Michigan, controlada por los republicanos, mande una delegación de su preferencia distinta de la ganadora. En estas dos semanas, extensas discusiones académicas, legales y políticas, han tratado de clarificar bajo qué condiciones podrían los legisladores de Michigan desoír el resultado de las urnas y enviar una delegación Republicana al Colegio Electoral. Es una posibilidad muy remota, dice la mayoría de los especialistas.

Actos anti-democráticos por parte del Partido Republicano se han expandido en los últimos días, buscando atacar la legitimidad del triunfo de Joe Biden o, si existe alguna posibilidad, de dar vuelta el resultado expresado por los votantes el 3 de noviembre. Las elecciones nacionales, como las de Michigan, fueron ganadas por los demócratas por casi 4 puntos y con una diferencia a su favor 6 millones de votos. La decisión sobre quien es elegido presidente, sin embargo, no depende del recuento nacional sino de los múltiples resultados estaduales. En las últimas seis elecciones, hemos visto tres presidencias demócratas y tres presidencias republicanas, aun cuando el voto popular fue ganado por los demócratas en cinco de estas seis elecciones. Quizá el Partido Republicano está mal acostumbrado a ganar sin el voto popular y ha decidido que saber cuál partido suma más votos es irrelevante. A estas creencias anti-democráticas han sumado prácticas igualmente anti-democráticas, no solo para prevenir que algunos votantes ejerzan su derecho sino también para descartar votos que no los favorecen.

En un caso que no tiene precedente en la historia moderna de los Estados Unidos, Lindsay Graham (Carolina del Sur), uno de los líderes de la mayoría republicana en el Senado, presionó al secretario de Estado de Georgia Brad Raffensperger, también republicano, para que encontrara formas de eliminar votos que ya fueron emitidos. Raffensperger, visiblemente sacudido, denunció públicamente a los miembros de su propio partido por tratar de desacreditar el resultado de la elección y, en conferencia de prensa, denuncio amenazas contra él y su familia, consecuencia directa de su decisión de validar los resultados de la elección estadual.

Desde el campo de golf, Donald Trump, el perdedor de la elección, se ha dedicado a postear decenas de tuits denunciando el resultado de la elección y demandando que los “verdaderos” republicanos se rebelen en contra del triunfo demócrata. Las acusaciones de RINO, “Republicans in name only”, son circuladas abiertamente por las autoridades del partido contra todos aquellos que no están dispuestos a “denunciar” el resultado de la elección y tratar de revertir el voto popular. Sin ningún tipo de descaro, y bajo la presunción de que el ejercicio del poder otorga derechos, el Partido Republicano ha decidido que no es necesario aceptar las reglas del juego democrático. Para los republicanos todo, para los demócratas la ley.

RINO's at the gates

La semana previa a las elecciones presidenciales de Estados Unidos, una de las bases de datos más utilizadas en Ciencia Política, V-Dem, calificó al Partido Republicano como autoritario. Medios como CNN, The Guardian y The New York Times se hicieron eco de los resultados de este estudio, publicando los datos de V-Dem como una advertencia ante la estrategia del Partido Republicano de denunciar fraude antes de que se realizara la elección. El reporte de V-Dem destacaba estrategias anti-democráticas de los republicanos tales como el acoso a opositores, la incitación a actos de violencia, así como también el intento activo de reducir la participación de los votantes de distritos con mayorías demócratas.

Hace más de un mes, semanas antes de las elecciones, aprovechamos una larga caminata de cuarentena con David Karol para estudiar los posibles escenarios legales que tenía el Partido Republicano para tratar de dar vuelta un resultado negativo en las urnas. Desde Julio del 2020, Donald Trump comenzó su campaña de denuncias por un “futuro” fraude electoral, lo que fue acompañado de juicios contra las autoridades electorales en Michigan y Pennsylvania. La campaña de Trump esperaba que Michigan y Pennsylvania fueran los estados clave que definirían la elección, por lo que asegurar un triunfo electoral, o un triunfo por otros medios, era clave. El Plan A era ganar la elección. El Plan B, forzar un resultado favorable mediante juicios, denuncias y acoso.

En la caminata con Karol, hablamos extensamente de Florida 2000, un caso en el cual el margen electoral fue mínimo y en el cual, antes de que los resultados fueran certificados, la legislatura controlada por los Republicanos decidió enviar una delegación propia al Colegio Electoral. El caso fue recientemente mencionado por el secretario de Estado, Mike Pompeo, e indirectamente referenciado por el propio Trump luego de la nominación de la nueva Jueza de la Corte Suprema, la ultra-conservadora Amy Coney Barrett. La discusión de si una legislatura puede enviar una delegación distinta a la que resultó del voto popular deja de ser relevante si no existe un “voto popular” certificado. La letra chica del contrato democrático, es extraordinariamente confusa cuando el resultado de la elección es disputado, librando a distintas combinaciones del Ejecutivo y Legislativo estadual la determinación de cuál es la delegación que debe ser enviada al Colegio Electoral. Es cierto que sería virtualmente imposible enviar una delegación Republicana para representar a Michigan si los demócratas obtuvieron más votos. La pregunta, sin embargo, es que sucedería si no existe un resultado estadual certificado y los Republicanos acusan de fraude a los Demócratas.

La traición de los “Republicans In Name Only” (RINO), es la acusación del trumpismo elevada contra todos aquellos que aceptaron el resultado del voto popular y no cerraron filas en contra de los demócratas. Un Partido Republicano unificado podría forzar la decisión en el Colegio en contra de los resultados del voto popular, lo que hubiera desatado una crisis constitucional. La letra chica de las elecciones de Estados Unidos tiene como árbitro de última instancia una legislación que sobre-representan a los intereses de los estados, una mayoría de los cuales están controlados por Republicanos. Aun cuando la mayoría de la población vota consistentemente a los Demócratas, el sistema electoral de Estados Unidos es extraordinariamente frágil ante una crisis constitucional desatada por un Partido Republicano unificado.

Para el trumpismo, la derrota de esta elección no es electoral sino política. No fueron derrotados porque la mayoría de los votos fueron demócratas, algo frecuente en las elecciones recientes, sino que han perdido la presidencia porque los RINO no pusieron los intereses del partido por encima de los de la democracia en Estados Unidos. Lo notable de este resultado es que un quiebre del orden democrático fue posible en Estados Unidos, por primera vez en más de doscientos años. La posibilidad de un quiebre constitucional explica la extraordinaria consistencia de las noticias publicadas en los medios tradicionales, quienes consistentemente filtraron las operaciones de desinformación de Trump y evitaron amplificar sus denuncias de fraude. La democracia norteamericana ha sobrevivido a lo que podría haber sido la mayor crisis política desde la Guerra Civil. Durante mucho tiempo vamos a discutir si un margen de victoria más ajustado hubiera permitido que el Plan B de Trump fuera ejecutado. Sin embargo, el solo hecho de que Trump se hubiera podido plantear un Plan B habla del nivel de deterioro institucional que ha dejado su presidencia y de los extraordinarios vientos internos que soplan en el conservadurismo norteamericano.

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