Unicameralismo en Mendoza, mayor poder para el Ejecutivo

Por Miguel Barrientos

Cualquier Estado que se precie de ser tal debe contar con una serie de elementos que legitime su existencia. Siguiendo a Oscar Oszlak, una de esas características es la diferenciación del control, entendida como la creación de un conjunto de instituciones públicas que extraiga legitimamente recursos a la sociedad para ofrecer una cantidad x de servicios. Por lo tanto, la existencia del Estado tiene un costo, así como un costo mucho mayor podría tener la no existencia del mismo.

Gobiernos de distinto signo político, a nivel nacional y en las esferas provinciales, han explotado muchas veces el sentido común ciudadano, ofreciendo el canto de sirena de la reducción de los gastos de la política. Así, se llevaron adelante propuestas de achicamiento de las estructuras públicas, que redundaron en un sinnúmero de consecuencias, aunque la deseada baja en los costos mencionados nunca se materializó.

Una vez más nos encontramos frente a uno de esos momentos, ante el proyecto presentado por el gobernador Rodolfo Suárez que busca, entre varios puntos, abolir el Senado mendocino para transformar al órgano legislativo en unicameral. Las razones de esta modificación se reducen, como siempre, a dos argumentos: las demoras en la toma de decisiones y el costo de la política.

Si lo que se busca es acelerar los tiempos, debemos tener en cuenta que el Ejecutivo, al ser unipersonal, es incomparable a los órganos colegiados, donde las necesidades de acuerdos y mayorías demoran las decisiones. Quien gobierna una provincia toma decisiones y es auxiliado por su gabinete ministerial, pero –recordemos– ministros y secretarios pueden ser removidos por él, con lo cual la última palabra siempre la tiene la cabeza del Eejecutivo.

En el caso del Poder Legislativo, si bien existen estructuras internas que intentan reducir los problemas de la acción colectiva (autoridades del cuerpo, de comisiones y de bloques, por ejemplo), lo cierto es que estos siguen presentes. La riqueza de las funciones legislativas está en los canales de diálogo, para acercar posiciones y generar mejores leyes.

“Mensurar los costos de la política”, por otra parte, termina siendo algo muy dificil y, ante la necesidad de argumentar, se entra en una lógica reduccionista. En general, al ser un punto que toca la fibra sensible del electorado, cualquier propuesta que, a priori, suponga pagar menos impuestos será vista con buenos ojos por la opinión pública. Pero nada demuestra que, después de aplicar este tipo de cambios radicales en la institucionalidad de un lugar, la ciudadanía recibirá la tan ansiada reducción del gasto público.

De cualquier modo, es razonable exigir a las y los dirigentes políticos compromiso y esfuerzo con sus trabajo, rendición de cuentas y cuidado de la cosa pública, evitando costos por encima de los necesarios.

 

Si cerramos el Senado, ¿qué perdemos?

Si la demora en el tratamiento de los proyectos es inherente a órganos donde las decisiones requieren aunar voluntades, pero aún así se insiste con el proyecto unicameralista, ¿qué se pierde si abolimos una de las dos cámaras?

Independientemente del modo de selección de sus miembros y de las competencias de las cámaras, todos los sistemas con dos cámaras tienen influencia sobre el proceso político, que no subsisten con una sola: en el unicameralismo, la doble lectura y las mayorías especiales para ciertos proyectos pueden paliar los efectos adversos de abolir el Senado, pero no recuperan el terreno perdido.

Dos cámaras representan la división del poder legislativo. Esto supone un jugador con poder de veto adicional sobre la agenda legislativa (dando a cada cámara el poder de cancelar las decisiones de la otra). Esto fomenta el diálogo entre ambas y permite resolver divergencias y generar mejores leyes. Mientras tanto, el unicameralismo es la completa concentración de decisiones en un único cuerpo.

Ahora bien, si pensamos en términos de representación, los efectos negativos de dejar a las y los mendocinos sin Senado aumentan. De tener 86 legisladores, la provincia pasaría a contar con sólo 48. ¿Quiénes ganan y quiénes pierden con este punto? Eliminar bancas en juego comprime el juego electoral entorno a las principales fuerzas, permitiendo bloques mayores entre los grandes partidos y generando, en muchos casos, la desaparición de las expresiones políticas más chicas, que siempre pueden aportar una discusión más rica en los recintos. Todo hace pensar que una decisión que disminuya la cantidad de legisladores genere un número menor de partidos que tengan chances efectivas de ingresar al Poder Legislativo mendocino.

 

Evidencias y conclusiones

¿Qué más muestra la evidencia cuando se abolió un Senado provincial? En la Argentina, actualmente sólo 8 de las 24 jurisdicciones cuentan con un Legislativo bicameral. En general, este tipo de estructuras fue muy estable a lo largo de los años. Desde el regreso de la democracia en 1983, únicamente dos provincias pasaron de bicamerales a unicamerales: Tucumán, en 1990, y Córdoba, en 2001[1].

La Ciencia Política presta atención a las relaciones entre los ejecutivos y los legislativos y toma, como referencia para analizar el funcionamiento de este accionar, las tasas de aprobación de los proyectos de ley de gobernadores y legisladores de acuerdo a quién los presentó. Así, en el caso cordobés, de los 9.945 proyectos ingresados entre 1983 y 2019, 2.529 fueron originados por el ejecutivo provincial y 7.413 tuvieron como autores a miembros del legislativo[2]. Si vemos qué pasó con los mismos, nos encontramos con una evidencia sorpresiva: las tasas de éxito para los proyectos del gobernador variaron muchísimo en esos años, pero esto es así especialmente desde que no hay más Senado en Córdoba. De la Sota, en sus primeros dos años de gobierno (1999-2001), obtuvo tasas de éxito del 55%, mientras a partir de 2001, estos números estuvieron arriba del 94% (tanto para los mandatos del mismo de la Sota como para los de Schiaretti, con años en los que se aprobó el 100% de lo que presentaron).

Si volvemos al caso mendocino, vemos números de producción legislativa muy similares a los cordobeses. Tramitaron 13.483 proyectos de ley en el legislativo medocino desde la vuelta a la democracia hasta 2019. De ese total, 2.110 fueron enviados por el Ejecutivo y el resto había sido presentado por legisladores en forma individual o en coautoría. Hubo variaciones en los porcentajes de aprobación que cada gobernador obtuvo pero, en promedio, un 66,3% de los proyectos de ley enviados por el Ejecutivo se transformó en Ley Provincial.

Con una sola cámara, es altamente probable que las tasas de éxito de los gobernadores mendocinos crezca sobremanera. Esto podrá ser positivo para quien ocupe el cargo en ese momento, pero sin dudas transformará el papel del Legislativo a un mero ratificador de los proyectos del Ejecutivo, esa “escribanía” de la que tanto se habla, pero no sólo podría combatirse con más y mejores herramientas en manos de las y los legisladores.

La evidencia muestra que despojarse de una de las dos cámaras legislativas no ha redundado en mejor democracia, sino en mayor concentración de poder en manos del  Ejecutivo. Cuando el gobernador aumenta su control sobre el proceso político, se reducen los espacios para la discusión política, implicando en la toma de decisiones inconsultas, siempre caras a la historia nacional.

Con el argumento de los “costos de la política” se propone un proyecto que únicamente favorece al gobernador, en un sistema presidencialista provincial donde ya es un claro beneficiario.

Es importante exigir a las y los dirigentes políticos compromiso y esfuerzo con sus trabajos, rendición de cuentas y cuidado de la cosa pública, evitando costos por encima de los necesarios. Pero con concentración de la autoridad en el Ejecutivo esto es mucho más dificil, además de ser negativo en términos de pluralidad democrática. La mejor respuesta es siempre más, y no menos, política.

[1] San Luis tuvo una modificación radical en 1987, cuando transformó su Legislatura unicameral en un poder con dos cámaras.

[2] De los 3 proyectos restantes, dos son de iniciativa popular y otro fue originado en el Poder Judicial Provincial.

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