Estado, producción y mercado interno: tres claves para pensar el país de la pospandemia

por Gervasio Bozzano (*)

El mundo posterior a la pandemia es una incógnita. Pero, a priori, podemos tener dos certezas: será muy distinto al que conocíamos hasta ahora y deberá afrontar el desafío de su reconstrucción

Desde que el Gobierno Nacional decidió -correctamente- implementar de manera temprana el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) con el objetivo de cuidar la vida de los argentinos y las argentinas ante la pandemia de Covid-19, hemos asistido a una embestida contra dicha medida sanitaria por parte de diversos actores que han demostrado estar más interesados en garantizar sus negocios que la vida de la ciudadanía.

Sin embargo, contra todo tipo de presiones, el presidente Alberto Fernández ha sido muy claro al remarcar una y otra vez que para nuestro Gobierno la prioridad es la salud del pueblo argentino porque, en sus palabras, “de la economía se vuelve pero de las muertes no”.

Algunos sectores han pretendido instalar una falsa dicotomía entre salud y economía, aduciendo que los efectos de la cuarentena sobre la actividad productiva y comercial serán peores de lo que hubiesen sido sobre la población si se implementaba un aislamiento más lábil y flexible.

Este argumento no resiste el más elemental de los análisis. En primer lugar porque, como ha quedado demostrado a nivel mundial, lo que ha impactado de lleno en la economía de todos los países no es la cuarentena, sino la pandemia. Por otra parte, como dijimos, la contradicción entre economía y salud es inexistente.

Muy por el contrario, desde el primer momento el Poder Ejecutivo Nacional fue plenamente consciente del impacto negativo que la expansión del virus tendría sobre el entramado social y productivo e implementó una batería de políticas públicas destinadas a amortiguarlo y revertirlo.

Sin pretensión de exhaustividad, podemos mencionar las siguientes medidas.

-El 10 de marzo se anunció la creación de un fondo especial de $1.700 millones para adquirir equipamiento e insumos para laboratorios y hospitales.

-El 17 de marzo el otorgamiento de un bono extraordinario para más de 9 millones de jubilados, pensionados, titulares de Asignación Universal por Hijo y de Asignación Universal por Embarazo.

-El 20 de ese mes la implementación de precios máximos para alimentos de la canasta básica y productos de primera necesidad –que el 30 de junio fue extendido hasta el 30 de agosto-.

-El 23 el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).

-El 24 de marzo la suspensión temporaria del corte de servicios por falta de pago –que el 18 de junio se prolongó hasta fin de año-.

-El 29 de marzo el congelamiento temporario de alquileres y la suspensión de los desalojos.

-El 31 la extensión del programa Ahora 12 hasta el 30 de junio –que en esa fecha fue prorrogado hasta el 31 de diciembre- y la prohibición de despidos y suspensiones por 60 días (que el 18 de mayo fue extendido por 60 días más).

-El 1° de abril el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), que se amplió el 19 de ese mes, incorporando créditos a tasa cero para los y las monotributistas y un salario complementario para los trabajadores en relación de dependencia del sector privado (50% a cargo del Estado).

-El 25 de abril un refuerzo extraordinario en la tarjeta Alimentar, de $4.000 para aquellas familias con un hijo y de $6.000 para las que tengan dos o más.

-El 18 de mayo el congelamiento de tarifas de telefonía fija y móvil, internet y TV paga.

-El 9 de junio la prórroga por 180 días de la doble indemnización para despidos.

Con este breve pero contundente repaso, queda claro que la economía también fue una prioridad para el Gobierno Nacional, que desde el inicio comprendió que ante una situación excepcional, sólo cabían respuestas excepcionales.

Ahora bien, el debate que debemos darnos es mucho más profundo y estructural que la viabilidad de las medidas adoptadas para acompañar a la ciudadanía en el marco de una emergencia que, como toda situación de excepción, más temprano que tarde terminará para dar lugar a una nueva normalidad. Y en el centro de ese debate estratégico se ubica el rol que debe ocupar el Estado en la economía de un país como el nuestro.

Si bien hay muchos voceros y opinólogos interesados en hacernos creer que todo lo que tenga que ver con Argentina es sucio, feo y malo, lo cierto es que somos el octavo país con mayor extensión territorial del planeta, nuestra economía se encuentra entre las 25 más grandes del mundo, contamos con una amplia variedad de recursos naturales, tenemos una estructura industrial potente y diversificada y poseemos una mano de obra altamente calificada gracias a la existencia de una universidad pública y gratuita de excelencia. Somos, como suele decirse, un país de tamaño medio y eso implica un potencial que debemos aprovechar y explotar.

El mundo posterior a la pandemia es una incógnita. Pero, a priori, podemos tener dos certezas: será muy distinto al que conocíamos hasta ahora y deberá afrontar el desafío de su reconstrucción.

Y eso, para los argentinos y las argentinas, adquiere un carácter doblemente urgente. En efecto, a las consecuencias del coronavirus a nivel mundial, nosotros tenemos que añadir los cuatro años de gobierno de Mauricio Macri en el país y de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. Cuatro años de un modelo cuyas consecuencias fueron el endeudamiento, la desindustrialización, la caída del salario real, los tarifazos, el aumento de la pobreza y de la indigencia y el desmantelamiento del Estado como actor económico.

Entonces, cuándo la pandemia haya pasado, será momento de emprender la reparación de nuestra patria, algo que ya está sucediendo en gran parte del país, más allá de la situación del Area Metropolitana. Y en ese camino, el rol del Estado como organizador de la actividad productiva y asignador de recursos no sólo será necesario, sino imprescindible.

El escenario no será halagüeño pero, como dicen nuestro presidente Alberto Fernández y nuestro gobernador Axel Kicillof, una de las enseñanzas que podemos sacar de esta experiencia es que el capitalismo neoliberal que imperaba a nivel mundial hasta hoy ya no es viable. Ya no es posible legitimar un diseño económico hegemonizado por las finanzas, en el que los y las que tienen recursos pueden acceder a todo tipo de beneficios mientras a la inmensa mayoría de la humanidad se le niegan los más elementales derechos, como el acceso a la vivienda, la salud, el trabajo y la educación.

Ha quedado demostrado que si el Estado no se hace cargo de atenuar las desigualdades existentes y de generar oportunidades para todos y todas, iremos a un mundo en el que los ricos serán cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Eso fue lo que estaba sucediendo en nuestro país durante el gobierno anterior y es lo que en la campaña electoral nos comprometimos a revertir.

Por eso, la amplia cobertura social a la que hacíamos mención al comienzo de la nota ha llegado para quedarse. Quizás no con ese formato y esos programas, pero sí como parte de una concepción política humanista, que coloca en el centro de todas nuestras preocupaciones a los hombres y mujeres del país y apunta a garantizar, en primer término, su bienestar. Con esa mirada es que encaramos todos los desafíos, desde la reestructuración de la deuda para tornarla sostenible hasta la prohibición de despidos o de los desalojos, por mencionar solo un puñado de medidas.

Por otra parte, como también asumimos el compromiso durante la campaña, el país que viene será profundamente federal. Y eso es una cuestión que me atañe directamente, en tanto que dirigente maipuense y representante de la Quinta Sección Electoral en el Senado de la Provincia de Buenos Aires.

La provincia que queremos y que apostamos a construir es aquella en la que prime la integración territorial. Aquella en la que la diversidad económica, social, demográfica, productiva, climática, geográfica, cultural y turística que la caracteriza no sea una causa de divisiones y fracturas, sino que potencie a todos y cada uno de los 135 partidos que la conforman. Una provincia en la que los y las jóvenes no deban irse de sus ciudades para estudiar o conseguir empleo. Una Buenos Aires con diversificación productiva, gobiernos fuertes y arraigo, entre otras cuestiones a desarrollar.

Para eso, el Estado en sus tres niveles -nacional, provincial y municipal- deberá asumir un rol preponderante. No se trata de reemplazar a la actividad privada sino de complementarla, apuntalándola con incentivos a los sectores que más los necesitan, siempre desde una mirada centrada en el robustecimiento del mercado interno. El desafío, entonces, es asumir una visión estratégica en el marco de un esquema integral e inteligente cuyo propósito final no sea otro que la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria.

Ese es el objetivo tanto del Gobierno Nacional como provincial y bajo esa premisa obramos

(*) Jefe del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Senadores de la Legislatura de la provincia de Buenos Aires

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