La seguridad después de la pandemia

Por Julio Burdman

Entre tantas cosas que fueron afectadas por la coronacrisis, tenemos que mencionar a la política nacional de seguridad. Aunque los planes en la materia de la gestión de Alberto Fernández nunca llegaron a explicitarse -asumió el 10 de diciembre, poco después llegaron las fiestas y el verano, y en marzo arrancaron las políticas de aislamiento social obligatorio-, todo indica que la situación obligó a repensar lo previsto.

Las primeras medidas tomadas antes de la pandemia y el perfil de la nueva ministra, Sabina Frederic, mostraban una inclinación a diferenciarse notoriamente de la gestión anterior, a cargo de Patricia Bullrich, y a convertir esa diferenciación en una identidad del nuevo gGbierno. Las primeras medidas tomadas por Frederic fueron revertir las regulaciones implementadas en los años previos, que en general apuntaban a aumentar el margen de maniobra de las fuerzas federales para intervenir en presencia de delitos, y a revisar lo actuado en los casos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, que habían generado una fuerte controversia política.

El hecho de que Bullrich asumiera como presidenta del principal partido de la oposición no era un dato menor: la seguridad se iba a politizar otra vez. La orientación general era reforzar el paradigma del control civil de las fuerzas policiales, acusando a la gestión saliente de dar mucho poder a los uniformados sobre la población. El caso reciente de Bolivia, donde la policía había participado activamente del golpe contra Evo Morales, impulsaba aún más la convicción de que ese era el camino.

Otro dato relevante era que los dos distritos con la situación más crítica en materia de seguridad, y que más apoyo recibían del Gobierno Nacional, que eran las provincias de Buenos Aires y Santa Fe, pasaban a tener gobernaciones peronistas, modelos a su vez de diferentes versiones del peronismo, lo que brindaba a la política de seguridad la oportunidad de convertirse en un caso emblemático de cooperación y affecto societatis entre las partes que componen el Frente de Todos. En suma: menos policiamiento, más política, más control civil.

Todo resultó muy distinto a lo previsto. Para empezar, las políticas de aislamiento social y cuarentena acuden mucho a las prácticas de policiamiento, por lo que la presencia de los uniformados en las calles terminó incrementándose. Aunque el principal componente de la cuarentena es la autorregulación social, es claro que se apeló mucho al despliegue de las fuerzas policiales para asegurar su cumplimiento. Tal vez no tanto al interior de las ciudades, donde en los hechos la Policía interviene poco, pero sí en los accesos a las mismas, los caminos que conectan a las ciudades, y las rutas de todo tipo, que se vieron invadidos por controles y retenes. Ni hablar del cierre de fronteras y el apoyo policial a las tareas de rastreo de presuntos infectados que hace el sistema de salud. Se suma a eso el uso extendido de los permisos de circulación, que controla la Policía y que tienen protocolos de aplicación relativamente laxos -es decir, el Policía termina, muchas veces, siendo el que decide sobre su validez- lo que terminó multiplicando las funciones potencialmente discrecionales de las fuerzas de seguridad.

Paradójicamente, dirigentes de Juntos por el Cambio, cuyo Gobierno había sido acusado de punitivismo policial por los integrantes del Frente de Todos, ahora son los que acusan al oficialismo de haber llevado demasiado lejos la presencia policial en la vida social, hablando de una supuesta restricción de las libertades civiles y digitales, e instalando inclusive la metáfora de la “infectadura” para describir a la regulación de la cuarentena por parte del gobierno y las fuerzas de seguridad. Y aparecieron diferentes denuncias de violencia policial asociadas al patrullaje en cuarentena en provincias como Chaco, Tucumán, Salta, Jujuy y Buenos Aires, aunque los dedos apuntaron a las fuerzas provinciales.

En diferentes provincias y ciudades se registró malestar de la población con las tecnologías de apoyo a la supervisión social de la circulación de vehículos y personas -las famosas cámaras-, pese a que los países que mejor han administrado las políticas de cuarentena son los que cuentan con mayores capacidades al respecto, como China, Singapur, Corea del Sur e Israel. Se reprodujo, de hecho, un debate sobre las condiciones culturales necesarias para el éxito de los modelos de gobierno digital, que en nuestro caso trataron varios capítulos del libro El futuro después del Covid-19, publicado por la Presidencia de la Nación y compilado por el asesor presidencial Alejandro Grimson.

Aparecieron, también, los conflictos jurisdiccionales. Esto pareciera ser algo normal, ya que también los hubo en los años de Cambiemos, cuando la misma coalición gobernaba la Nación, la Ciudad y provincia de Buenos Aires. En este caso, fueron un poco más notorios, y alcanzó estado público el roce entre Frederic y Sergio Berni. Aunque no fue el único caso.

Hay otro fenómeno a tomar en consideración, y es que ésta mayor presencia policial y de las fuerzas de seguridad, a pesar de las denuncias y las protestas opositoras, no fueron mal recibidas por la población. En las zonas más “calientes” en materia de inseguridad, como algunos barrios del Gran Buenos Aires o Rosario, la gente se acostumbra a la presencia de gendarmes y prefectos, y pide que los efectivos permanezcan allí, por lo que pasada la crisis cuesta sacarlos del terreno.

El repliegue de las fuerzas federales será todo un desafío en la pospandemia. Sobre todo, porque la gestión de Frederic y Fernández probablemente pretenda volver al punto de arranque, y realizar la política de menos policiamiento, más política y más control. Sin embargo, puede ser que las condiciones obliguen a recalcular. La pandemia y el fuerte deterioro social que dejará el 2020 requerirán ajustar los planes en materia de seguridad pública. Las proyecciones hablan de una pobreza creciente -alrededor del 50%-, más desocupación y menores ingresos familiares para fin de año, lo que seguramente repercutirá en un aumento del delito.

Por otra parte, el éxito obtenido en la lucha contra el virus -hasta ahora, al menos por las ciudades globales con mayor uso de las tecnologías de supervisión y el creciente prestigio y proliferación de las mismas- el gigante chino Huawei ofrece a los gobiernos todo tipo de recursos tecnológicos para combatir la inseguridad, seguramente redundarán en más dispositivos de control, que los gobernantes van a querer implementar en sus distritos.

Todo esto en un marco en el cual se profundizará la crisis de la lógica metropolitana en la gobernabilidad argentina, que hará a los gobernantes “del interior” más ávidos de innovaciones de gobierno y menos dependientes del modelo AMBA, a pesar de la restricción presupuestaria que afectará a todos.

Es una incógnita cómo quedará la confianza en las fuerzas policiales del país, ya que en muchas de las provincias del norte donde mejor estaban vistas las fuerzas se produjeron los problemas, y el aumento de la demanda de policiamiento también podría ser variable, en función de la experiencia final de la gente con crisis sanitaria.

En suma, el Gobierno empezó con una idea sobre qué hacer con la seguridad, y la realidad lo lleva en otra dirección. Por delante queda una sociedad que demandará más policiamiento, y que probablemente sufra más el delito, en un escenario de más tecnología en las ciudades y nuevas fricciones entre jurisdicciones que deberán resolverse. A nivel nacional, las autoridades del área deberán cambiar el chip: los problemas cambiaron, y no se irán solos.

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