por Penélope Vaca Avila (*)
Argentina tiene muy poca tradición de PBE. Salvo tímidamente en CABA, casi no existen instituciones científicas posicionadas permanentemente en los procesos formales de toma de decisión
La crisis del Covid-19 ha puesto sobre la mesa un ya proverbial debate en las ciencias sociales sobre el mejor modo de articular la evidencia científica en las políticas públicas. La influencia del conocimiento en las decisiones de los gobernantes atraviesa la historia de la humanidad. Las civilizaciones premodernas afirmaban que todo lo que era importante saber acerca del mundo o bien ya estaba en los libros sagrados (la Biblia, el Corán o los Vedas) o bien era irrelevante. Como nos recuerda Harari (2014), la revolución científica que se produce a partir del Renacimiento inaugura así una tradición única, ya que admite abiertamente ignorancia colectiva respecto de las preguntas esenciales para el hombre. Desde entonces la humanidad ya sabe que no sabe o, al menos, que no lo sabe todo. En esa búsqueda se cimenta el gran desarrollo capitalista y las expresiones de poder que lo acompañan.
El despliegue del Estado de Bienestar en la posguerra fue el contexto perfecto para fraguar una relación más estrecha entre ciencia y política. Así nació la idea de que el diseño de las políticas públicas debe mejorarse incorporando el paradigma experimental (Laswell, 1950), dando lugar a lo que hoy denominamos Políticas Basadas en Evidencia (PBE). Desde entonces, el modelo ha tenido sus partidarios y sus detractores. Las PBE se desarrollaron fuertemente en los países anglosajones, tempranamente en el Reino Unido y, luego, en EE.UU. Estas se asocian al paradigma de la “Nueva Gestión Pública”, la racionalización del proceso decisional y la planificación/evaluación y se basan en la idea de que, en este mundo globalizado, ya se han ensayado casi todas las iniciativas para resolver los distintos problemas públicos. Las PBE permiten, asimismo, sintetizar hallazgos y acumular resultados para aprender de éxitos y errores del pasado. Con el uso de métodos altamente estandarizados como pruebas aleatorias controladas, revisiones sistemáticas, mapas de evidencia y gestión de Big Data se puede identificar la mejor intervención posible para un problema dado tomando en cuenta experiencias previas.
Algo curioso ocurrió, no obstante, durante esta pandemia con esos países pioneros. En ellos, hace tiempo que la eficacia de gobernar pone en juego no sólo componentes políticoinstitucionales, sino también científico-técnicos. Su gestión gubernativa habitual incorpora sistemáticamente referentes científicos en los gabinetes presidenciales, con un despliegue jurídico y organizativo muy contundente para alcanzar a los tomadores de decisión evaluaciones, modelos, experimentos y microdatos e incorporarlos al proceso de formulación de las políticas. El sector de la salud británico, con el National Health Service a la cabeza es, paradójicamente, emblemático de este modo de gestión. Sin ambargo, fue en estos dos países donde más se relegó el conocimiento en la crisis del Covid-19. En contra de buena parte de la comunidad científica, sus gobiernos priorizaron políticas con resultados muy inciertos y apostaron por estrategias que, con el tiempo, se verificaron carentes del necesario rigor como la “inumunización comunitaria” o los tratamientos con hidroxycloriquina. Las instituciones vinculadas a las PBE parece que pasaron a un segundo plano.
Pero entonces, ¿qué lugar ha tomado la evidencia científica en las políticas adoptadas para resolver la crisis? A la vista de lo ocurrido en otras latitudes, parecería que las PBE han sido un elemento esencial, pero no suficiente, para asegurar el éxito. Surgen otros factores fundamentales como la celeridad en tomar las primeras medidas, el aprendizaje respecto de otros países, el apoyo al gobierno de todo el arco político, un basto despliegue de tests y rastreo y una buena comunicación. Esto sugiere el análisis de algunos ejemplos muy exitosos en distintos continentes, como Portugal y Nueva Zelanda.
¿Y por casa?.? Argentina tiene muy poca tradición de PBE. Salvo tímidamente en CABA, casi no existen instituciones científicas posicionadas permanentemente en los procesos formales de toma de decisión. Sin embargo, sus líderes, en varios niveles de gobierno, constituyeron rápidamente comités de expertos a quienes han dado cabida en dichos procesos de modo flexible. Los hallazgos científicos, por otro lado, fueron tomados como un insumo importante pero no monopolizaron el debate. En una reciente entrevista, el ministro de Salud, Ginés González García, fue contundente al decir que la información epidemiológica no era el único insumo determinante en sus decisiones. En el mismo sentido se expresó uno de los asesores más cercanos del presidente Alberto Fernández, aclarando que se limita “a aconsejar cómo hacer las cosas y no qué cosas hacer”. Igualmente, el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, insistió que para un cambio de fase no se tomarían decisiones automáticas en función de los datos, sino que se estudiaría una amplia gama de factores.
Todo ello nos lleva a pensar que un uso exitoso de la ciencia al servicio de la política no necesariamente se asienta en la existencia de despliegues sofisticados de producción de evidencia. Si éstos existen, sin duda generarán hallazgos valiosos. Pero en última instancia, son los gobiernos quienes deciden teniendo en cuenta, además, otra serie importante de elementos. Es, como insiste Lindblom [1], la política transcurriendo como siempre en contextos de poca información y mucha incertidumbre. Seguimos, por lo tanto, descubriendo que los humanos no sabemos todas las respuestas a nuestras preguntas más importantes.
[1] http://www.gestionypoliticapublica.cide. edu/?page_id=301
(*) Universidad Nacional Arturo Jauretche e Integrante de la Red de Politólogas - #NoSinMujeres
