por Gonzalo Condis (*)
¿Es posible que el Estado logre intervenir eficientemente en la sociedad a fin de promover un mejor vínculo? ¿O solo nos queda el garrote disciplinador para sancionar o reparar?
Sin dudas, en los últimos meses, en pleno proceso de expansión del virus Covid-19, lo que más acaparó la atención de la sociedad fueron las políticas sanitarias llevadas adelante por el Gobierno a fin de contener el contagio en todo el país.
Simultáneamente sucedieron graves hechos de racismo, xenofobia y violencia institucional en Estados Unidos y Europa que han tenido mucha repercusión. Algo similar ha ocurrido y ocurre en nuestro país en el contexto de aislamiento, pero que no ha contado con respuesta gubernamental.
El asesinato de George Floyd en Estados Unidos sensibilizó a gran parte del mundo: en las redes sociales se viralizó cómo la policía abusaba de su poder ignorando las palabras sollozantes de George (“no puedo respirar”), que se transformaron en antorchas de reclamo por una mayor igualdad social.
En Argentina, la detención, la desaparición forzada y el asesinato de Luis Espinoza por parte de la policía en Tucumán, el violento ataque a la familia QOM en Chaco o el estado policial implementado en las villas de Buenos Aires para controlar la salida de los ciudadanos durante el confinamiento también nos hace reflexionar sobre la relación entre Estado, pobreza y racismo.
El racismo es un concepto utilizado históricamente para justificar el impedimento al acceso a bienes u oportunidades basados en la suposición de que un grupo o individuo es superior a otros por determinaciones biologicistas o culturales generalmente de acuerdo al lugar de donde se es de origen o de determinadas situaciones sociales. Principalmente hacia poblaciones migrantes, en situación de pobreza, afrodescendientes, pueblos indígenas, entre otros.
Dentro de las denuncias radicas en el INADI desde 2014 a 2017 (se contabilizaron 9.266 casos), el 9% han sido por razones de nacionalidad/etnia, el 4% por aspecto físico, el 3% por violencia institucional, el 3% por situación socioeconómica, el 2% por pertenecer a un pueblo indígena y 1% por ser afrodescendiente. O sea que más del 20% de las denuncias tuvieron rasgos de prejuicios racistas.
¿Es posible que el Estado, las provincias y los municipios puedan incorporar una estrategia política que logre intervenir eficientemente en la sociedad a fin de promover un mejor vínculo? ¿O solo nos queda el garrote disciplinador para sancionar o reparar acciones discriminatorias?
Nos debemos un diseño de política pública integral en el área de racismo. No sirve un solo organismo que piense simplemente acciones de promoción aisladas, con propagandas que refuerzan estereotipos y que parecen ocuparse más de buscar culpables que de obtener cambios estructurales. Una herramienta a explorar es la elaboración de un Plan Nacional contra el Racismo como política pública estratégica que logre integrar a todos los niveles de gobierno, a los distintos organismos públicos, privados e internacionales y a los grupos representativos de poblaciones históricamente vulnerados que aporten sus recursos que, sin dudas, son imprescindibles.
¿Qué es un Plan Nacional? Es un diseño estratégico en el que se establecen los principios, objetivos y valores a implementar y que va a trascender cierto período de gobierno siendo un puente para sostener una política de Estado.
El primer paso es contar con un organismo como autoridad de aplicación que sea rector en el diseño general del diagnóstico inicial y que pueda llevar adelante el monitoreo necesario para gestionar esta política pública. El Estado cuenta con el INADI que lleva más de 25 años en la tarea siendo pionero en su temática en Latinoamérica.
Pero no alcanza solo con este organismo que cuenta con presupuesto, alcances y recursos escasos. Para cumplir los propósitos de un plan integral es necesario incrementar las capacidades estatales. Tener presencia en todas las provincias y en la Ciudad de Buenos Aires no es sencillo pero tampoco debe estar centralizado en la capital del país.
Durante el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, el INADI recibió 1.929 consultas para saber cómo proceder ante determinados actos discriminatorios. Más del 50% de las consultas fueron hechas desde el interior del país. Esto significa que el alcance de las respuestas debe ser de cooperación federal, en articulación con las gobernaciones y los municipios. En el diseño del Plan Nacional es importante entender que la implementación de las políticas tiene que ser compartida dentro de la órbita del Gobierno. Es decir, los responsables de llevar adelante el plan, tendrán que ser mandatarios de ministerios nacionales para disponer de recursos específicos que forman parte de las herramientas con las que cuentan en sus áreas de desempeño. Por ejemplo en el ámbito educativo se produjeron más del 22% de las denuncias por prejuicios racistas de 2014 a 2019.
En el ámbito laboral alcanzó el 7,6% por nacionalidad/etnia y en las instituciones públicas como los hospitales, tribunales y la policía fueron superiores al 20%.
Esta articulación es fundamental y potencia a toda acción que se programe. Es por eso que es necesario describir las políticas públicas que se va a llevar adelante, detallar y ajustar las metas propuestas y el producto final al que se apunta junto a los indicadores con los cuales se va a medir la eficacia y eficiencia de la acción. Esto permite el monitoreo permanente como así también una evaluación constante para rediseñar las acciones implementadas en el Plan Nacional, incrementar presupuesto o capital humano especializado.
Para enfrentar ciertas creencias sociales como la superioridad cultural o biológica que culmina en la negación de derechos es necesario desterrar competencias o mezquindades políticas. Debemos cooperar cada uno desde la diversidad de espacios, ideas y proyectos, porque el virus del racismo sigue muy vigente y también se cobra vidas.
(*) Politólogo (UBA) con posgrado en Derechos Humanos de la American University Washington College of Law (Washington D.C., EE.UU.)
