Hacia la superación del espíritu adolescente del control

Por Juan José Tufaro (*)

 

La reforma constitucional de 1994 y la posterior sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires consagran un sistema de control público.  A partir de fines de los ’90, al igual que a nivel nacional, comenzó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) la ingeniería de los organismos de control. Luego de 20 años, la Defensoría del Pueblo, el Ente Regulador, la Auditoría, la Sindicatura y la Procuración de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son instituciones que van en camino hacia su consolidación.

 

Desde entonces, nadie pone en tela de juicio –al menos en un plano retórico– la importancia de una cultura de control y de evaluación para mejorar la gestión pública y, por su intermedio, la calidad de vida de la gente. Sin embargo, no es menos cierto que pocos toman en serio a los organismos de control y, por su parte, la ciudadanía está lejos de conocer y comprender su funcionamiento. Pareciera que la transparencia es algo que se valora en campaña pero que, una vez terminada la misma, el control público pasa a un segundo plano. Los organismos de control aparecen en la órbita del debate público menos por mérito propio que por defectos de la gestión en la administración pública (léase Cromañón, Once, geriátricos).

 

Los organismos de control tienen un alto porcentaje de profesionales en sus plantas, un sistema de capacitación abierto a la ciudadanía y han aprobado una interesante cantidad de informes que identifican los puntos débiles de las instituciones públicas con una actitud colaborativa que pretende un mejoramiento cualitativo de la gestión pública. De a poco, se va abandonando la idea de que el control público está relacionado con el poder de policía y, al menos en la CABA, en la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA), la gran mayoría de informes son de gestión, van mucho más allá del control de cuentas y de legalidad, se refieren al cumplimiento de los objetivos de las áreas auditadas.

 

Es insoslayable que la cultura del control en la administración pública ha crecido en los últimos veinte años, pero todavía es notoriamente insuficiente. Abordar un análisis sobre la cultura del control en Argentina, tiene una indudable relación con la desaprensión hacia las normas y las evaluaciones. Controlar, al menos desde una perspectiva teórica, implica evaluar, tomar partido. La evaluación es una valoración. Y esa valoración, cuando es positiva, es el único motor que motiva y consolida un camino y, cuando es negativa, incorpora una perspectiva no tenida en cuenta que no hará otra cosa que enriquecer la experiencia laboral.

 

En este sentido, la cuestión no sólo depende de los todavía adolescentes organismos de control y mucho menos de sus trabajadores, es fundamental abandonar la idea de que “no necesitamos que nos evalúen”; idea que atraviesa todo el ámbito laboral y sobre todo a nivel público. Indudablemente la política partidaria debe dejar de inmiscuirse e intentar coptar las aéreas técnicas de los organismos de control, muchas políticas públicas hubieran quedado sin efecto con un mínimo examen de viabilidad; otras no repetirían los mismos errores si hubieran sido sometidas a evaluaciones posteriores. Evaluar es corregir el camino.

 

De todos modos, el trabajo de los organismos de control es central. Significa un gran avance que existan registros que den cuenta de las deficiencias en el ejercicio de la gestión pública y que además puedan recomendar medidas para su mejora. Falta otro gran paso: jerarquizar a los organismos de control para multiplicar y potenciar la cultura de la evaluación. Para esto se necesita de una fuerte voluntad política porque la cultura moldea y determina a la política, pero es únicamente desde la política que se impacta y transforma la cultura.

 

(*)  Secretario General Seccional Control Ciudad de Buenos Aires (APOC).

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